La secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, ha sometido a debate este viernes la propuesta de si la Universidad debe evolucionar de un sistema de becas hacia otro de préstamos. El tema me parece muy interesante y, por eso, vuelvo ahora en sus líneas esenciales a un artículo que publiqué en La Voz de Galicia hace casi un año, el 14 de julio de 2013.
Vaya por delante que, en todos los temas que afectan a las economías familiares, hay muchas dosis de explicable pasión y menos de la imprescindible razón. Más aún si, como sucede actualmente, venimos de una severa crisis económica que afecta de manera especial a las clases más desfavorecidas, que son lógicamente las que precisan de recursos para que sus miembros puedan cursar sus estudios.
Es sabido que la mayor parte de los costes de la enseñanza son sufragados por el Estado con los impuestos que pagamos todos. La financiación de la enseñanza se refiere a la parte que no cubren los presupuestos del Estado y las preguntas son ¿quién debe soportar y de qué modo estos costes de la educación no cubiertos por el Estado?
Aunque hay otros modelos, los que nos interesan son los tres siguientes. El primero es que sean las familias las que carguen directamente con esos costes suplementarios. El segundo es que sea el Estado quien sufrague también de esos costes mediante becas otorgadas a algunos estudiantes. El tercero y último es que el Estado ayude a financiar esas partidas, concediendo créditos a los estudiantes en condiciones muy beneficiosas con la obligación de éstos de devolver su importe una vez finalizados sus estudios, cuando tenga trabajo, y en un tiempo razonable.
En España, coexisten los dos primeros modelos. Así, hay familias que por su saneada situación económica deciden soportar el coste de la enseñanza bien íntegramente o bien tan solo en la parte que no cubre el Estado. En este caso, no se suscita cuestión alguna: la familia que paga elige libremente la educación que han de recibir sus miembros y las condiciones.
El Estado español prevé también –y éste es el segundo modelo- un fondo limitado de becas que hacen que la enseñanza llegue a ser prácticamente gratuita en su integridad. El problema que se plantea con las becas es que suponen una verdadera ayuda a fondo perdido y como desgraciadamente no hay fondos para todos hay que seleccionar a los beneficiarios. En tales circunstancias, parece sensato sostener que la concesión de la beca tiene que estar justificada, cosa que sucede cuando los estudiantes que las reciben acreditan un determinado nivel.
A diferencia de otros Estados miembros de la Unión Europea, España no recurre, en cambio, al préstamo como medio de ayuda a la financiación de la enseñanza. Habría que meditar -como propone la Secretaria de Estado- si conviene añadir al sistema de las becas el de la financiación con préstamos al que accedería cualquier estudiante sin ningún baremo mínimo de notas. Este último sistema supone para el Estado adelantar unos fondos que luego le serán devueltos por lo que nadie dejaría de estudiar por falta de recursos inmediatos. Además de ser el menos discriminatorio y de acostumbrar al estudiante a que no todo es gratuito, es un sistema que sería utilizado por los que piensen cumplir devolviendo en su día los préstamos.
De lo que antecede se desprende que estoy a favor no solo de que se someta a debate esta cuestión, sino, incluso, de que se ponga en práctica, pero no como sustitución de la becas, sino como sistema complementario. Lo que no me parece de recibo es rechazar tajantemente el debate como ha hecho la portavoz del sindicato de estudiantes que ha descalificado la propuesta de la Secretaria de Estado con el brillante y sesudo argumento de que Montserrat Gomendio plantea el debate porque es “multimillonaria”.
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