Durante la transición democrática prendió en el pueblo español la idea de iniciar una nueva etapa de convivencia pacífica cimentada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Por fortuna, hubo entonces entre nosotros grandes personalidades, como el Rey Juan Carlos y el recientemente fallecido Adolfo Suárez, que supieron encauzar y dirigir estos valores, logrando plasmarlos en la Constitución de 1978, bajo cuya vigencia hemos vivido el período más fructífero de nuestra reciente Historia.
A pesar del tiempo transcurrido, no es equivocado afirmar que siguen vigentes los ideales de aquella generación que hizo la transición democrática. Pero si esto es cierto, también lo es que entre los españoles de hoy hay muchos que no pudieron vivir aquellos tiempos porque nacieron durante la vigencia de nuestra Norma Fundamental. No debe extrañar que la gran mayoría de nosotros, unos por la inevitable erosión que produce el paso del tiempo en toda ilusión, y otros porque nunca han sentido la falta de libertad, asista atónita y acobardada a los reiterados ataques que una minúscula pero activa minoría viene lanzando desde hace poco tiempo contra los pilares en los que se asienta nuestra sistema constitucional. Ataques que, lejos de ser casuales o irreflexivos, responden a una estrategia de agitación perfectamente planificada, cuyo objetivos últimos son desestabilizar nuestra convivencia democrática y destruir la unidad de España.
Si se vuelve la vista atrás, se puede comprobar que en apenas 36 años hemos pasado de unos tiempos ilusionantes en los que se construyó un Estado social y democrático de Derecho, basado en la indisoluble unidad de la Nación española, pero reconociendo y garantizando el derecho a la autonomía de las distintas nacionalidades y regiones (arts 1 y 2 de la Constitución), a los desconcertantes tiempos actuales en los que las presiones incesantes de algunas autonomías intentan diluir esa indisoluble unidad de la Nación española proclamada como el valor fundamental de nuestra Constitución.
Todo parece indicar que, pasados esos 36 años, los nacionalistas excluyentes piensan que ya ha llegado la época de recoger la siembra que comenzaron a plantar, paulatina pero incesantemente, desde el inicio mismo de la transición democrática. Con una desvergonzada deslealtad constitucional, y ante la incomprensible pasividad de los demás gobernantes, tales nacionalistas usaron la libertad que les garantizaba la propia Constitución para ir adoctrinando a las nuevas generaciones en la idea de “pueblo sometido” que solo puede redimirse por medio de la secesión.
A las acometidas de los sediciosos se vienen uniendo, desde que la crisis está golpeando severamente a los más desfavorecidos, las acciones de grupúsculos antisistema que con sus actos vandálicos callejeros están poniendo en jaque a las fuerzas del orden y dejando al descubierto la dejación de autoridad del poder legítimamente constituido.
Parece que hemos entrado en un tiempo que es propicio para los sujetos que asumen fanáticamente la misión de agitar y destruir el edificio constitucional que con tanta generosidad y esfuerzo ha levantado el pueblo español. Si como escribió Stefan Zweig “para el portador de una idea, solo representa un peligro verdadero el hombre que se opone a él con un pensamiento diferente”, los que pertenecemos a la mayoría silenciosa deberíamos responder a las intimidaciones de los separatistas y de esos grupúsculos minoritarios oponiéndoles un pensamiento diferente: el pensamiento constitucional como única garantía de la convivencia democrática dentro de la ley como expresión de la voluntad popular.
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