Las leyes se suelen reformar para corregir alguna imperfección técnica que ha puesto de manifiesto su aplicación práctica o cuando se han quedado obsoletas. Se habla de leyes obsoletas cuando hay una inadecuación entre la realidad plasmada en las normas y la nueva realidad a la que tienen que ser aplicadas.
Tanto en un caso como en el otro, el remedio al que se recurre es proceder a su reforma, que suele proyectarse, al menos, en una doble dirección: se mejoran las normas mismas depurando sus defectos técnicos y, tras fijar con precisión la nueva realidad que va a ser regulada, se adaptan a ésta.
Nuestros políticos están hablando estos días de la reforma de la Constitución, y esta delicadísima tarea me suscita las dos siguientes interrogantes: ¿se ha vuelto obsoleta nuestra Carta Magna?; si llegamos a la conclusión de que hay que reformarla, ¿para quién? O dicho más claramente ¿en beneficio de qué interés?
Aunque no soy un experto en la cuestión, creo que no me equivoco al afirmar que nuestro actual sistema constitucional se asienta en los siguientes principios, que vienen apuntados en su Preámbulo, y que resumo muy sintéticamente por la propia índole de esta reflexión.
España es una Nación constituida en una Estado social y democrático de Derecho, que trata de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. Es un Estado de Derecho que se basa en el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Tiene como forma política la Monarquía Parlamentaria. Protege a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones, reconociendo y garantizando el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Y promueve el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.
No tengo ninguna duda de que la Constitución es perfectible desde el punto de vista técnico. Pero no es de esta reforma de la que se habla, sino de adaptar sus normas a una nueva realidad social y política. Pues bien, me gustaría que la clase política que propugna la reforma de la Constitución declarase públicamente cuál o cuáles de estos pilares de nuestro sistema constitucional se han vuelto obsoletos y por qué. Más claramente: qué realidad española actual ha devenido tan diferente que cae fuera de la recogida en esos principios constitucionales.
Todo parece indicar que el problema de la supuesta obsolescencia de nuestra Norma Fundamental es que hay una Comunidad Autónoma, Cataluña, que considera insuficiente el nivel de autogobierno que le proporciona la estructura territorial y competencial de la figura “Comunidad Autónoma”. Si este es el problema ¿se puede sostener que solo por ello ha quedado obsoleta la Constitución? ¿Tiene sentido que España reforme su constitución solamente para darle a esa Comunidad Autónoma el nivel de autogobierno que dice necesitar, obligando a las demás a abandonar una estructura territorial que hoy les parece suficiente? Y si así se hiciera ¿le bastaría a Cataluña una reforma constitucional en ese sentido para permanecer en España de manera permanente junto con el resto de las que hoy son Comunidades Autónomas y que se convertirían en Estados Federados? Respóndanse ustedes mismos, queridos lectores.
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