Perdonad mi estupor. Leo en ABC que Podemos, Ciudadanos y la antigua Convergència se niegan a que sus tesoreros respondan en el Congreso, porqué dicen que su testimonio «tiene poco que aportar». ¿Perdón? ¿Qué tiene poco que explicar la persona que controla las finanzas y las entrega al Tribunal de Cuentas? ¿Se olvidan que llevan años exigiendo la comparecencia del tesorero más conocido del Partido Popular por si a la vez tira de la manta? ¿O acaso no quieren que tiren de la suya?
Para el PP es pan de cada día. El caso de su Caja B sigue sin fecha de juicio, y ahora la Fiscalía quiere reabrirlo para investigar la existencia de una trama del 3% con grandes empresas constructoras. Lo que plantea ciertas dudas. ¿Por qué quiere ahora Anticorrupción interrogar a Don Vito, cuando la fiscal Concepción Sabadell lo tuvo a su merced durante 3 días en el banquillo de Gürtel? Si ha sido tan exhaustiva preguntado a Ricardo Galeote por viajes en AVE de Málaga a Madrid, ¿por qué no insistió en saber quién gestionaba los supuestos amaños en los distintos ministerios?
De forma incrédula me vienen más preguntas. ¿Por qué no accedió el Ministerio Público a que declaren los responsables de las empresas citadas por Correa –OHL, ACS, Dragados–? ¿Acaso Alfonso García Pozuelo de Constructora Hispánica, el único empresario sentado en el banquillo, no había pactado con la Fiscalía y hubiera podido reconocer comisiones por adjudicaciones públicas detalladas? Si Sabadell aseguró el primer día del Juicio, que continúa por lo menos hasta el 20 de noviembre, que existe una «abrumadora prueba», ¿por qué parece que se le escapó vivo el principal acusado a quién le piden 125 años de cárcel?
No sé que responderá el juez José de la Mata, pero en un auto de Pablo Ruz de finales de junio de 2015, reconocía que «no resulta posible establecer la vinculación entre los investigados ingresos por donaciones y la adjudicación de contratos públicos a los presuntos donantes». Uno de esos donantes era García Pozuelo y, ¡casualidad!, un mes antes se convertía en el primer arrepentido de Gürtel. Con esa premisa, ¿por qué va a cantar en un caso que está desimputado lo que no le preguntó la fiscal ante el Tribunal gürteliano?
Viendo cómo es la realidad que se quiere evitar con la subcomisión sobre financiación de partidos, no sólo deberían de estar todos los tesoreros y el Tribunal de Cuentas presente, sino verdaderos especialistas en la materia. Incluso el PP ha llegado a la conclusión pragmática, en un tema en el que está tan cuestionado, que son los tesoreros quiénes conocen los fallos del modelo y cómo mejorarlos.
Por ello, les recomiendo que vayan al «Diario de sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión no permanente sobre la financiación de los partidos políticos» del 19 de diciembre de 1994. Allí encontrarán algunas propuestas realizadas por el extesorero de Alianza Popular, Angel Sanchís: «Las donaciones deberían ser desgravables, como si se diese dinero a alguna fundación. La Ley no establece ninguna penalidad. Uno la incumple, ¿y qué? Aquí parece que vayamos a ir todos a galeras y no pasa nada… Suprimiría las donaciones empresariales, que las aportaciones sean personales y tengan un límite anual. Y, ¿por qué van a ser anónimas? Que sean públicas, que lo pueda saber quien quiera. Hay que hacerlas transparentes y así evitar que pueda haber algún tipo de cohecho». Toda una declaración de principios.
No perdamos esta oportunidad de exigir transparencia, rechazando tomar medidas concretas. O aquí, como nos olemos, en todos los partidos se cuecen habas, y no queremos afrontar verdaderamente el problema de raíz.
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