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La ley del referendo y su convocatoria se firmarán la primera semana de septiembre

Salvador Sostres el

La primera semana de septiembre marcará el inicio real de la intentona secesionista del presidente Puigdemont, Esquerra y la CUP.

El PDECat continúa enredado en sus contradicciones y peleas. La última, menos publicada pero no por ello menos real, ha sido la enésima pugna entre Puigdemont y el partido. El presidente quiso cesar a Meritxell Borràs por su cobarde actuación el concurso de las urnas -forzando que quedara desierto para que Fiscalía le retirara la querella- pero no ha podido porque el padre de la consejera, Jacint Borrás, uno de los fundadores de Convergència, es el administrador que ha quedado para “cerrar” el histórico partido y el dinero del grupo parlamentario en el todavía llega a través de CDC. Cuando Marta Pascal necesita dinero tiene que llamar a papá Borràs para que le haga la correspondiente transferencia. El PDECat es a Convergència lo que Batasuna fue a Herri Batasuna en 2001: un partido continuidad, según sentencia del juez Garzón. Pascal fue la penúltima portavoz de CDC y Mas fue el último presidente de Convergencia y hoy los dos lideran igualmente el PDECat. Por lo tanto, saber dónde está y dónde estará este partido es un misterio, incluso dónde estará físicamente, porque si hace un año el partido refundado se mudó con sus nuevas siglas a su nueva sede de la calle Provenza, ayer decidieron ponerla a la venta para pagar las deudas.

Todo lo contrario de Puigdemont, que en cristalina coherencia con lo que ha pensado y defendido toda su vida, firmará la primera semana de septiembre la ley que amparará el referendo: y con sólo uno o dos días de diferencia firmará también su convocatoria para que no lleguen a tiempo los recursos e impugnaciones y pueda argumentar que el referendo se convocó bajo una ley en vigor. En cambio, la tan comentada ley de transitoriedad jurídica, que iba a significar “de facto” la ruptura con España, sólo se aprobará tras el referendo si finalmente se celebra y gana o si alguien se atreve a proclamar unilateralmente la independencia.

De todos modos, con la aprobación de la ley del referendo -y convocándolo- Puigdemont, Esquerra y la CUP esperan excitar la Diada y que el empuje les lleve hasta el primero de octubre con las masas enardecidas y dispuestas a cualquier acto de resistencia, principalmente callejera, que es la gran arma con la que cuentan para imponerse. El éxito de todo lo que han preparado y esperan conseguir lo fían a una masiva y constante ocupación de las calles que colapse Barcelona y a las empresas extranjeras que operan en ella, de modo que la comunidad internacional no tenga más remedio que forzar al Gobierno a negociar.

Y aunque saben que tienen pocas posibilidades, están dispuestos a explorarlas. Primero confían en que la votación llegue a producirse y aseguran que de un modo o otro tendrán las urnas preparadas y que el Estado se arriesga a perder la batalla propagandística si pone a la policía -la que sea- a retirarlas. También albergan la esperanza de que los unionistas vayan a votar por miedo a que la participación alcance los mínimos homologables y el “sí” arrase sin que ellos hayan hecho nada. El independentismo necesita celebrar y ganar su referendo pero también un millón de votos negativos para legitimar el resultado.

Pero lo más extravagante es el tipo de reconocimiento internacional que esperan: dicen tener asegurado el apoyo de los “países bolivarianos” -conseguido por la CUP y su magnífica relación con la Venezuela de Nicolás Maduro- así como el de algún pequeño Estado de la Unión Europea, probablemente Eslovenia, a los que eventualmente podría unirse Rusia por el interés de Putin en desestabilizar a la UE. Los independentistas creen que con todo ello, y con la financiación para un año que dicen tener cerrada con “inversores públicos y privados”, podrán esperar que la independencia de Cataluña se consolide y normalice a la espera de reconocimientos más significativos.

Sobre cómo pueden afectar sus divisiones y cuitas internas al éxito del proceso en su tramo final, recuerdan que cualquier revolución ha sufrido guerras intestinas antes, durante y después de producirse.

Lo que más temen los dirigentes independentistas es que el Estado presione uno a uno a los directores de los colegios públicos bajo la amenaza de despojarles de su trabajo y de su condición de funcionarios si el 1 de octubre su centro se convierte en oficina electoral. Como alternativa han pensado en habilitar hospitales y centros de atención primaria para que igualmente la votación se lleve a cabo en un espacio público.

Todo es frágil, remoto y extraño pero de momento, y sin todavía conocerse la respuesta del Gobierno, Puigdemont, Esquerra y la CUP dicen estar determinados a llevar hasta las últimas consecuencias su pretensión de separarse de España.

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