El presidente Rajoy ha sido obligado a acudir personalmente a declarar por el caso Gürtel.
Con carácter general se admite la declaración por videoconferencia de los testigos que lo hayan pedido, si no se declara expresamente como imprescindible su presencia física.
Artur Mas declaró por videocoferencia por el caso del cerco al Parlament. Marta Sánchez, Alberto Contador, Íñigo Errejón, Carolina Bescansa, el exjefe de la Casa Real, Alberto Aza, Miguel Arias Cañete o Jesús Posada son algunas de las personas y personalidades que también recurrieron a la videoconferencia para solventar sus diferentes compromisos judiciales.
En el caso Matsa se autorizó al entonces Vicepresidente Tercero Manuel Chaves a declarar como testigo por escrito.
Y lo peor es que también le permitieron la videoconferencia a un acusado de las herrikotabernas.
Pero la justicia justiciera, como la cocina de caza, tiene estas cosas: antes, hay que disparar. Y como sin el presidente no habría cacería, y la Justicia no interesa cuando se trata de linchar al PP, le obligan a ir porque es él.
Que en nombre del Partido Popular se hayan cometido delitos y hasta errores no lo discute nadie. Ni tampoco que cualquiera de estas faltas tenga que ser depurada.
Pero el paseíllo que un determinado sector de jueces y fiscales le están haciendo al partido del Gobierno y a su presidente es también una forma de corrupción y un atentado contra el Estado de Derecho.
Usar la Justicia para perseguir a tus adversarios es chavismo y en el odio a Rajoy resuena el tam-tam tribal de los que por atizar a la derecha van de puros y de independientes y no son más que una banda de salvajes con el machete entre los dientes.
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