El veto a exportar bombas a Arabia Saudí: aún “en estudio”

Una delegación del astillero Navantia se encuentra esta semana en Arabia Saudí con el objetivo de ultimar los detalles del contrato de las cinco corbetas para la Marina de este país. Algunos miembros del programa partieron este pasado domingo hacia la ciudad de Yeda, esperándose su regreso el jueves. «Este viaje es absolutamente rutinario y estaba previsto de antemano», quisieron subrayar a ABC fuentes oficiales del astillero estatal.

Pero como es obvio, las noticias de una posible cancelación de otro contrato de exportación de 400 bombas guiadas con láser a Arabia Saudí «puede influir» en el contrato final de las corbetas, tal y como informa otra fuente industrial conocedora del acuerdo. El Gobierno teme que esas bombas puedan usarse en la guerra de Yemen.

Asimismo, la fuente manifiesta que la semana pasada se vivió como «un shock» la posibilidad de que el Gobierno saudí cancelara como represalia el contrato de las corbetas, valorado en 1.800 millones de euros, la mayor exportación de la industria de defensa en la historia española. «Ahora podría haber una merma del pedido, eso es lo que hay que evitar una vez encauzada la situación», subraya.

En el sector de la industria de defensa se teme que este asunto tenga también consecuencias en el futuro para otros contratos en el exterior sean de construcción naval o de exportación de munición, granadas y bombas por las empresas españolas que se dedican a ello con la pertinente autorización de la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMDDU).

Hay que recalcar que las 400 bombas guiadas que España iba a exportar (GBU-24 Paveway II) fueron compradas por el Ejército del Aire a EE.UU. Por tanto, no fueron fabricadas en España. «Ahora están almacenadas en la Base Área de Zaragoza y corresponden a un pedido del anterior gobierno. Fueron declaradas como excedentes», informan una fuente no oficial militar.

El contrato para exportarlas a Arabia Saudí se inició en 2015, con Pedro Morenés como ministro. La actual ministra paralizó la venta cuando los saudíes, con el pago de 9,2 millones ya efectuado, iba a recogerlas en julio de los contenedores donde están guardadas. El dinero se devolvió.

Para rebajar la tensión diplomática entre España y Arabia Saudí, el Gobierno «mantuvo abiertos todos los canales» con la Embajada saudí en Madrid, tal y como reconocen fuentes diplomáticas a ABC.

Con este escenario, la ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró ayer en la Comisión de Defensa del Senado que el contrato de exportación de las 400 bombas de guiado láser por 9,2 millones está aún «en estudio» y quiso desvincularlo de la construcción de las cinco corbetas.

«Este Gobierno no va a dejar en la estacada a ningún empleo que haya en Navantia o en otro sitio», dijo Robles quien tiró de jurisprudencia contractual: «Este Gobierno no tiene ninguna constancia, mas allá de alguna maledicencia, de que ningún contrato que se vaya a hacer en Navantia de San Fernando vaya vinculado a ningún otro contrato firmado con Arabia Saudí».

Además, la ministra Robles acusó de «irresponsables» a aquellos «que introducen miedo en el cuerpo a los trabajadores de Navantia sobre que sus puestos de trabajo corren peligro». También se mostró convencida de que un país «serio» como Arabia Saudí no vincula el contrato de 400 bombas de precisión con el de cinco corbetas para los astilleros españoles.

La realidad es que una semana después de que se filtrara a la Cadena Ser la cancelación del contrato de exportación de las 400 bombas guiadas, el Gobierno sigue aún sin una estrategia definida sobre qué hacer con las exportaciones de armas a Arabia Saudí, país que compró armamento a España por valor de 932 millones de euros entre 2015 y 2017.

Por ello, cuatro ONGs lanzaron ayer una carta abierta al Gobierno de Pedro Sánchez para que suspenda la venta de armas a Arabia Saudí. Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón mostraron «su preocupación ante las noticias de que el Gobierno podría replantearse algunas medidas por el posible impacto que podría tener sobre el contrato firmado en julio de este año entre Navantia y Arabia Saudí para la construcción de cinco corbetas».

Las cuatro ONGs defienden que España cumpla con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 53/2007 sobre el comercio de armas y el Tratado sobre Comercio de Armas ratificado por España en 2014, que prohíbe la exportación de armas «cuando pueden utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad o ataques contra bienes o personas civiles».

Además, las ONGs subrayan que «Navantia no ha presentado ante la JIMDDU una solicitud de autorización de la licencia individual de exportación», algo que se realizaría una vez se vaya a entregar la primera de las cinco corbetas.

La construcción de las cinco corbetas suponen 6.000 empleos directos e indirectos en los astilleros de la provincia de Cádiz durante los próximos cinco años.

El programa tiene previsto iniciarse a finales de 2018 y el último buque debería entregarse en el 2022. Además, Navantia sería responsable del apoyo al ciclo de vida durante cinco años, desde la entrega del primer buque, con opción a otros cinco años adicionales, según consta en el contrato rubricado el pasado mes de julio entre Navantia y el consorcio gubernamental «Saudí Arabia Military Industries». Además la Armada Española es responsable de la formación de las dotaciones saudíes destinadas en un futuro en esas corbetas.