En su comparecencia ante la prensa, Eduardo Pujol, portavoz de JpC, calificó la decisión del Gobierno de España de recurrir ante el Tribunal Constitucional la propuesta de candidato a Presidente de Cataluña, realizada por Roger Torrent, en la persona del prófugo Puigdemont como “un golpe de Estado”. En efecto, el portavoz Pujol acusó al Ejecutivo de Mariano Rajoy de no aceptar los resultados de las elecciones autonómicas del 21-D, añadiendo: «El Gobierno español se ha atrevido a quitarse la máscara: no respeta el resultado del 21-D. Estamos ante un nuevo despropósito democrático y de cobardía. Es un golpe de Estado. El Gobierno español quiere secuestrar la voluntad del pueblo de Cataluña».
Muchas veces, y esta es una de ellas, es muy difícil mejorar el silencio. Porque tiene su gracia que el representante de un partido político, que se ampara en la Constitución para constituirse al amparo del artículo 6 CE, que concurre a unas elecciones al parlamento de un ente territorial, Cataluña, de los previstos en el Título VIII de la CE, que recibe sus ingresos, sin hacer asco alguno, de la Hacienda Pública Española, según resulta del Título VII de la CE, considere que es un “golpe de Estado” que el Gobierno de la Nación recurra, al amparo del artículo 161.2 de la CE, la resolución de un órgano de la Comunidad Autónoma, como es el Parlament, consistente en proponer a un prófugo de la justicia como presidente de Cataluña.
Los sediciosos han venido siendo tan consentidos por los partidos mayoritarios de ámbito nacional –me refiero al PSOE y al PP- que si se les intenta aplicar la ley se creen legitimados para calificar como golpe de Estado el hecho de impedirle que se sigan burlando de la Constitución y la leyes.
¿Hay alguna razón, como no sea un extraordinario ejercicio de paciencia, para que los demás tengamos que aguantar una y otra vez sus planteamientos ilusorios y sus quejas de políticos mimados y consentidos? ¿Cómo es posible que un ciudadano en pleno uso de sus facultades mentales no sienta vergüenza al decir que el hecho de que el Gobierno de la Nación recurra al TC en aplicación escrupulosa del artículo 161. 1 de la Constitución supone «un golpe de Estado y no respetar el resultado del 21 D»? ¿No supone un acto de monumental desvergüenza que alguien que representa a un partido político que ha atentado contra la integridad territorial de España hable de golpe de Estado por el hecho de que el Gobierno de España recurra ante el TC el nombramiento como presidente de Cataluña de un golpista prófugo de la justicia? Finalmente, ¿Puede alguien con un mínimo de conocimientos jurídicos sostener que la decisión del Gobierno de España supone un «fraude de ley» de carácter dictatorial porque «coacciona» al presidente del Parlament para que tome una decisión «contraria a la voluntad del pueblo de Cataluña»? ¿Dónde estudió matemáticas el tal Pujol para decir que 948.233 votantes, que representan el 21, 66 % de la totalidad de los que acudieron a las urnas son el pueblo de Cataluña?
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