Hoy se ha conocido la noticia de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al Juez Pedraz que se cite a declarar como imputado al concejal de Podemos, Guillermo Zapata, porque el contenido de sus famosos “tuits” (ampliamente comentados) es objetivamente humillante y vejatorio, en particular, para Irene Villa y, en general, para las victimas del terrorismo. Esta actuación judicial es consecuencia de una querella criminal presentada por la Asociación Dignidad y Justicia.
La noticia pone en relación a tres grandes protagonistas de la vida política de los últimos tiempos: los políticos, los tribunales y ciertas Asociaciones.
En efecto, habrá quien piense que deberían ser los propios partidos políticos los que deberían denunciar actuaciones como la del concejal de Podemos. Sin embargo, actuar de este modo desembocaría en una excesiva “judicialización” de la política. Lo cual supondría desplazar la actividad política de su ámbito genuino, el Parlamento y los demás órganos institucionales colectivos, para situarla en un medio, el de los tribunales, que es propio de otro poder del Estado, el Judicial, cuya intervención en cuestiones penales responde al principio de intervención mínima.
Pero ¿supone lo que antecede que deberían quedar impunes y sin ninguna respuesta judicial conductas como las de Guillermo Zapata? La respuesta es negativa. Además de la posible actuación del Ministerio Fiscal, cuya función esencial es la promoción de la acción de la justicia en defensa de la legalidad, hay otras dos vías para poner en marcha el procedimiento penal.
La primera consistente en que los propios vejados por los “tuits”, como en este caso, por ejemplo, Irene Villa o los familiares de la niñas de Alcàsser, sean quienes se encarguen de exigir la satisfacción de sus derechos. Pero los particulares en muy raras ocasiones acuden a los tribunales en defensa de sus derechos. No solo por el temor a posibles represalias por parte de los políticos implicados, sino también por las incomodidades que conlleva toda actuación ante la administración de justicia.
Pero tal vez la más efectiva es otra y reside –y así ha sucedido en este caso- en las Asociaciones que tienen como objeto social la defensa de sus asociados. A ellas les debemos, de un lado, que muchos asuntos lleguen a tener la sanción penal que realmente merecen. Y, de otro, que la “judicialización” de la política sea ajena a los políticos, cuya actividad debe desarrollarse en el ámbito que le es propio que no es, por supuesto, el mundo de los tribunales.
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