En la sesión de control al Gobierno del miércoles pasado, Pablo Casado acusó a Pedro Sánchez de ser –y cito textualmente- “partícipe y responsable del golpe de Estado que se está perpetrando en España”. Esta imputación de Pablo Casado, si bien fue favorablemente acogida por sus compañeros de partido, no tuvo la misma valoración en la prensa. Por ejemplo, el brillante columnista de La Voz de Galicia Roberto Blanco Valdés la calificó de “falsedad” y de gran torpeza.
Siento una gran admiración por el profesor Blanco Valdés cuyas opiniones suelo compartir enteramente. Pero en este caso creo que, si nos atenemos al sentido exacto y no exagerado de las palabras pronunciadas por Casado, y tenemos en cuenta alguno de los últimos hechos del Gobierno relacionados con los golpistas catalanes, la opinión de Casado ni es una falsedad ni tampoco una torpeza.
Ser partícipe es “tener parte en algo” y ser “responsable” es estar obligado a responder de algo. Pues bien, la realidad pasada y la que se va conociendo acreditan que Pedro Sánchez asumió en la moción de censura unos compromisos con los independentistas catalanes para conseguir su voto que prologan los efectos del golpe de Estado que dieron durante los meses de septiembre y octubre del pasado año.
Sin ánimo de ser exhaustivo, se pueden mencionar la retirada de ciertos recursos pendientes ante el Tribunal Constitucional que suponían una invasión de la Generalidad en las competencias del Estado. Lo cual implicó una extensión, probablemente inconstitucional (se hubiera sabido si lo era o no de haberse mantenido los recursos), de la autonomía catalana y, en consecuencia, una nueva brecha en el camino hacia la independencia. En la misma línea, cabe incluir el acercamiento de los presos golpistas a las cárceles catalanas, gracias a lo cual, entre otras cosas, hemos asistido al bochornoso espectáculo de la entrevista entre Pablo Iglesias y Junqueras.
Y finalmente hay que mencionar –lo cual merece una consideración a parte por lo que significa de vulneración de los principios democráticos- la presión política que está ejerciendo el Gobierno ante el Poder Judicial para conseguir que se elimine el delito de rebelión entre las imputaciones criminales a los golpistas. Empezó con la cantinela la vicepresidente Carmen Calvo, y se han ido sumando voces que no dudan en recurrir cínicamente a unas palabras del ex ministro Trillo, obviando, por ejemplo, la propia opinión declarada meses atrás (así lo hiso el propio Sánchez) en el sentido de que era “clarísimo un delito de rebelión”.
Teniendo en cuenta lo que antecede tengo para mí que no es una falsedad que, de algún modo, Pedro Sánchez participa en los efectos perdurables del golpe de Estado y que, en su condición de presidente del Gobierno de la Nación, es responsable, no ya por no oponerse, sino por mirar para otra parte mientras se ataca la unidad de España.
Y lo mismo cabe decir de la torpeza. Al denunciar esa “chalanera” actuación del Presidente del Gobierno que vende lo que haga falta para seguir en la Moncloa, Pablo Casado, como jefe de la oposición, no hace más que cumplir con su deber y denunciar la actitud “bordeadoramente” inconstitucional,nada más y nada menos, que del presidente del Gobierno.
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