Como todos ustedes saben, la reciente sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel que condenó al PP al pago de 245.492,8 € como partícipe a título lucrativo ha abierto la caja de las ambiciones partidistas. Lo malo es que la satisfacción de todas ellas pasa por “echar” primero a Mariano Rajoy de la presidencia del Gobierno de España. Para lo cual se ha empezado a calentar a fuego muy intenso el ambiente político poniendo un cristal de aumento sobre la verdad judicial –todavía provisional- que asume la sentencia.
Y así, con maliciosa exageración se desliza la falsedad de que el PP ha sido condenado penalmente por corrupción. No es verdad: aunque la condena a pagar la indicada cifra figura en una sentencia penal, no lo es por apreciar la existencia de responsabilidad criminal, sino simplemente civil. Dicho más claramente, la mayoría del Tribunal –uno de sus tres miembros está en desacuerdo- obliga al PP a abonar la reseñada cantidad porque entiende que el partido se ahorró gastos electorales por ese importe.
Y a ésta interesada inexactitud se añade la de que el Tribunal tampoco creyó la versión de Rajoy en su declaración electoral. Es obvio que la sentencia no dice que Mariano Rajoy mintió. De haber llegado a esta conclusión, el tribunal tendría que haber abierto una causa penal contra el Presidente del Gobierno acusándolo de falso testimonio en juicio penal, lo que conllevaría, según el artículo 458 del Código Penal, una pena de prisión de 1 a 3 años y una multa de 6 a 12 meses. Lo que seguramente quiso decir el Tribunal es que la declaración testifical de Rajoy no tuvo la fuerza probatoria suficiente a la vista de las demás pruebas para acreditar que el PP no conocía las actividades delictivas de los condenados.
Pero a estas alturas de la contienda política poco importa la precisión, el rigor o la verdad. Interesa, por el contrario, el rebumbio, el ruido ensordecedor del escándalo, agrandado mediáticamente para por en la picota al presidente del Gobierno, aunque ello pueda dañar los intereses generales por pérdida de la imprescindible estabilidad que se acababa de obtener tras la aprobación de los Presupuesto Generales. Aquí lo que interesa es aparentar que estamos en una situación políticamente insostenible para que cada partido, menos el que está en el Gobierno, pueda sacar su propia tajada. Veamos.
El PSOE ha seguido sin rechistar la senda marcada por su Secretario General para ver si esta vez, por fin, llega a la Moncloa mediante la aritmética parlamentaria de una moción de censura. De ser así, se aseguraría personalmente no volver jamás al paro, ya que pasaría a ser miembro permanente del Consejo de Estado, con la percepción de la correspondiente nómina de por vida.
Unidos Podemos, además de persistir en su conocida táctica política del “cuanto peor mejor”, apaga con el ruido de la moción los incómodos ecos de que su pareja de líderes pasaran a ser miembros de lo que ellos llamaban despectivamente la “casta”. A lo que cabría añadir que para esta formación política es bueno todo aquello que desgaste al partido que hasta ahora constituye el único dique infranqueable para sus propósitos disolventes de nuestro Estado de Bienestar.
Y, finalmente, Ciudadanos ve más cercana que nunca su legítima aspiración de obtener unos brillantes resultados electorales que le permitan gobernar, aunque sea en coalición.
Todo parece indicar que el resultado de la moción de censura constructiva que está actualmente planteada va a depender del voto de algunos partidos nacionalistas. Pero como a los concernidos no les va mal actualmente, tengo para mí que no va a prosperar la moción de censura.
Llegados a este punto, la cuestión que se plantea es si es conveniente una nueva moción de censura con el objetivo de convocar elecciones anticipadas. Es verdad, como dice Ciudadanos, que, al haber retirado este partido su apoyo al Gobierno, apenas podrán aprobarse leyes, con lo cual habría una especie de paralización de facto de las Cámaras Legislativas.
Pero si lo que se acaba de decir es cierto, también lo es, de una parte, que una nueva moción de censura haría que persistiera la indeseable inestabilidad; y, de otras, que todavía no han llegado a su fin los episodios de corrupción política que están instruyéndose o juzgándose en los tribunales. Y ello debería hacer meditar a los “impacientes” si no sería quizás mejor que la legislatura llegue a su fin para poner punto final al saqueo del erario público que han perpetrado algunos políticos de todo el arco parlamentario. Entre elecciones anticipadas con corrupción por juzgar y elecciones al concluir la legislatura con casi toda la corrupción política depurada, prefiero estas últimas.
Otros temas