Estamos asistiendo a las primeras intervenciones en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados sobre la financiación del Partido Popular. Y lo que empieza a verse confirma las sospechas sobre su inutilidad teniendo en cuenta el fin para el que se constituyó. Y es que más que tratar de obtener resultados como consecuencia de investigar el modo en que se financió el PP, la indicada comisión parlamentaria tienen por objeto confirmar a toda costa los prejuicios, sean ciertos o no, que ya tiene formados la oposición sobre dicho asunto.
De lo que se trata es, en definitiva, de que la ciudadanía oiga más las preguntas a los sucesivos comparecientes que las respuestas evasivas que sin duda darán. Porque, como ya han señalado los distintos comentaristas políticos, el fin último de la citada Comisión Parlamentaria es desgastar al gobierno.
Toda esta representación teatral en el escenario del Parlamento está dentro de los cauces normales de la lucha política. Las Comisiones de Investigación son instrumentos legítimos que, aunque en raras ocasiones consiguen el fin para el que son creadas, responden a las pautas admisibles de la contienda política.
Por eso, aunque puedan parecer completamente inútiles e incluso con finalidades torcidas, a la habilidad de los que supuestamente “investigan” algo que no es el verdadero objeto de lo que les interesa, debe responder el investigado, en este caso el PP, con todas las armas a su alcance para reconducir el tema a sus verdaderos cauces, denunciando –como están haciendo- que ya tiene pre-redactadas las conclusiones antes de comenzar las sesiones. La Comisión de Investigación es una actuación propia de la oposición, aunque si no responde a sus verdaderos fines no sea exactamente una “noble y leal” oposición.
Cuestión distinta es –y esto no me cansaré de denunciarlo- exagerar interesada y falazmente la extensión de la corrupción hasta conseguir que el votante del PP se avergüence de su partido y cambie su voto. Esto no es juego limpio, ni reúne los requisitos exigibles a toda lucha política. Porque en la política, al contrario de lo que podría parecer, no vale todo, hay límites que no se pueden traspasar. Y no solo el de el fraude electoral –que ciertamente es el más grave- sino el abuso de la lucha política leal a través de una falaz exageración de la corrupción, que fue más del pasado que del presente, y que fue más puntual que generalizada.
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