No es dudoso que la sociedad del bienestar de la que disfrutamos los ciudadanos de algunos países privilegiados exige unos enormes recursos destinados al gasto público. Y aunque cabe recurrir a la financiación y el Estado tiene sus propios beneficios, la partida destinada al Estado del Bienestar se nutre en su mayor parte de los impuestos que pagamos los ciudadanos. Habrá quien piense –y seguramente no serán pocos- que el Estado aun debería hacerse cargo gratuitamente de nuevos servicios públicos, así como reducir a cero lo que se paga por algunos de ellos.
Y es que es mucho más fácil hacerse una idea de la asistencia que nos debe prestar el Estado que enterarse del enorme importe de lo que nos cuesta. No es sólo que sea más fácil, es que nos interesa más el repertorio de los derechos que el monto total de lo cuestan.
Tal vez por eso, cuando aumenta el gasto público y, en consecuencia, se necesitan nuevas partidos económicas para sufragarlo, en lo primero que se piensa es en aumentar los ingresos exigiendo mayores impuestos a la ciudadanía. Tal ocurrencia se fundamenta, al menos en parte, en la lógica de la siguiente ecuación “si necesito más dinero tengo que recaudar más”.
Aunque pudiera parecer lo contrario, cabe también la posibilidad de recaudar más bajando la carga impositiva. Esta a primera vista sorprendente medida se basa en que al rebajar los impuestos directos (sobre todo el IRPF) el correlativo incremento del dinero en manos de los particulares produce un aumento del consumo, siendo entonces el crecimiento de los impuestos indirectos que gravan el consumo el que produce una mayor recaudación.
En España hay ejemplos de estas dos políticas impositivas. Así, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Baleares se está volviendo a hablar de la creación de un nuevo impuesto al turismo, el cual, además de poner en peligro incremento del número de visitantes, no es seguro que redunde en beneficio del sector balear. Ejemplo de la segunda vía política es la reciente rebaja del IRPF que ha acordado el Gobierno de España, el cual espera que la menor carga impositiva por vía directa se traduzca en un aumento del gasto privado con el consiguiente incremento de la recaudación.
Lo que es poco frecuente es que nuestros políticos piensen que se pueden sufragar los servicios públicos sin tener que tocar los impuestos, como sucedería, por ejemplo, si se rebajara el ya disparado y elefantiásico gasto público. Y que conste que no digo que rebajar el gasto público implique necesariamente reducir el salario de los servidores del Estado, sino algo en apariencia más fácil: eliminar los gastos públicos innecesarios, suprimiendo los muchos organismos que tenemos duplicados o que son totalmente ineficaces. Y es que bien miradas las cosas una buena administración no consiste simplemente en recaudar más (sea subiendo o bajando los impuestos) para poder gastar más, sino en gastar menos para necesitar menos recaudación.
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