Les confieso que cuando el tema que requiere mi comentario en este mi blog se refiere a Cataluña me asaltan las dudas sobre si debo tratarlo o no, porque tengo la sensación de que ustedes, queridos lectores, ya están hasta el gorro de esta temática. Pero cuando veo que los independentistas y sus confluencias insisten en una nueva mentira me siento obligado a salir al paso aun a riesgo de aburrirlos. Este es el caso con la reiterada afirmación de que Puigdemont es el presidente legítimo de Cataluña,
Fue el propio Puigdemont, que ha devenido un político a la fuga, quien declaró el 31 de octubre, en Bruselas, que se considera “presidente legítimo de Cataluña”. Y en la misma dirección el pleno del Ayuntamiento de Barcelona, presidido por Ada Colau, reconoció en sesión plenaria, el jueves 2 de noviembre, al Govern y al Parlament surgidos de las urnas del 27 de septiembre de 2015 como los “únicos legítimos” de Cataluña.
Los que defienden esta postura entienden que “el legítimo Gobierno de Cataluña” es el surgido de las urnas el 27 de septiembre de 2015, y que ostentan tal legitimidad hasta que haya nuevas elecciones, a pesar de que aquél haya sido cesado por el Gobierno de la Nación.
Tal afirmación, además de ser rotundamente falsa como se verá seguidamente, ofrece la posibilidad de poner al descubierto cómo el independentismo y sus adláteres fabrican sus propias mentiras.
Por “legítimo” se entiende, según el Diccionario de la RAE, “conforme a las leyes”. Por eso, es cierto que, como en las elecciones del 27 de septiembre de 2015 se respetaron la Constitución y las Leyes, especialmente el Estatut, el Parlament que surgió de las urnas representaba legítimamente al pueblo catalán y, por la misma, razón Puigdemont, nombrado en sustitución de Artur Mas, se convirtió en presidente legítimo de Cataluña.
Lo que no es admisible, sin embargo, es que se invoque una ley en lo que beneficia y que esa misma ley se desconozca en lo que perjudica. Cataluña es una de las diecisiete Comunidades Autónomas en las que está organizado territorialmente el Estado social y democrático de Derecho instaurado por la Constitución. Así lo reconoce, por lo demás, el propio artículo 1 del vigente Estatuto de Cataluña: “Cataluña, como nacionalidad, ejerce su autogobierno constituida en Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica”.
Pues bien, si la Comunidad Autónoma de Cataluña ejerce su autogobierno de acuerdo con la Constitución, el “president del govern” es un cargo constitucional, cuya legitimidad proviene de nuestra Norma Fundamental. Por eso, si bien es cierto que la legitimidad de origen del president surge de las elecciones autonómicas, también lo es que puede desaparecer en las hipótesis que establezca la Constitución, una de las cuales es el cesado derivado de la aplicación de su artículo 155, es decir, nombramiento y cese han sido escrupulosamente constitucionales. Por lo tanto, Puigdemont, si bien fue president legitimo en virtud de las elecciones autonómicas, ha dejado de serlo tras ser cesado por aplicación de la propia Constitución.
En virtud de lo razonado, la declaración de Puigdemont, reiterada por Ada Colau y el Ayuntamiento de Barcelona, además de faltar a la verdad, es un brindis al sol; esto es, declaraciones que se hacen para obtener el beneficio del voto de una parte del electorado sabiendo que lo dicho no es cierto y que no tiene ninguna consecuencia.
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