Tengo en muy alta estima la función de los jueces, porque, al tener que decidir sobre la libertad y el patrimonio de las personas, deben ser ciudadanos no solo con una esmerada preparación técnica, sino también con una visión muy equilibrada, y sin prejuicios, de la realidad política, social y económica.
La ciudadanía no suele conocer a la gran mayoría de los jueces, los cuales ejercen su profesión, esforzada, calladamente y casi siempre con escasez de medios. Pero no todos son así. Hay unos pocos que buscan notoriedad, valiéndose de la gran repercusión mediática de algunos de los asuntos que llevan, vía a través de la cual acaban dando el salto a la política.
Pues bien, la gran mayoría de estos jueces-políticos (mal llamados jueces estrella ya que suelen acabar siendo más bien jueces estrellados) dejan mucho que desear en sus actuaciones como políticos, sobre todo porque mantienen posturas sobre cuestiones jurídicas que serían impensables si siguieran actuando como jueces. Lo cual invita a que nos preguntemos si cuando eran jueces ya pensaban lo que luego son capaces de defender desde que entran en política. Para que se me entienda voy a referirme a las postura que mantuvieron ante la secesión de Cataluña cuatro ex jueces que entraron en política.
El primero es el ex juez Santiago Vidal que fue inhabilitado por sentencia firme del Tribunal Supremo por participar siendo juez en la elaboración nada más y nada menos que de la Constitución de Cataluña. Es difícil concebir mayor deslealtad y traición en alguien que llegó a jurar o prometer defender la Constitución y las leyes.
El segundo es el ex juez Baltasar Garzón, cuyo afán de notoriedad es tan grande que no desaprovechó la ocasión para poner en duda la aplicación del 155 diciendo que “debería llenarse de contenido antes de ser aplicado”. ¿Qué habría hecho él si siendo juez o presidente del Gobierno se enfrentara a la sedición de los independentistas? ¿Habría esperado a llenar al 155 de contenido?
El tercero es Luis Villares, ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que es el líder de En Marea en el Parlamento de Galicia, el cual afirmó que “es un error gravísimo aplicar el 155”. ¿Leyó siempre así todos los preceptos que tuvo que aplicar cuando era juez? ¿Permitiría él cuando era juez que un abogado argumentase que era un error aplicar un precepto en vigor si se daban los presupuestos de aplicación?
La cuarta y última es Margarita Robles, la cual, siendo magistrada del Tribunal Supremo, desde que se ha convertido en portavoz del PSOE no tuvo reparo en seguir la estrategia de este partido y afirmar cuando convenía, concretamente el 7 de julio de este año, que la aplicación del 155 “Nunca sería una solución procedente y nunca la apoyaríamos”.
Nunca sabremos si cuando estos cuatro políticos eran jueces pensaban así, pero asusta pensar que puede haber personas que hayan actuado como jueces decidiendo sobre la libertad y el patrimonio de las personas mostrando tan poco respeto por las normas en vigor.
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