Estamos a punto de asistir a los Congresos de los 4 principales partidos políticos de ámbito nacional. Tres de ellos serán durante el presente mes de febrero y el cuarto en el mes de mayo. Y creo que se puede vaticinar sin riesgo alguno que vamos a oír hablar con frecuencia durante esos días de perla de la corona de nuestra realidad: el Estado del Bienestar.
Todos los partidos coincidirán –y parece lógico- en que hay que hacer todo lo posible por mantenerlo. En lo que diferirán es, con seguridad, en el modo de lograrlo.
Habrá quienes, a tal efecto, propugnen reformas estructurales en nuestra economía, una política ajustada de impuestos, medidas de aseguramiento de las pensiones, pero sobre todo hacer más flexible el mercado de trabajo, en el doble aspecto de la duración de los contratos laborales y del abaratamiento del despido. Frente a esta posición, habrá otros que defiende una salida más social de la crisis, en el sentido de aumentar el déficit público para mantener las políticas sociales y tratar de que la crisis no sea soportada por los más desfavorecidos, que son los desempleados.
Hay, sin embargo, un ingrediente que hasta ahora apenas se ha puesto en práctica, pero que parece un presupuesto imprescindible en una política racional de mejora de nuestra situación económica.
Me refiero, como algunos ya habrán adivinado, a la austeridad en el gasto público. Y es que si se administra con rigor y se suprimen gastos, no ya los dispendiosos y los totalmente innecesarios –que los hay y son muchos y cuantiosos-, sino incluso aquellos de los que se puede prescindir sin que se afecte sensiblemente el funcionamiento de la administración pública, se logra un ahorro de fondos públicos que sea cual fuere su destino reducirán nuestro preocupante déficit público.
En el largo trayecto que va desde la recaudación pública hasta el gasto final en las políticas sociales, hay un escalón intermedio, los fondos que consume la propia administración, en el que puede se pueden recortar gatos en la medida que se considere oportuna. Pero bien entendido que cuanto mayor sea el grado de austeridad, más cuantiosos serán los fondos públicos liberados, que si son destinados a políticas sociales reducen en esa misma medida el déficit público del Estado. Por poner el socorrido ejemplo de la familia: si los ingresos de una familia no son suficientes para cubrir todas sus necesidades, cuanto más gastos prescindibles se supriman, menor será la necesidad de acudir al crédito ajeno.
Pero la austeridad pública tiene un efecto ulterior: lo que supone de ejemplo para los ciudadanos. En tiempos de escasez económica, no es que sea inadmisible una actitud de ostentación y despilfarro, es que llega a ser incluso inaceptable una política que no se base en la austeridad. Y en todo caso: en lugar de pensar en cómo recaudar más de los exangües ciudadanos, ¿por qué no se afanan seriamente en recortar los gastos innecesarios de la distintas y despilfarradoras administraciones públicas?
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