La Constitución de 1978 estableció un Parlamente bicameral, así que las Cortes Generales están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado, y ambas Cámaras representan al pueblo español. Estas Cortes tienen como funciones principales la potestad legislativa del Estado, controlan al Gobierno y aprueban sus presupuestos.
El Congreso de los Diputados es la Cámara Baja y se rige por lo dispuesto en la Constitución y su Reglamento. El Congreso autoriza la formación del Gobierno (hecho que estamos viviendo esta semana), puede provocar su cese, confirma o rechaza las enmiendas que puede aprobar el Senado sobre los textos legislativos y es la primera Cámara que tramita los proyectos de ley y de presupuestos.
Para sus sesiones, se reúne en el Palacio de las Cortes, ubicado en la plaza de las Cortes de Madrid.
Función de control del Congreso de los Diputados
En el sistema parlamentario español, el Gobierno está sometido al control de las Cortes Generales. La intervención del Congreso es decisiva para su formación y puede también provocar su cese a través de diversos medios. El Gobierno responde de su gestión política ante el Congreso de los Diputados, responsabilidad que tiene carácter solidario y, en consecuencia, se extiende al conjunto de sus miembros. El control parlamentario no sólo se efectúa al comienzo y al término de la vida de los Gobiernos, sino que se mantiene durante toda su ejecutoria.
Investidura del Gobierno
Tras cada renovación electoral del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos de cese del Gobierno (pérdida de la confianza parlamentaria, dimisión o fallecimiento de su Presidente) se hace preciso constituir un nuevo Gobierno. A tal efecto el Rey, tras oír a los representantes de las distintas fuerzas parlamentarias, propone al Congreso un candidato a la Presidencia del Gobierno, a través del Presidente de la Cámara. El candidato así propuesto debe exponer su programa político, abriéndose a continuación un debate con participación de los representantes de los Grupos Parlamentarios. Para ser investido con la confianza parlamentaria y poder ser nombrado Presidente, el candidato necesita obtener el voto favorable de la mayoría absoluta de los Diputados. Si no la obtiene, se procede a una segunda votación, en la que sólo se requiere la mayoría simple. Si tampoco así se logra la confianza, deben tramitarse propuestas de nuevos candidatos, siguiendo el mismo procedimiento. En el caso de transcurrir dos meses sin que el Congreso haya elegido Presidente del Gobierno, el Rey debe disolver las Cámaras y convocar nuevas elecciones. La elección de los Ministros y demás miembros del Gobierno no corresponde a la Cámara, sino al propio Presidente del Gobierno, quien propone libremente al Rey su nombramiento y cese.
Composición y elección del Congreso de los Diputados
La Constitución establece que el Congreso contará con un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados. Según la Ley Orgánica del régimen Electoral General de 19 de junio de 1985, el número actual de Diputados es de 350.
Todos los Diputados son elegidos por sufragio universal, libre, directo y secreto. La ley electoral asigna dos escaños por cada provincia española, y distribuye los demás en proporción a la población respectiva. Ceuta y Melilla tienen un representante cada una.
Además, cada lista obtiene un número de escaños proporcional a los votos que han recibido. Con ello, hay un rango desde 2 Diputados (Soria) hasta 36 (Madrid).
El Congreso es elegido por cuatro años. Así que, tras elecciones o disolución de la Cámara, la renovación afecta a todos y cada uno de sus miembros.
LOS DIPUTADOS
Representan a su circunscripción electoral y al conjunto del pueblo español, cumpliendo así su voluntad.
La Constitución establece que los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. Los parlamentarios pueden voluntariamente incluirse en un Grupo Parlamentario y someterse a su disciplina interna.
Los Diputados y los Senadores disponen de dos importantes prerrogativas : inviolabilidad e inmunidad. Estas garantías institucionales están recogidas por la Constitución, no con carácter de privilegio personal sino para proteger el ejercicio de sus funciones.
La inviolabilidad afecta a las opiniones manifestadas y a los votos emitidos durante el ejercicio que representan.
En el ámbito interno, el Diputado está sujeto a las normas de disciplina parlamentaria que, de acuerdo con el Reglamento, aplican el Presidente y la Mesa de la Cámara.
La inmunidad cubre los actos realizados por el Diputado durante el período de su mandato y supone la prohibición de ser inculpado o procesado sin la previa autorización del Congreso, y que su detención será posible solo en caso de flagrante delito.
Remuneración económica
Los Diputados perciben una asignación económica con cargo al presupuesto de la Cámara. Tienen derecho también a otras ayudas, franquicias e indemnizaciones por gastos indispensables para el cumplimiento de su función.
No es obligatoria la transparencia de su nómina. En 2011, su sueldo base era de 43.771 euros brutos al año, que son los que tienen que declarar a Hacienda, mientras que el resto de sus retribuciones, más de la mitad, no tributa.
Los Diputados, por ejemplo, tienen derecho a un plus para afrontar los gastos de alojamiento y manutención (más de 24.650 euros para cada uno de los 315 Diputados que vienen de fuera de Madrid).
Tienen derecho también a una Tarjeta Taxi de 3000 euros al año y la posibilidad de viajar gratuitamente de forma ilimitada en primera clase en cualquier medio de transporte sin tener que explicar el motivo o el importe del desplazamiento.
Adicionalmente, perciben retribuciones complementarias por el desempeño de cargos en comisiones parlamentarias, lo que ofrece una cantidad media de 15.984 euros netos al año de media por cada uno de los Diputados.
Para concluir con sus derechos, los Diputados pueden optar a la pensión de jubilación habiendo servido durante siete años en el Parlamento. Se retiran con la pensión máxima si han cotizado durante doce años (el resto de los españoles necesitan entre 15 y 35 años). Estas medidas fueron aprobadas para que los parlamentarios exiliados durante el franquismo optaran a una pensión pública al regresar a España.
Datos extraídos (entre otras fuentes) de la web del Congreso
Protocolo oficial
