"Estoy de acuerdo con ustedes en que, efectivamente, debemos mejorar la transmisión de esta información". Quién así se pronunciaba ayer en la Comisión de Cooperación Internacional del Congreso de los Diputados era la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, que compareció para explicar la información desvelada por ABC sobre la concesión, supuestamente irregular, de una subvención de 30 millones de euros a la ONG Solidaridad Internacional (SI), que presidió Leire Pajín. Supuestamente irregular porque el límite legal para las ayudas en la modalidad de convenios para la cooperación al desarrollo es de 20 millones para la convocatoria 2010-2013.
Mucho decir que todo es legal, pero no fue capaz de demostrar por qué en el Boletín Oficial del Estado no se especifica que, de esos 30 millones, hay que restar 5 millones de un convenio de ayuda humanitaria y otros 6 millones que ejecutarán otras dos ONGs en agrupación con Solidaridad Internacional.Todo ello para intentar rebajar a 20 el dinero recibido y justificar que no se ha cometido ninguna ilegalidad. Hay que hacer un acto de fe que es así o creerse los documentos que esgrimió la secretaria de Estado. Pero el BOE es la única de verdad y allí no estaban publicados los datos que ahora se dicen.
Ahora se puede decir que quizás la información no es lo transparente que debería de ser, que quizás se ha "generado confusión". Se podrá decir todo lo que se quiera, pero al PP no le ha convencido y ha decidido recurrir al Tribunal de Cuentas y a la Intervención General del Estado para que fiscalice las subvenciones concedidas a Solidaridad Internacional, hasta 70 millones entre 2004 y 2013. Un "pasteleo" que, como dijo el diputado popular, Gonzalo Robles, hace mucho daño a las ONGs.
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