Nunca unas declaraciones de un presidente de Gobierno, en este caso Pedro Sánchez, fueron tan inquietantes para comprobar como es posible que un dirigente político irresponsable llegue a jactarse de controlar el poder judicial y hacer saltar por los aires la separación de poderes.

Se la arrancó el periodista Íñigo Alfonso en una entrevista en RNE: “¿La Fiscalía de quién depende, del Gobierno? Pues ya está”.

Estaba cantado que esta afirmación, que más parece de un dictador bolivariano que de un político democrático, más pronto que tarde se haría realidad. Primero fue con la manifestación del 8M y la posibilidad de que su convocatoria hubiera contribuido a expandir el Coviv-19, la Fiscalía pidió el archivo de la causa, Y ahora actúa de la misma manera con las querellas que se han presentado contra el Gobierno por la gestión de una pandemia que ha provocado más de 50.000 muertos.

El objetivo es blindar al Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para que no tenga que dar cuenta ante la justicia de una gestión absolutamente negligente.

Con esta maniobra de la fiscal general del Estado, la exministra de Justicia Dolores Delgado, España hace el ridículo en Europa, ya que otros países se han puesto manos a la obra para investigar esta tragedia, creando incluso comisiones de expertos.

Aquí, se van de rositas, después de ser el país que peor la ha gestionado, con el mayor número de sanitarios contagiados, de personas fallecidas por cien mil habitantes, y que peor está saliendo de la crisis, con más paro y más caída de la riqueza.

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