El fraude electoral empuja a Perú hacia el abismo

Las elecciones presidenciales de 2021 en Perú fueron, muy probablemente, fraudulentas, tanto en su primera vuelta, celebrada el 11 de abril, como en la segunda, llevada a cabo el 6 de junio.

De hecho, el retraso en la proclamación de los resultados oficiales hasta el 20 de julio, es decir, casi seis semanas después de la segunda vuelta, siembra una de las innumerables dudas, sombras e irregularidades de aquellas elecciones.

Durante esas seis semanas, la candidata Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, rival del candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, hoy investido presidente de Perú, presentó ante las autoridades electorales acusaciones, objeciones e impugnaciones por fraude electoral.

Las características del modelo de dicho fraude se manifestaron en dos ámbitos distintos.

En primer lugar, al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú -máxima autoridad responsable de garantizar la celebración de elecciones libres y justas- se le acusó de haber actuado en connivencia y de manera cómplice con aquellos que interfirieron en la limpieza del proceso.

La connivencia, por un lado, de una autoridad electoral con aquellos que quieran usurpar el derecho a un sufragio libre y justo o su intervención perniciosa en dicho proceso suelen ser manifestaciones de los fraudes organizados habitualmente desde el Estado.

La complicidad, por otro lado, de la autoridad electoral existe cuando ésta se niega a comprobar los votos y los listados de votantes utilizados en las mesas electorales que se suponen falsos o cuando rechaza realizar auditorías forenses para reconciliar, si hubiera sido pertinente, los resultados declarados oficiales con la realidad.

Todo lo anterior sucedió en Perú, tanto en la primera como en la segunda vuelta.

El JNE impidió, también, de forma sesgada y, posiblemente, ilegal, la participación en las elecciones, por diversas razones, de un número de partidos de la derecha liberal peruana como el APRI, originalmente, de izquierdas, Perú Nación o el Partido Popular Cristiano.

Asimismo, el JNE supervisó todo el proceso de forma incompleta y claudicante.

El JNE actuó de forma incompleta al dimitir de su responsabilidad uno de sus cinco miembros porque este no quería ser parte de las decisiones de un órgano, cuya fiabilidad cuestionó en su carta de dimisión.

En consecuencia, esa dimisión de un órgano compuesto, originalmente, por cinco miembros, le otorgó a su presidente el voto de calidad, es decir, en caso de empate, de doble voto o del voto dirimente.

En relación con lo anterior, no es poco relevante recordar que el presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, actuó, en el pasado, como letrado de militantes terroristas y fue miembro del Partido Comunista del Perú-Patria Roja.

Además, el comportamiento del JNE fue claudicante porque permitió, por acción o por omisión, todo tipo de irregularidades, entre ellas, la de dar por buenos, sin más, todos los votos que habían sido recurridos por partidos y por interventores -por ejemplo, Fujimori impugnó 802 actas electorales, por un total de 200.000 votos-, a la espera de que se pronuncie la Justicia, dentro de dos o tres años.

La JNE, de forma adicional, no fue neutral ya que permitió el que la lista de Castillo estuviera incompleta y llevara una candidata, que no podía presentarse a las elecciones.

Debe recordarse que, con ese número de actas electorales que impugnó el partido de Fujimori, se podría haber girado el resultado electoral oficial final, dado que el margen de diferencia entre los dos candidatos, en la segunda vuelta, fue muy estrecho: de hecho, solo superó ligeramente los 44.000 votos.

En segundo lugar, el fraude y las irregularidades se produjeron, también, en las mesas electorales, en una suerte de sucesión y de repetición de innumerables y de pequeñas, y no tan pequeñas, trampas.

Según los partidos contendientes, con la excepción de Perú Libre, agentes y operadores, que actuaban en representación de la candidatura de Perú Libre, preparados e instruidos previamente, actuaron para permitir todo tipo de irregularidades en aquellos lugares más remotos del país.

En esas zonas, las mesas electorales no contaban con interventores electorales de otros partidos, lo que facilitó que se certificaran las actas electorales con firmas que estaban falsificadas o que repetían las mismas grafías en mesas electorales distintas.

En muchas mesas, se ha denunciado por los partidos, ahora, de la oposición, que los votos de la candidata Keiko Fujimori hayan sido, inexplicablemente, cero en la segunda vuelta, después de haber obtenido ella, y los partidos que agruparon su voto, por razones prácticas, en torno a ella, en esa segunda vuelta, varios centenares en la primera vuelta.

En definitiva, de acuerdo con los representantes de los partidos rivales de Perú Libre, el cómputo electoral estuvo viciado en las dos vueltas haciendo, así, buena la frase, atribuida a Josef Vissarionovic Stalin -quien gobernó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), desde 1924 hasta su muerte en 1953, como secretario general del Partido Comunista y presidente del consejo de ministros de la Unión Soviética- de que “no importa cómo se vota, ni quién vota, ni dónde, ni a quién; lo importante es quién cuenta los votos”.

Una vez conocido un resultado tan igualado y un número de impugnaciones tan significativo, como el que había presentado la candidata Fujimori, Pedro Castillo, desde el mismo 7 de junio, forzó la aceptación de su supuesta victoria electoral y, para ello, se autoproclamó vencedor de los comicios, sin esperar a la proclamación oficial.

En ese plan de imposición de su victoria, por la vía de los hechos consumados, Castillo contó con el apoyo y con la complicidad de sus socios regionales del socialismo del siglo XXI, es decir, del castro chavismo, del narco comunismo, en definitiva, del comunismo en el siglo XXI.

Así, el llamado Foro de São Paolo o, en sus nuevas reencarnación y denominación, el Grupo de Puebla, la plataforma política que empuja los objetivos de ese comunismo en el siglo XXI en América, hizo, nada más finalizar la segunda vuelta de las elecciones, un llamamiento público y a través de las redes sociales de apoyo a la victoria del “compañero” Pedro Castillo y de movilización en la región para avanzar en el autodenominado, de forma eufemística y taimada, como socialismo del siglo XXI.

Inmediatamente después de dicho pronunciamiento, los integrantes del Grupo de Puebla se apresuraron a proclamar o a reconocer a Castillo como presidente electo.

Alberto Fernández, presidente de Argentina, o Luis Arce Catacora, presidente de Bolivia, realizaron declaraciones en ese sentido, que, en el caso de las de Fernández, provocaron la protesta de la Cancillería peruana.

Dilma Rousseff, Leonel Fernández, Fernando Lugo o Manuel Zelaya, ex presidentes de Brasil, de la República Dominicana, de Paraguay y de Honduras, respectivamente, mantuvieron encuentros digitales con Castillo para mostrarle su respaldo.

Por último, Pedro Castillo recibió el apoyo expreso de Lula da Silva, de Evo Morales, de Rafael Correa y de Nicolás Maduro, ex presidentes de Brasil, de Bolivia y de Ecuador y presidente de Venezuela, respectivamente.

El deseo de incorporar a Perú al esquema del castro chavismo trazado por el Grupo de Puebla quedó bien patente y público.

Evo Morales lo manifestó sin ambages: “perdimos en Ecuador, pero ganamos en Perú”.

En ese clima de confrontación y de polarización, la petición de Fujimori para que la Organización de Estados Americanos (OEA) abandonara su papel de observador del proceso y liderara la realización de una auditoría de las elecciones, para devolverles la transparencia y la credibilidad perdidas en este proceso electoral y con estos resultados, no fue apoyada por Castillo y no tuvo recorrido dentro de la propia OEA.

La realidad es que, por el momento, la OEA no ha mostrado interés en involucrarse en la situación creada en Perú después de las elecciones presidenciales.

La delegación de observadores de la OEA, que fue enviada a Perú para la primera vuelta, presentó un llamado Informe Preliminar, en el que se afirmaba no haber encontrado irregularidades en el proceso.

Posteriormente, solo un día después de la segunda vuelta, el 7 de junio, la OEA emitió un comunicado de prensa felicitando al pueblo y a las autoridades electorales peruanas por un proceso electoral “democrático y pacífico”.

Por su parte, la Unión Europea (UE) reaccionó con lentitud, definió las elecciones como “justas” y se reservó hacer más pronunciamientos hasta que no conociera la opinión de las autoridades peruanas correspondientes.

Por concluir con algunos de los principales actores internacionales, cabe señalar que, el 22 de junio, el Departamento de Estado de Estados Unidos (EE. UU.) también emitió un comunicado de prensa felicitando, como la OEA, al pueblo y a las autoridades peruanas por haberse dado unas “elección(es) libre(s), accesible(s) y pacífica(s)”.

Al parecer, en realidad, el tono moderado y equidistante de la nota de EE. UU. tiene más que ver con el miedo provocado en el Departamento de Estado por el peligro de que el resultado de las elecciones quiebre la democracia en Perú y que pueda provocar, finalmente, el estallido de una guerra civil.

Las elecciones presidenciales de abril y de junio de 2021 han abierto en Perú una crisis política de consecuencias desconocidas.

Para empezar, los dos candidatos que accedieron a la disputa de la segunda vuelta solo habían obtenido un 18,9%, Castillo, y un 13,4%, Fujimori, en la primera vuelta.

En definitiva, Castillo y Fujimori eran dos candidatos poco representativos y con una base política reducida.

Lo que sí se conocen son las razones del estallido de esta crisis política, que fueron, de forma combinada, la ausencia, completa o parcialmente, de los pilares esenciales sobre los que debe conducirse un proceso electoral, es decir, elecciones libres, justas y limpias, existencia y funcionamiento de un Estado de Derecho, independencia y separación de los poderes públicos y, por último, un régimen de libertad plena.

Ninguna de estas condiciones se ha dado en su plenitud antes, durante o después de las elecciones presidenciales de Perú en 2021.

Estas elecciones, que tanta desconfianza han generado, al ser un proceso tan poco transparente, dejan a Perú ante un futuro incierto y vulnerable.

La prueba de ello es que las expectativas sobre la situación de Perú, ante los ojos de los inversores internacionales, por el impacto de la llegada de Castillo a la presidencia del país y el gobierno nombrado por este, ha obtenido, inmediatamente, la calificación de “perspectivas negativas a futuro”, que le ha sido otorgada por agencias calificadoras de riesgos como Fitch o Moody’s.

Hasta ahora, Perú había conseguido contener el avance del bolivarianismo en la región, a pesar de que, desde hace tiempo, era una pieza prioritaria para cobrar por el socialismo del siglo XXI.

Perú afronta, a partir de ahora, peligros inquietantes como el resurgir de los remanentes de Sendero Luminoso, el grupo terrorista más cruel de la historia del guerrillerismo en América Latina y de fanática y sectaria obediencia marxista-leninista-maoísta, la expansión de la complicidad del Estado con el narcotráfico, en el segundo país productor de coca del mundo, o la cooperación futura con el narco terrorismo o con el terrorismo islamista de grupos como Hezbollah, bien instalado en Venezuela.

El resultado de las elecciones presidenciales en Perú no solo se ha convertido en un reto de seguridad nacional para el propio Perú, sino que, además, es una seria amenaza para toda América.

Perú se encuentra, lamentablemente, al borde de despeñarse por el precipicio del socialismo del siglo XXI, es decir, del castro chavismo, del narco comunismo, en definitiva, del comunismo en el siglo XXI.