No estamos acostumbrados a llamar “cascos azules” a los arqueólogos, pero la Unesco ha actuado en otras ocasiones enviando especialistas para impedir que restos importantes del patrimonio subacuático fueran expoliados. La foto que publicamos sobre estas líneas recoge uno de los más recientes episodios. En ella vemos a la arqueóloga Tatiana Villegas en aguas de Haití, comprobando en una misión de la Unesco -en la que estuvo acompañada por Xavier Nieto- la falsedad de las afirmaciones de Barry Clifford, que decía haber hallado la nao Santa María, la nave de Colón en el norte de la isla. Como en aquella ocasión, los tratos de Panama con la compañía IMDI, con la que se ha relacionado a conocidos cazatesoros, con el fin de excavar y expoliar el galeón San José, ha hecho saltar todas las alarmas en el organismo internacional que vela por la Cultura y la Educación.
Por ello, los países firmantes de la Convención 2001 para la protección del patrimonio subacuático, un total de 51 Estados en este momento, van a celebrar una reunión en París dentro de unos días. Será el 28 y 29 de abril. En dicha reunión serán informados de la petición por parte de INAC, la autoridad cultural panameña (el país centroamericano es firmante de la Convención), para que el organismo internacional envíe una misión oficial de expertos que pueda valorar la situación creada por el contrato del anterior Gobierno de Panamá con la citada empresa, firmado en 2003 y gracias al cual han sido extraídos numerosos objetos del yacimiento. Los 51 Estados que dan legitimidad global a la Convención como referente internacional para la preservación de los restos sumergidos en los mares de todo el mundo deberán decidir si esa misión es enviada y los términos del acuerdo. Fuentes jurídicas a ambos lados del Atlántico han subrayado la ilegalidad cometida por el Gobierno de Martinelli al reactivar el contrato firmado con IMDI y permitirles la excavación de objetos “comerciales” en el yacimiento del San José y el reparto con el Estado a razón de 65% para la compañía y 35% para Panamá.
Con independencia de que los objetos de un yacimiento del siglo XVII no pueden ser considerados comerciales sin violentar la ley (la Constitución panameña prohíbe al igual que la Convención 2001 comerciar con objetos patrimoniales) lo cierto es que hasta marzo de 2014 ya se habían extraído, según los informes de la propia empresa IMDI, 5.ooo monedas recuperadas, más una docena aproximadamente de piezas de oro. No es seguro que desde hace un año no hayan extraído más objetos puesto que Panamá ha fracasado a la hora de inspeccionar las actividades de IMDI bajo el agua. Además, la colaboración estatal ha sido palpable hasta ahora con una empresa que anuncia la venta online de los objetos rescatados en una web con el logotipo gubernamental y que además se dispone a exponerlos con la colaboración del Estado del Canal, que paradójicamente es firmante de la Convención 2001, como ya hemos comentado.
Las huellas dejadas por el pequeño bote pequeño de IMDI en la zona próxima a la Isla Contadora son visibles en Google Earth, como ya hemos publicado. Además, según informes procedentes de Panamá, ha llegado a las costas atlánticas del país un barco cazatesoros muchísimo más grande (20 metros) dotado con potentes turbinas detectoras. El Sea Reaper lll, que se encontraba amarrado en Colón, en la costa atlántica panameña, ha apagado desde el pasado día 10 de abril su transpondedor GPS, por lo que es imposible saber su actual ubicación, si está trabajando en el mar o sigue en puerto.
Unesco está ultimando en estos días la preparación de la misión para informar a Panamá y someterá al criterio de los Estados miembros el alcance de la misma. Su objetivo es claro: salvar el San José de un expolio comercial injustificable y reconducir una situación que podría convertir en papel mojado la legitimidad internacional acordada por tantos Estados y que inspira las actuaciones de muchos otros, puesto que el Anexo de la Convención 2001 se ha convertido en el estándar arqueológico internacional. Los científicos y expertos que enviará, si se aprueba, al país centroamericano, saldrán del Scientific and Technical Advisory Body, el mismo cuerpo que integró la misión enviada a Haiti. Podemos irnos acostumbrando a considerarlos como los “cascos azules” del patrimonio, o de la arqueología subacuática. En caso de aprobarse, la misión será enviada de manera urgente, de modo que se piensa que la misión estaría realizada antes de acabar el mes de julio próximo. Ese mes concluía también el plazo dado a IMDI para trabajar según el la polémica resolución emitida por la anterior Directora Nacional de Patrimonio Histórico (resolución N°136-13 de 2013).
Pero después de toda la polémica internacional suscitada por el caso, las malas prácticas que el Gobierno Martinelli han empañado la determinación de Panamá para cumplir sus compromisos internacionales (la Convención 2001 está vigente en el país desde enero de 2009). El caso “San José/IMDI” también ha tenido un alto coste en imagen para un país que defiende otros proyectos de defensa del patrimonio bastante ambiciosos, como la rehabilitación del Casco Antiguo de Panamá, un proyecto en el que se ha volcado la sociedad civil, la misma que ahora se siente alarmada por la situación creada con IMDI.
Seguiremos informando.
Otros temas
