PrólogoAyer tuve un encuentro casual con la ministra de Cultura de Colombia, Mariana Garcés. Ocurrió en LIBER, la feria del sector editorial que se ha celebrado en Madrid. Después de ser presentados, no pude por menos que aprovechar la ocasión de hablar siquiera unos pocos minutos con la ministra del tema que tanto nos preocupa -y al que tanta atención hemos dedicado en este blog- como es el destino del Patrimonio Cultural Subacuático colombiano (PCS) tras la aprobación de la polémica nueva Ley de Patrimonio. Recordemos que esta ley permite contratar a empresas cazatesoros para extraer la carga de pecios en aguas de Colombia y que se les pagaría hasta con el 50% de lo rescatado, por el procedimiento de considerar que los bienes repetidos (monedas, lingotes, no maderas, piedras de lastre ni clavos oxidados) pierden su valor cultural por el hecho de aparecer en gran número, y entonces no están protegidos como patrimonio y pueden ser vendidos.
Como periodista, después de haber hablado tanto con detractores y defensores del proyecto -y también haber debatido con algunos-, me parecía muy valiosa la oportunidad de entablar una breve interlocución directa con quien inspira y defiende la ley que va a abrir a los cazatesoros los mares de Colombia para rescatar -y vender- los pecios de nuestra historia común. Y, como digo, mirarle a los ojos mientras argumentaba, tratando de comprender, de interpretar, el ánimo que mueve a este Gobierno para poner en marcha una decisión tan singular -Colombia es el único país que adopta esta medida con rango legal- como poco consensuada.
FLASHBACK: Un cazatesoros comparece en la Corte Constitucional de Colombia, año 2003
B. El señor Robert Marx interviene en el proceso pues considera que está debidamente calificado para pronunciarse sobre el tema en discusión, ya que se ha desempeñado como arqueólogo marino por más de 50 años y ha escrito más de 50 libros y más de 800 artículos sobre arqueología marina e historia náutica. El interviniente explica que los restos arqueológicos submarinos se ven amenazados por el dragado de playas, y bahías, los rellenos de tierra, los barcos pesqueros y los buzos. Esa amenaza, según su parecer, es seria, pues la gran mayoría de los naufragios en el hemisferio occidental ocurrieron en aguas de poca profundidad, lo cual los hace muy vulnerables. Por ello considera que intentar preservar los tesoros arqueológicos sumergidos in situ es una mala política, que ignora los efectos nocivos de los dragados y saqueos sobre las antigüedades naufragas. El experto concluye entonces que la política adecuada no es dejar esos tesoros en el mar, en donde se deterioran, sino prever estímulos para su recuperación, como lo hace disposición acusada, y concluye al respecto:
Colombia es sin lugar a dudas una de las naciones con mayor numero de naufragios de la época colonial en sus aguas territoriales y es por tal, muy privilegiada en esta riqueza histórica y cultural. Existe la tecnología en la actualidad para hacer una recuperación con todas las normas arqueológicas posibles para así recuperar el patrimonio cultural subacuáticos, beneficiando el legado histórico de la Nación y para exhibir en los museos todas las piezas únicas. Aquéllas piezas que por su propia naturaleza no se consideran como patrimonio cultural puesto que son repetidas o porque son bienes cambiarios como las monedas y barras de plata que en la actualidad se consiguen en Internet y en cualquier tienda numismática, se pueden vender para financiar estos proyectos, lógicamente después de extraerles toda la información arqueológica. Si Colombia decide dejar sus cientos de naufragios en el fondo del mar como lo han propuesto algunos burócratas, tristemente para Colombia con el tiempo desaparecerán para siempre.
ACTO PRIMERO Y ÚNICO
Apenas polemizamos con la ministra Mariana Garcés, le pregunté por sus razones y traté de interrogarle respetuosamente sobre algunos de los peligros que los mejores científicos del mundo ven en esta medida.
1.- Licitaciones. La ministra Garcés me contó que la Ley ha mejorado mucho durante su trámite parlamentario. Como ejemplo me explicó que en su primera versión establecía el procedimiento de una contratación directa con la empresa de rescate y que ahora se ha articulado la obligatoria licitación pública de cada caso. Me explicó, además, que las Universidades tendrán, en el caso de concurrir a concurso público, la prioridad, siempre que aseguren poseer la tecnología y los medios adecuados, y que si no se elegirá a las contratistas internacionales.
Mariana Garcés también me recordó que la base legal sobre la que se ha construido este texto legal -el cuarto en una década de intentonas- es una decisión de la Corte Constitucional (citada en el Flashback). Yo, entonces, le recordé que el criterio de repetición que la ley aplica es, letra por letra, la idea que Robert Marx, el legendario cazatesoros, expresó en su comparecencia. No parece preocuparle. Peor era antes de tener esta ley, cuando nadie podía decir: esto es un bien del patrimonio y esto no. No sabíamos cómo actuar y los buzos, los pescadores y las obras destruían el patrimonio, nos dijo, en otra frase que parece directamente sacada del flashback y que no tiene en cuenta que TODO RESTO sumergido con más de 100 años -máxime de la época colonial- ES ARQUEOLÓGICO. Esa es la triste base de esta gran victoria de los cazatesoros que Colombia ha procurado.
2.- Equidistancia. Mire -me dijo la ministra- tan mal no lo estaremos haciendo cuando los cazatesoros están furiosos por los cambios introducidos en la ley, sobre todo por que ahora decimos que pueden ser recompensados con hasta el 50% de lo extraído y esa sola palabra hasta ha bastado para que se pongan, como digo, furiosos. Y como tenemos a los cazatesoros de ese modo y a los arqueólogos (que son, dicho con todo mi respeto, un poco fundamentalistas) enfadados, creemos que si nadie está contento eso es síntoma de que hacemos las cosas bien.
Cuando la ministra afirmó con estas palabras la satisfacción y convicción con la que aprueban esta ley comprendí, con tristeza, que lo que ha aniquilado esta política es la racionalidad. Si comparamos el resultado de la ley con las aspiraciones de Robert Marx, bien resumidas por la Corte en los párrafos citados, veremos que la nueva Ley colombiana las cumple todas. La licitación y el hasta no dejan de ser maquillajes que no cubren la vergüenza de plegarse a las aspiraciones que los cazatesoros han mantenido clandestinamente durante décadas, y darles rango de ley. Y lo digo después de haber mantenido mis respetuosas polémicas con Robert Marx, convertido por Garcés en fuente de derecho.
¿Furiosos los cazatesoros? Créanme que la ministra confunde la actividad lobbystica con la furia. Una cosa es que la industria cazatesoros presione a través de sus poderosas terminales en Colombia (muy poderosas como ha quedado demostrado) y otra muy distinta es que estén furiosos. De hecho el elocuente silencio en el que han caído desde la aprobación de la ley solo se ha roto por el rumor de cómo se están frotando las manos y el campanudo entrechocar de las copas de champán con las que han recibido la nueva norma que abre los fondos más ricos del Caribe a sus pretensiones crematísticas.
Además en España hemos visto furiosos a los responsables de Odyssey Marine Exploration cuando perdieron el juicio contra España en Tampa. Y juraron cosas que no se podían confundir con actividades lobbysticas
Pero lo más triste es comprobar que para la ministra las palabras y argumentos de los más reputados científicos colombianos e internacionales (y en este blog hemos hablado con unos cuantos) no hayan sido puestas ni siquiera en régimen de igualdad, sino como razones subalternas del discurso oficial, favorable a los cazatesoros. Garcés dice con respeto que son fundamentalistas. Y con el mismo respeto hay que decirle a la ministra que su equidistancia es ofensiva. Poner en la misma balanza las palabras de la ciencia y las de los cazatesoros ya es una ofensa pero descalificar las primeras y poner las segundas en el articulado de una ley es probablemente lo peor que un servidor público puede perpetrar, aunque lo haga con respeto. El Gobierno puede decir lo que es legal y lo ha hecho. Pero no puede cambiar lo anterior, ni la vergüenza que sienten los arqueólogos tan respetuosamente despreciados, preteridos e insultados. La equidistancia entre quien vela por la historia y quien solo quiere hacer negocio con ella y tantas veces la ha destruido es racionalmente execrable.
3.- El desprecio. También pregunté a la ministra si Colombia iba a participar en la reunión intergubernamental de Lima sobre Patrimonio Cultural Sumergido, este mes de octubre. Su respuesta fue curiosa. No tenía noticia, ¿es cosa de la Unesco? Entonces no estaremos, nosotros no vamos a firmar la Convención. Lo dijo en referencia a la Convención 2001, pero le añadió cierto desdén: Otras convenciones tienen 140 o 148 países que las apoyan, ¡pero esta no ha conseguido ni 40 en 13 años! Lo dicho con cierta soberbia, o al menos regodeo. Era otra destrucción de la racionalidad del debate científico. Aunque muchos consideran que la Convención 2001 para la protección del PCS no ofrece una solución definitiva, la alternativa comercial de los cazatesoros es directamente suicida para el conocimiento.
Aún me dijo la ministra que recibió al embajador español, que protestó cuando presentamos el proyecto de ley. Y me dijo que España no está de acuerdo, y bueno, nosotros tampoco lo estamos con ustedes. Creemos que la soberanía de ese patrimonio es exclusivamente de Colombia y no transigimos ni con el criterio de abanderamiento [que los pecios que fueron buques de Estado o de guerra conservan la bandera con la que se hundieron], ni con la Convención, y además no lo vamos a estar. Queda claro que la visión de esta nueva ley está más de acuerdo con compartir las monedas y lingotes con empresas de la industria más destructiva que ha sufrido el patrimonio que emprender la investigación común de ese patrimonio compartido.
¿Al menos estarían abiertos a proyectos científicos en común?, le pregunte. Y me dijo que sí, aunque de una manera tan retórica que dimos casi la conversación por terminada. Fue un encuentro casual, pero muy desesperanzador. La interlocución es prácticamente imposible con quien asume de ese modo tan firme las tesis de los ladrones de la historia. Por más que haya colocado en esta nueva ley disposiciones que aseguren la cosmética de la moral pública.
EPÍLOGO
Bastaría recordar lo que ocurrió con el astrolabio de Cabo Verde (ejemplo que la ministra no conocía, y se lo contamos, deseando que a Colombia no le ocurra lo mismo). Para que quede claro el peligro de abrir la caja de Pandora en un pecio colombiano, traemos el caso aquí, con palabras del arqueólogo Filipe Vieira de Castro, el recuerdo de aquel astrolabio:
Los arqueólogos estudian los contextos de la actividad humana en el pasado. Los cazatesoros hablan incesantemente de historia y arqueología, pero para ellos arqueología es la recuperación de restos con valor de mercado. Ellos destruyen o abandonan cada resto que no tenga valor y dejan el casco del pecio reventado, expuesto después de siglos a la destrucción por el entorno.
Reivindican que ellos solo quieren vender los objetos de los que existen muchas réplicas, después de dejar a los gobiernos elegir entre los mejores ejemplos, pero entonces los vimos vendiendo en una subasta el único astrolabio encontrado hasta ahora en Cabo Verde. Porque no tienen la intención de cumplir sus promesas, ellos prometerán cualquier cosa.
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