No podemos comprender bien lo que está pasando con el galeón San José en Colombia sin perspectiva. Juan Manuel Santos anunció el sábado el hallazgo de un pecio que ha estado íntimamente ligado a la historia de Colombia y de su cultura. Pero, ¿por qué justo ahora? Hay que comprender que el presidente Santos es periodista de formación, y además que procede de una estirpe de editores de periódicos, porque su familia fue propietaria de «El Tiempo» durante décadas. Su manejo informativo de esta noticia, por tanto, ha sido magistral: anuncio en Twitter, rueda de prensa en la Base Naval de Cartagena de Indias con pompa del Estado, y secretos calculados han alimentado ríos de titulares y disparatadas especulaciones, pero también han iluminado cuestiones decisivas.
Para empezar, Santos estaba desesperadamente necesitado de buenas noticias y esta le ha reportado el entusiasmo de los colombianos. En el Parlamento, cierre de filas y una demagogia contra España que da réditos. Con un 46,6% de caída de la exportación, según últimos datos de Procolombia, con el peso devaluado un 37% este año, una caída del 30% de la bolsa en 2015 y un turismo que no alcanza su nivel deseable (décimo puesto en el continente), ¿la salvación será el oro del galeón? ¿Cuánto costará, cuánto tardará, cuanto habrá en el pecio y cómo se comercializará? Entramos en el territorio de la leyenda y la pura especulación. Santos unió –en apenas días– la noticia del oro con la eliminación del Visado Schengen a los colombianos en la UE. Pero al hacerlo fue desleal con un aliado que le acababa de ayudar.
Falta otro elemento político. Colombia lleva desde 1983 tratando de poner bases a una legislación de patrimonio que permita excavar el oro del San José (y del San Roque y algún otro tesoro legendario). Bajo presidencia de Belisario Betancur, los cazatesoros contaron con la presión de sectores poderosos de la pujante sociedad civil colombiana. Fue Betancur quien otorgó tras ese lobby el primer permiso a la empresa Sea Search Armada (SSS) para buscar el San José a cambio del 50% de lo extraído. Años después Betancur cambió las reglas: se pagaría solo el 5% a SSS. Por eso la compañía pleiteó durante años hasta que en 2011 la Justicia le dio la razón, aunque delimitándola a la localización concreta. Si el hallazgo de esta semana se encuentra en esas coordenadas SSS tendría derecho a la mitad del pastel.
Desde 2002, como ya contamos en el blog Espejo de Navegantes, la Presidencia trató de cambiar la ley de Patrimonio al menos tres veces (con el rechazo de tres ministras de Cultura con criterio sobre la misión protectora de su departamento: Consuelo Araújo, Elvira Cuervo y Paula Marcela Moreno). El empeño del proyecto era vadear el mandato constitucional, la prohibición de vender bienes del patrimonio, para extraer el oro. Ellas no cedieron ante lo que las presiones políticas pedían, en contra de lo que propugnan los más reputados científicos de todo el mundo.
Pero la presidencia no cejó. Y desgraciadamente, el 10 de junio de 2003 la Corte Constitucional tuvo que escuchar las teorías del legendario cazatesoros Robert Marx, quien propuso aplicar una invención suya: el criterio de repetición. Si hay muchas monedas y lingotes, el Estado se queda el mejor ejemplar y la cualidad de patrimonio histórico puede ser extirpada del resto de piezas para su venta. Esa magia que permite a los cazatesoros cobrar en especie y vender las piezas paradójicamente por su valor patrimonial, por haber estado en un galeón, quedó como fuente de derecho en Colombia, y es la que inspira la ley 1675/2013, aprobada por impulso personal de Santos y con el concurso de la actual ministra Mariana Garcés, aunque con la amargura de arqueólogos y científicos colombianos. Esto era inédito en las legislaciones de todo el mundo.
El Gobierno dice que no ha dejado nada al azar y que con esta norma el patrimonio colombiano se protege y estudia. Pero también se enajena y desaparece en manos privadas. Abordar desde esas bases un yacimiento de un buque de guerra español, donde murieron 600 personas (200 tripulantes en acto de servicio y 400 pasajeros) bajo bandera española, excavarlo con secretos, amparándose en el Estado, contratando a una empresa enmascarada (que aún no ha dado la cara) y con ánimo crematístico, supone una grave falta de respeto por parte de Santos a la Unesco, la legalidad internacional y hacia un aliado como España con el que Colombia ha firmado tratados en estas materias. Es un acto ofensivo que tendrá un alto coste. En pleno 2015 no se puede obrar así impunemente. Cooperando y poniendo en primer plano la cultura compartida, sí nos reencontraremos.
Hasta ahora da la impresión de que Santos ha seguido un guion planificado al milímetro. Su Gobierno reacciona en segundos a la respuesta del de España y todo parece indicar que seguiremos viendo los acontecimientos premeditados y preparados para sobrepasarnos. Pero hay que dejar claras, para terminar, unas cuantas cosas. Nadie pide el oro para España. Pero nuestro país debe velar por la protección de un patrimonio diseminado por todo el mundo, especialmente por las costas americanas. El compromiso ha de ser el estudio y la divulgación de ese patrimonio, la cooperación y el reencuentro en la historia compartida. Los cazatesoros llevan décadas destruyéndolo de manera sistemática. Y un Estado como el colombiano no debe ser agente de la ruinosa especulación de los cazatesoros.
Que se sepa: según cálculos de Peter Cambell, de la Universidad de Southampton realizados sobre este caso, un museo significativo sobre el San José reportaría a Cartagena recaudaría en un solo año la cantidad que supusieron los tesoros del Atocha y el Santa Margarita para Fisher, con una entrada de 13 dólares y los turistas que recibe Colombia actualmente. Es una cuestión de matemáticas, no de grandilocuentes propuestas populistas. El equivalente a dos tesoros cada año. Ya Peter Throckmorton calculó hace 40 años que si Florida hubiera invertido en Museos en lugar de cobrar tasas a las empresas cazatesoros habría logrado 50 veces más recursos del patrimonio subacuático. El expolio es siempre un negocio ruinoso que otorga la parte más prometedora del patrimonio a quien menos valor le da. Pura fiebre especuladora.
Si llegase a hacerse ese museo significativo, como es debido, en Cartagena (no parcial, no dejando a una empresa de cazatesoros condicionar el relato de la historia que es de todos) seguramente el turismo nacional colombiano recibiría un gran impulso. Todavía hay quien no quiere enterarse: la cultura es el único tesoro. Máxime entre naciones con tan buenas relaciones y tanto patrimonio e historia común.
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