Luis Bárcenas, ayer, y José María Merino, hoy, han sido exculpados por el juez Pedreira de todas las acusaciones que pesaban sobre ellos. Lo que vuelve a situar este asunto allí donde ya lo colocamos algunos en su día, en el escándalo Rubalcaba o los sospechosos métodos utilizados por el Estado, bajo la dirección del Gobierno, y, en particular, del ministro del Interior, para acusar, como fuera y a costa de lo que fuera, a estos políticos.
El juez Pedreira, siempre tan proclive a seguir adelante por el camino trazado por Garzón, admite que, tras una exhaustiva investigación, no se ha podido probar absolutamente nada de lo que se les había acusado, o de lo que afirmaban Garzón, Rubalcaba, la Fiscalía. Pero resulta que Bárcenas y Merino tuvieron que dimitir de sus escaños del Parlamento y, en el caso de Bárcenas, además, de la tesorería del PP, porque, con los supuestos indicios que algunos ya consideramos insostenibles en su día, el Gobierno se empeñó en que la acusación tenía que seguir adelante. Y para eso echó mano de todos los órganos del Estado a su alcance, la Fiscalía, la Policía y la Inspección de Hacienda. No sólo eso, incluso ahora, tras este monumental fiasco, afirma la Fiscalía que va a recurrir el sobreseimiento.
Dos carreras políticas destrozadas, quizá también dos vidas personales, y, por el momento, ni una sola asunción de responsabilidades por quienes dirigieron todos los aparatos de Estado para acusarlos y para obligarlos a dimitir. Si dos parlamentarios deben dimitir preventivamente, cuando son acusados de un delito, ¿qué responsabilidad debe asumir el ministro del Interior que los obligó a dimitir con su investigación, si esa investigación acaba en fiasco?
En España, por supuesto, sabemos la respuesta: ninguna. Hasta ahora, al menos.
Rubalcaba
