Vaya por delante que entramos en terreno farragoso. ¿Puede un militar pronunciarse sobre un tema político o medrar en el debate territorial? La respuesta es aparentemente tajante: no. Las Fuerzas Armadas están y deben estar por encima de diatribas políticas, aunque tengan bien establecidas sus funciones en el Artículo 8 de la Constitución. Difícil maridaje en ocasiones. Desde el punto de vista legal existe la Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas en cuyo artículo 7.31 se estipula claramente como falta leve “expresar públicamente opiniones que supongan infracción del deber de neutralidad en relación con las diversas opciones políticas o sindicales o que afecten al debido respeto a decisiones de Tribunales de Justicia”.
El artículo 7.32 estipula como falta leve “prestar colaboración a organizaciones políticas o sindicales, sin haber solicitado previamente el pase a la situación legalmente establecida”.
Pero, ¿vulneró el general de brigada en estado de reserva Ángel Luis Pontijas Deus, esos artículos cuando, como director de la revista “Ejército”, publicó un editorial sin firma en el que se reprochaba a Artur Mas la utilización del Día de la Fiesta Nacional “para acentuar una más que dudosa proclamación de intenciones soberanistas del pueblo catalán”? (en la imagen, el extracto del párrafo más polémico).
Habrá dos interpretaciones: la primera, sí los vulneró tajantemente y por ello bienvenida su fulminante destitución; la segunda, no hacía más que expresar una opinión que bien podría encajar en su obligación de defensa de la Constitución que tiene encomendada en el artículo 8 de la Constitución.
Porque… ¿Tiene un militar obligación de defender el orden constitucional? ¿Y la Constitución? ¿Y si ese editorial hubiera expresado que “la Constitución garantiza la unidad nacional frente a quienes quieren romperla”? ¿Sería una declaración “política” o estaría cumpliendo su obligación moral, castrense y jurídica de defender esa Constitución (por cierto le pagamos por ello)?
Lo que me gustaría suscitar ahora son otras cuestiones que podrían haber evitado que un sábado nos desayunáramos en la portada del periódico “El país” con una noticia que no echa sino tierra al esfuerzo por acercar las Fuerzas Armadas y sus ejércitos a toda la ciudadanía (eso que llaman Cultura de Defensa), amén de empañar la imagen de la marca España una vez más.
1. ¿No existe un mecanismo de filtro en el Ministerio de Defensa para supervisar al menos los editoriales de las publicaciones bajo su responsabilidad (además de la “Revista Ejército”, tenemos la “Revista Española de Defensa”, la “Revista General de Marina” o la “Revista de Aeronáutica y Astronáutica”, entre otras?
2. ¿Es posible un modelo más abierto y de libertad de expresión en las Fuerzas Armadas, más acorde con los tiempos? (difícil, me temo)
3. ¿Era necesario sustituir el editorial en su versión web por un escueto artículo de la Laureada de San Fernando concedida al Regimiento Alcántara? ¿No había otras soluciones? (me parece una deshonra a la misma Laureada).
4. Según un portavoz del Ministerio de Defensa, en declaraciones a “El país” para lanzar el artículo, la destitución del general Pontijas Deus se debe no a su contenido sino a que “no se puede hablar de política en un órgano oficial del Ejército”.
5. Entonces, ¿para qué tienen editoriales las revistas militares? (lección 1ª de periodismo: editorial=opinión, y los temas políticos ocupan amplio lugar).
6. ¿Favorecen los políticos la neutralidad de las Fuerzas Armadas cuando a veces vemos titulares en la prensa, y en portada, como “Morenés: El Ejército es consciente de lo grave que es el desafío catalán” (entrevista en “El mundo” 5-11-2012)? Lo lógico es que cuando tengas la primera oportunidad, en tu ejercicio de la actividad periodística, preguntes a un responsable castrense sobre la naturaleza de dicha gravedad.
PD- Artículo 8.1 de la Constitución: “Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”.
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