Para superar el grave quebranto que produjo en la convivencia ciudadana la Guerra Civil de 1936, nuestros líderes políticos, durante los años 1977 y 1978, dotados de una indiscutible capacidad intelectual y provistos de una extraordinaria generosidad transaccional, reformaron el ordenamiento jurídico anterior y alumbraron una Constitución democrática calificada entonces como una de las más avanzadas de los países de nuestro entorno.
En el Preámbulo de dicha Ley Fundamental se dice que la Nación española proclama su voluntad de “garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo”. Y en su Título Preliminar se sientan, entre otros, los siguientes principios fundamentales: España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho; la soberanía nacional reside en el pueblo español; y se establece la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, pero reconociendo y garantizando el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas.
Hoy, apenas 39 años después, una parte de una nueva generación de políticos –por lo general, mucho peor preparados y menos generosos y leales con España que los constituyentes- considera que hay que establecer nuevas bases para seguir manteniendo nuestra convivencia democrática. El grave problema que se plantea ahora es que, conseguido el objetivo de garantizar durante todos estos años la “convivencia democrática”, la generosidad política en el proyecto común ha dado paso al resurgimiento de los larvados movimientos desintegradores de algunos, que están logrando para su causa a los “tontos útiles e ignorantes de siempre”, quienes consideran “progresista y de izquierdas” la política indiscutiblemente retrógrada de los secesionismos.
Y así en lugar de optar para los próximos años por “más España” dentro de una Europa cada vez más fuerte, hay unos visionarios que miran al pasado convertidos en auténticos “carapatrás” (caminan hacia delante con la cara vuelta hacia atrás) que lo que proponen es convertir España en un Estado plurinacional inventándose un inexistente derecho a decidir que poseerían ciertos territorios de España para eximirse de la obligación constitucional de la “solidaridad” entre nuestras nacionalidades y regiones.
Nuestro complejo panorama político quedaría, sin embargo, incompleto si no señaláramos que también está bastante extendida entre la población española la idea de que el actual Estado de las Autonomías ha supuesto un coste insoportable para los ciudadanos y que habría que suprimir o reducir autonomías y que el Estado Central recuperara competencias.
Y es que no son pocos los ciudadanos que consideran que nuestra capacidad económica común no da para tanto: mantener el Estado de Bienestar y una Administración pública elefantiásica. Por eso, si se convocara el legal referéndum consultivo que prevé el artículo 92 de la Constitución –éste además de legal podrían ser hasta conveniente- y sometieran al pueblo español la trascendente decisión política de si está de acuerdo en destinar sus contribuciones impositivas a garantizar el Estado del Bienestar y reducir el mastodóntico Estado de las Autonomías, tengo para mí que nos sorprendería la opinión del pueblo soberano.
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