Los que siguen con mediana atención el debate mediático sobre la pretendida independencia de Cataluña habrán observado que no son pocos los políticos que pretenden solucionar tan espinosa cuestión mediante el remedio mágico del “diálogo” o, si atendemos a lo que esta palabra esconde, a través de una negociación. Lo cual lleva a plantearse la cuestión de si llegadas las cosas al punto en el que están el Gobierno de la Nación debe negociar con los secesionistas catalanes. Es decir, puestos a hacer preguntas ¿qué responderíamos todos los españoles si nos preguntaran si el Gobierno de España debe negociar con los soberanistas catalanes?
Aunque siempre es difícil aventurar que piensa el pueblo español, me atrevo a asegurar que la gran mayoría la respondería en sentido negativo. Y no les faltaría razón, porque aunque lo que voy a decir pueda alimentar victimismos y tergiversaciones históricas, lo cierto es que son muchos los ciudadanos que perciben con toda nitidez que existe un movimiento imparable de un sector de la sociedad catalana hacia la secesión que, lejos de desaparecer, solo se lentificaría con la negociación, salvo que se ofreciese directamente la independencia.
Tal vez por eso, para responder a la pregunta planteada hay que determinar previamente el punto de partida para negociar. Pero como la cuestión es compleja, un ejemplo me ayudará a aclarar mi pensamiento. Imaginemos que una persona tiene una finca a la que le falta una pequeña parte de terreno para tener la cabida precisa para poder construir una edificación, y que tal porción es de un tercero. Si éste no tiene intención de vender, el dueño de la finca o le da lo que le pida o no hay compraventa. Las cosas cambian radicalmente si es el tercero el que tiene necesidad de vender, porque entonces serán ambos los que acabarán fijando las condiciones de la venta.
Pues bien, mientras que el Gobierno intente dialogar sin que los independentistas catalanes declaren pública y terminantemente que renuncian de manera definitiva a sus objetivos secesionistas, no habrá nada que negociar. Y como hasta ahora no es democráticamente admisible que se imponga la secesión de una parte de España de manera unilateral, negociar sin que los soberanistas cambien de postura es inútil. La negociación o, más eufemísticamente, el diálogo sin que los independentistas renuncien a su pretensión no puede conducir a nada, sino simplemente a representar un paripé que solo conducirá a la frustración.
Las cosas serían distintas si los independentistas, después de renunciar públicamente a su quimera, pidieran negociar otras cuestiones, que serían como han hecho siempre hasta ahora, tratar de mejorar su buena situación económica. De ser ese el caso, y sólo temas de esa naturaleza, cabría propugnar la negociación, porque entonces sería a cara descubierta (diciendo con luz y taquígrafos lo que persiguen) y sin la amenaza promover la independencia si no se les da lo que pretenden. El problema que veo en este caso es que podría haber un apaciguamiento de los ánimos independentistas durante algún tiempo, pero no tardarían en sentir nuevas necesidades a sufragar con cargo a una nueva porción de la tarta común. Entonces la pregunta sería ¿hasta cuándo? Me temo que no hay respuesta. Tal vez por eso convenga de una vez por todas que todos veamos las consecuencias de la anunciada desobediencia civil a las decisiones jurídicas de los órganos del Estado.
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