Se puede afirmar que cada uno de nosotros siente apego por el lugar donde nació y un afecto indiscriminado por el colectivo difuso de aquellos con los que comparte localidad de origen. Suele suceder también que una buena parte de ciudadanos extienda esos sentimientos a una entidad territorial determinada política y jurídicamente, como es una comunidad autónoma. De tal suerte que habrá muchos, por poner un ejemplo, que se sientan no solo coruñeses, sino también gallegos.
Pero en esto de los sentimientos no parece que se pueda ejercitar el verbo obligar: cada uno se siente tal y como revela su ánimo y por mucha presión o fuerza que se pudiera ejercer contra él resultaría muy difícil obligarle a sentir lo que pretende el iluminado opresor. En el mundo de los sentimientos, parece, pues, que debe reinar una absoluta libertad individual. Lo que debería comportar para los demás el más absoluto respeto. Otra cosa es que los sentimientos individuales o colectivos, incluso si estos son mayoritarios en una determinada región, sean argumentos suficientes para saltarse la legislación vigente.
Viene todo esto a cuento porque a algunos habitantes de Cataluña les ha sentado mal que un ciudadano nacido en su comunidad le haya puesto a su hija un nombre que no es propio de esa parte de España. Este hecho, además de no demostrar nada sobre el sentimiento del sujeto implicado sobre su lugar de origen, supone un ataque tan injustificado a una libertad tan individual y sagrada que solo puede ser debida a un fanatismo desaforado.
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