Siento una gran admiración por Fernando Ónega, además del cariño y afecto implícitos en una larga relación de amistad. Por eso, no dejo de leer sus agudas reflexiones políticas que suelen brindar perspectivasde análisis muy interesantes. La que publica hoy en su columna de La Voz de Galicia me ha resultado, sin embargo, preocupante.
Y es que se adentra en una cuestión eminentemente jurídica desde una óptica difícilmente compatible con lo jurídico como es la política. En efecto, al analizar la situación actual de Oriol Junqueras, que es un preso preventivo por la presunta comisión de delitos de rebelión y sedición, escribe “la libertad o la prisión de Junqueras ya no es o no debiera ser una decisión únicamente judicial”. Y añade: “tiene consecuencia políticas evidentes”.
Cuando alguien se expresa de ese modo sobre el golpe de Estado jurídico que supuso la declaración unilateral de independencia (DUI) de los soberanistas catalanes, minimiza, sin duda, la gravedad de tal actuación. Y, sin embargo, pocos delitos hay más graves que alzarse contra el orden constitucional que ha aprobado el pueblo español.
Basta leer el Preámbulo de la Constitución para advertir de inmediato que nuestra Carta Magna persigue por encima de todo “garantizar” la convivencia democrática conforme a un orden económico y social justo, al tiempo que consolida un Estado de Derecho en el que se asegura el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Adviértase, pues, que los valores que proclama y protege nuestra Ley de Leyes están directamente conectados con el pueblo español en su conjunto, siendo la voluntad popular plasmada en la Ley el bien jurídico especialmente amparado por todo el sistema constitucional.
Pues bien, los políticos catalanes que cometieron presuntamente un delito de rebelión y de sedición se alzaron contra la voluntad popular y su soberanía. Es verdad que por medios incruentos, pero eso no dulcifica su indiscutible vulneración del orden constitucional constituido y, en consecuencia, su ataque contra el pueblo español.
El ataque a nuestra convivencia democrática ha sido tan palmario y con luz y taquígrafos que debería ser suficiente para que nadie tuviese la más mínima duda de que han traspasado los límites de lo jurídicamente admisible y que la cuestión está ya en el único ámbito en el que tiene que estar: el de la justicia.
Sé que con lo que antecede debería ser suficiente para hacer visible la gravedad de la conducta de los presuntamente rebeldes y sediciosos y que debería evitarse cualquier consideración política. Pero no me resisto a preguntar: ¿si la declaración unilateral de independencia hubiese sido un golpe de Estado perpetrado con el apoya de las armas se diría que es una cuestión política? ¿Es que el solo hecho de que la DUI haya sido una actuación incruenta cambia su naturaleza hasta el punto de dejar de ser un golpe de Estado? ¿De qué estarían hablando los analistas políticos constitucionalistas si hubiera triunfado la autoproclamada República de Cataluña? ¿Aceptarían sin más el golpe de Estado jurídico por la “ausencia del Estado en Cataluña” o pedirían la intervención de la fuerzas armadas en aplicación del artículo 8 de la Constitución?
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