Alabo con entusiasmo el ejercicio de «voluntariado cívico» (como afirman sus autores) que han llevado a cabo 10 catedráticos de Derecho administrativo y constitucional sometiendo a debate determinadas propuestas para la reforma de la Constitución de 1978. Y con el fin de contribuir, aunque sea modestamente, a la discusión a que se nos invita me voy a permitir exponer alguna de mis ideas sobre tan espinosa cuestión.
Sobre los objetivos de la reforma, no estoy de acuerdo con que sea conveniente reformar la Constitución –como se afirma en el documento- para legitimarla ante las nuevas generaciones que no participaron en el proceso constituyente de 1978. Aceptar este punto de partida supone reconocer que cada nueva generación tiene derecho a reformar la Constitución que no votó con la finalidad de “legitimarla.
Admito, como dicen los profesores, que nuestro Estado autonómico pueda presentar «fatiga de materiales». No estoy convencido, sin embargo, de la “urgencia” de tener que adecuar el texto constitucional a las nuevas realidades sociales y políticas. Hoy existen otros temas de ámbito nacional, como por ejemplo el paro juvenil o la reforma de la enseñanza, que son no solo mucho más urgentes, sino incluso más importantes para la ciudadanía.
Por otro lado, si de lo que se trata es de poner el foco en la reforma del Estado autonómico, una propuesta tan seria y neutral como la del grupo de los 10, tal vez debería plantear también la hipótesis de reformar la Constitución, pero no para aumentar la autonomía, sino en el sentido contrario de aligerar la compleja y costosa estructura del Estado de las Autonomías. Y es que no son pocas las voces que denuncian el excesivo coste de tan mastodóntica estructura administrativa que muchas veces está duplicada o triplicada si atendemos a los ámbitos provinciales y municipales. Lo que digo, en definitiva, es que no hay por qué dar por sentado que el pueblo español quiere más autonomía, sino que debería someterse a debate si es más conveniente o no una estructura territorial que aligere los costes económicos con aumento de su eficiencia.
En cuanto a las propuestas concretas y salvando lo que acabo de decir, me parecen estimables en general por dos razones. La primera razón es que, si bien se habla de una reforma territorial inspirada en el “federalismo”, se añaden dos precisiones tranquilizadoras. De un lado, que lo importante no es el término federalismo, sino que se aprovechen las técnicas ensayadas en los Estados federales europeos; y, de otro, que, en materia de económica, deben incluirse normas fundamentales del sistema de financiación que tengan en cuenta las capacidades de ingreso y –esto me parece esencial- criterios de solidaridad, incluyendo los principios de igualdad social y ordinalidad.
La segunda razón es que con respecto a Cataluña proponen abordar tres cuestiones: el reconocimiento de su singularidad política, la recuperación de los contenidos estatutarios desactivados por la sentencia sobre el Estatut y la remisión al Estatuto de aquellos aspectos identitarios o de organización institucional que sólo afectan a ese territorio y no a los restantes. Se podrá estar más o menos de acuerdo con esto, pero para mí lo más relevante es que no hay ninguna propuesta que suponga una “asimetría” económica a favor de esta comunidad autónoma. Finalmente, el grupo de los 10 deja muy claro que la aspiración de un referéndum de independencia no tendría un cauce viable en le nueva Constitución.
Estamos ante la primera propuesta política con un claro fundamento técnico efectuada por expertos. Pero a pesar de los notables esfuerzos de sus autores tengo para mí que no apaciguará la imperiosa e insaciable sed independentista de una parte de la ciudadanía de Cataluña.
Otros temas