En los últimos tiempos, algunos de los principios que inspiraron la Constitución de 1978 están siendo “ruidosamente” cuestionados por algunos partidos y movimientos ciudadanos minoritarios si se toma como elemento de comparación al conjunto del pueblo español.
En efecto, hay quienes se muestran de palabra y obra abiertamente contrarios a que haya una sola soberanía, la de la Nación española, y a que ésta resida en el conjunto del pueblo español. Entre ellos los hay quienes defienden, sin más, independizarse de España (incluso por la fuerza de las armas como sucede con ETA) y otros que propugnan que el Estado Español es plurinacional, constituido, consiguientemente, por varias naciones, cada una de las cuales hace residir su soberanía en el pueblo que la integra.
Desde la abdicación del Rey Juan Carlos I se ha vuelto también especialmente discutida la forma política del Estado español. La Constitución establece que es la Monarquía parlamentaria, pero hay quienes abogan por promover un referéndum que permita optar por la República.
También está cuestionada -en relación con el primer punto- la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles y la división territorial en Comunidades Autónomas. Pero en un doble sentido de carácter contrario. Los hay que defienden, según se ha dicho con anterioridad, que no hay una Nación española indivisible, sino que hay territorios que tienen derecho a separarse de España. Pero también los hay que consideran que las Autonomías han supuesto un coste insoportable para los ciudadanos, por lo que habría que suprimirlas, todas o la mayoría de ellas, y reconcentrar las competencias en la Administración Central.
Los hay que rechazan la bandera constitucional “rojigualda” y proponen sustituirla por la antigua bandera tricolor republicana. Para completar el panorama conviene reseñar que existen quienes se oponen a todos estos principios a la vez y los que se oponen solamente a alguno o algunos.
A la vista de lo que antecede no serán pocos los que piensen que España parece haber entrado en un proceso de disolución, esto es, en una especie de rompimiento de los lazos o vínculos políticos que nos unían desde 1978. La pregunta es ¿ha llegado la hora de disolver el entramado de principios de convivencia que cristalizaron en nuestra Constitución? Veamos.
Hasta ahora no ha habido ningún partido parlamentario que haya discutido el principio democrático del sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, enunciado en el artículo 68 de nuestra Carta Magna Pero no se puede ignorar que hay alguna organización política extraparlamentaria y movimientos muy minoritarios de ciudadanos que hablan de democracia con apellidos, como por ejemplo “democracia popular”. Los pocos que hablan de este tipo de democracia, convirtiéndose por una especie de arte de magia en “todo el pueblo”, equiparan lo democrático únicamente a lo que ellos defienden.
Llegados a este punto, cabría, pues, dividir a los ciudadanos en cuatro grupos. A saber: los que conviven cómodamente en el presente sistema democrático; los que no aceptan alguno o varios de sus principios esenciales pero no discuten la democracia basada en el sufragio universal, libre, igual, directo y secreto; los que no comulgan con algunos o varios de los principios de la Constitución de 1978, pero hablan de “democracia popular”, lo que implica recurrir a cualquier tipo de método, como por ejemplo, la lucha callejera, en lugar de al voto, para imponer su voluntad; y los que se sitúan totalmente fuera del sistema, tanto en lo que se refiere a los principios como al modo de plasmar la voluntad popular.
Pues bien, hemos llegado a un punto en el que conviene que todas las formaciones políticas se retraten, pero no tanto en si están o no de acuerdo con la vigente Constitución –esto está más o menos claro-, sino sobre el modo en el que quieren alcanzar sus objetivos. El pueblo necesita que se clarifique con la máxima nitidez política el panorama. Ya sabemos lo que quiere cada uno, pero que nos digan públicamente quiénes aceptan el principio democrático del voto popular y quienes solo están dispuestos a servirse de él sin renunciar a otros métodos, como la desobediencia político-jurídica o la lucha callejera, para imponer a los ciudadanos lo que ellos creen que debe ser la voluntad popular. ¡Retrátense, por favor! Nos irá mejor a todos.
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