Lo que está sucediendo en España con la Justicia es de una gravedad extrema. Nunca un presidente del Gobierno había llegado a tanto por querer controlar uno de los pilares del Estado de Derecho como es el poder judicial. Nunca se había producido una exhibición tan obscena de una intención tan clara como es el control de determinados procedimientos jurídicos como pago a unos votos que han valido una investidura: la de Pedro Sánchez.
El nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado es un símbolo clarísimo de la politización de la Justicia. No es posible que alguien que ha sido ministra de Justicia hasta antes de ayer vaya a gestionar con independencia una Fiscalía que tendrá que pronunciarse sobre los indultos de los condenados por el procés, respaldar sus recursos ante el Tribunal Constitucional; impugnar, o no, los permisos penitenciarios a Oriol Junqueras o poner pegas a las euroórdenes contra Puigdemont y el resto de prófugos.
Esto solo se entiende por la intención del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de tomar el control de todos los resortes del Estado, lo mismo que se hace en las dictaduras comunistas y bolivarianas, como Cuba o Venezuela.
En este nivel estamos ya en este país, en el que la Justicia tiene que empezar a defenderse de los ataques de los responsables políticos. Es lo que sucedió el otro día cuando Pablo Iglesias, el vicepresidente del Gobierno, llegó a decir que la Justicia europea se ríe de la española. La Justicia no tardó ni un segundo en responderle con un comunicado replicándole, con hechos y datos, a sus palabras.
Pues esto es lo que ha venido aquí, y han empezado por la Justicia, pero intentarán adentrarse y controlar todas las entrañas del Estado.
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