En Génova a Francisco Álvarez-Cascos le llamaban el «general secretario», por llevar la secretaría del Partido Popular como un sargento de hierro durante una década. El hombre vestido de gris que se sentó ante el Tribunal de Gürtel por petición de la defensa de Luis Bárcenas, era la sombra de quién fue vicepresidente primero del Gobierno de José Mª Aznar.
Con tono apagado como su traje, pero firme, Álvarez-Cascos fue negando todas las acusaciones de Francisco Correa, ya sean por medio de grabación en diferido o en su declaración durante el juicio, mientras le escuchaba Bárcenas a su espalda. «Jamás recibí ninguna llamada o indicación relacionada con adjudicaciones o concursos», respondió sobre las comisiones del 2% o 3% que pagarían las constructoras al PP derivadas de la mediación en obras como «carreteras, autopistas, o el AVE», cuando era ministro de Fomento.
No sólo se defendió, sino que exoneró al extesorero de esos «mil kilos» que le llevaría Correa «a Génova y a su casa», metiendo de paso una puya al recordar que El País tituló en portada en abril de 1991, que «Borrell insta a los grandes de la construcción a que no paguen comisiones a los partidos». Y así señalar como quien no quiere la cosa, que era una práctica del PSOE cuando gobernaba. Dando a continuación una lección de «objetividad y transparencia» al detallar cómo cambió los pliegos de condiciones para la adjudicación de contratos públicos durante su mandato.
Quién haya asistido a los interrogatorios exhaustivos de la fiscal Concepción Sabadell, sabrá que a Álvarez-Cascos no le aplicó el tercer grado. No le mencionó ninguno de los dos empresarios señalados por Correa. Ni Juan Miguel Villar Mir de OHL ni Florentino Pérez de ACS. Claro que también se opuso a que testificaran. Y tampoco fue nada incisiva al preguntarle por otro acusado que ha pactado con la Fiscalía, Alfonso García Pozuelo de Construcciones Hispánicas, viejo conocido del ministro desde que estudiaron juntos la carrera de Ingeniero de Caminos. Llama más la atención, porque es la piedra angular del caso Gürtel y excepto por las palabras de Correa, ausente en la sala al igual que su abogado, no hay más indicios ni pruebas.
Cascos llegó con un maletín negro abultado, desplegando, sobre la mesa del interrogatorio, carpetas y folios, para atacar a un inspector jefe de la UDEF, de quién leyó su número de identificación, que le atribuye un reparto de comisiones bajo las siglas de «PAC», que le colocó «en la portada de periódicos y televisiones». «No tenía ningún cargo en el partido, no participé en ninguna de esas campañas, no conozco esas empresas». Asegurando que ese mismo inspector realizó otro informe modificando su criterio inicial.
Sobre la Tesorería del Partido Popular reconoció que él también había regentado el cargo maldito —hasta cinco tesoreros están o estuvieron imputados—, explicando con sorna que «después de lo sucedido con el escándalo Naseiro, no había mucha afición a los donativos» ni mucho menos que él los recibiera.
Tanto donativos como sobresueldos forman parte de otro procedimiento, aunque a veces parece solo uno, el de los famosos «papeles de Bárcenas», como recuerdan las defensas y el presidente del Tribunal, Ángel Hurtado, en contra del criterio de la Fiscalía. Así Cascos pudo escurrir el bulto y pasar de puntillas por sus anotaciones en la caja «B», qué reflejan cómo era de implacable. Hay hasta siete entregas en metálico para la «contabilidad extracontable», que suman un total de 372.627,50 euros, mientras él recibía por distintos conceptos 390.374,94 euros. Como si nada.
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