En la España del 15 de junio de 1977 casi todo el mundo, aunque peinara canas o llevara bastón, parecía tener 18 años y estrenaba carnet de identidad. A los españoles se los convocó a votar de forma libre por primera vez en casi cuatro décadas y las Cortes Generales que salieron de aquel día de novedad y esperanza fueron efímeras porque fueron eficientes: además de legislar, en menos de un año y medio redactaron una Constitución y pidieron parecer a los españoles, que la aprobaron por una mayoría abrumadora. Los partidos políticos fueron capaces de pensar que era más importante pensar en lo que les unía que en sus diferencias y de allí salió un marco que permitió a España una etapa de libertad, convivencia, apertura y crecimiento inédita hasta entonces.
Las elecciones en la Agrupación de Cofradías de Córdoba, como las de todas las hermandades, no son legislativas, sino muy presidencialistas, porque se elige a la persona que estará a mando con un equipo que él mismo nombra y revoca cuando lo cree oportuno. No hay representación ni proporcionalidad, ni es necesario, pero lo que se tiene que iniciar en la segunda quincena de junio no es un mandato convencional, sino constituyente. La España de los años 70 había rebasado los marcos mentales y legales de la dictadura y la joven clase política que tomaba el mando sabía que tenía que construir no un Estado que perpetuara la legitimidad nacida del final de la Guerra Civil, sino un país a la medida de unos ciudadanos distintos.
Las cofradías llegan a 2024 con la sensación de que las normas se han quedado pequeñas, de que no hay respuesta para todas las preguntas que se hacen ni seguridad en las reglas del juego. Algunas siguen adelante porque en realidad saben que su vida no depende de la Agrupación, otras sufren las consecuencias y no falta cierta actitud ‘punk’ soterrada de haberle cogido el gusto a votar que no donde antes se votaba que sí por sistema.
El mandato tendría que ser constituyente para el presidente o presidenta, pero también para la asamblea. El texto que aprobaron los españoles en 1978 no fue sólo cosa del Rey Juan Carlos I o de Adolfo Suárez, sino sobre todo del acuerdo entre los grupos políticos que debatían al otro lado de los leones, y que representaban a quienes les habían votado. La junta de gobierno que salga de las elecciones haría bien en poner como tarea prioritaria, casi única en ciertos momentos, preparar unos nuevos estatutos que gusten a todas las cofradías, o a casi todas, y lograr que los aprueben precisamente por haber participado en ellos.
Después, sin detenerse, tendrá que llegar un reglamento que todo el mundo asuma como necesario, que ya se intentó en 2019 y tampoco salió adelante, y pensar en que todo tiene que servir para este tiempo en que mientras unos cierran puertas otros abren ventanas o puertas todavía más importantes.
Los que se sienten en las asambleas tendrán que asumir su papel de hermanos mayores constituyentes, ya que no fundadores, y pensar en que aunque se llame reforma de estatutos tampoco habrá que temblar si en el curso del trabajo sale casi una refundación o un texto del todo nuevo que asuma los muchos cambios que han sucedido desde hace un cuarto de siglo. Y los que estaría bien que llegasen. Si en 2026, por poner un ejemplo, todavía se habla de comisiones, de plazos y de «ya lo vemos si eso» habrá que asumir que al ejecutivo y al legislativo les gusta este sistema antisistema.
