Los cuatro males que afectan a la seguridad de Asia Central, aunque no, exclusivos de aquella región, son: tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, terrorismo islamista y ciber criminalidad, ésta última como conducto y como soporte de los tres anteriores.
Estas cuatro amenazas, además, están íntimamente conectadas entre ellas y, en la mayoría de las ocasiones, son operadas por los mismos actores no estatales del crimen organizado multinacional –Transnational Organised Crime (TOC), en inglés-, que, en muchos casos, cuentan con la salvaguarda de actores estatales.
Sin embargo, la situación crítica que, específicamente, vive Afganistán, en la actualidad, está intensificando la gravedad que dichos riesgos representan para Asia Central.
De hecho, Afganistán se ha convertido en la fuente de los peligros más serios que se ciernen sobre toda la orilla oriental del Mar Caspio.
Así, desde que el Talibán tomó el poder del país, a finales de agosto de 2021 -tras una huida cobarde y vergonzosa, ordenada por Biden y por su equipo, que fue acompañada por la de sus aliados-, Afganistán vive la peor crisis humana del mundo, en el momento presente, agravada por una sequía severa y por problemas económicos graves, a la vez que se incrementa y se extiende el número de grupos terroristas que operan en aquel país y a los que el nuevo gobierno no controla o no quiere controlar.
En el caso del tráfico de drogas, es manifiesta la involucración del gobierno del Talibán, de sectores amplios de las tribus y una proporción importante de los habitantes de Afganistán en la producción y en la comercialización de opio.
Este es un negocio que, a nivel mundial, incluyendo los de la cocaína y de las drogas sintéticas, se estima que supera los 100 millardos de dólares en beneficios netos anuales, es decir, el equivalente a los de Apple y de Microsoft combinados.
El tráfico de seres humanos, por su parte, se ha convertido en la segunda actividad ilegal más rentable del TOC, después del tráfico de drogas, ya que se calcula que este modelo de negocio, que comercializa, forzadamente, seres humanos como si fueran materias primas, genera más de 30 millones de dólares anuales en ingresos.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las víctimas del tráfico de seres humanos son, al menos, 2,4 millones, en cualquier momento -“there are at least 2.4 million trafficked persons at any given point in time”, de acuerdo con el texto oficial de un informe de la OIT del año 2008-.
Las condiciones de Afganistán están incentivando que sus ciudadanos -el 90% de las víctimas de este tráfico suelen ser mujeres o niños- se estén convirtiendo en mercancías de este modelo de negocio, en el que, perversamente, las víctimas pueden llegar a convertirse, fácilmente, en perpetradores, a la vez, de dichos crímenes.
Asimismo, la superficie de Afganistán está siendo utilizada como un territorio de paso amistoso para el tránsito de los seres humanos, captados por estas redes, en otros países de Asia, en su migración hacia Europa.
La recluta de víctimas por parte de las mafias del tráfico de personas se realiza más fácilmente, como sucede en Afganistán, en estos momentos, en un contexto de desastres naturales o de crisis económica y social, que coloca a los seres humanos en situaciones de necesidad y de vulnerabilidad, en las que ofertas y promesas de trabajo falsas en otros países o la venta de miembros de la propia familia, fruto de la desesperación, son la fuente original de esta actividad ilegal.
Otros factores propios de la globalización, como son la diseminación de los sistemas de pagos en línea o a través de criptomonedas y la extensión del acceso a internet o a las herramientas de comunicación digitales, empujan desde Asia, a través de Asia Central, a una ingente cantidad de personas, que viajan a través de la región, sujetos a la explotación de diversas formas y maneras -por ejemplo, de acuerdo con los informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los menores son, especialmente, vulnerables ante la actividad de los predadores sexuales-.
Por último, la amenaza del terrorismo islámico yihadista está creciendo vertiginosamente a lo largo y ancho de toda Asia Central, fenómeno del que, de nuevo, Afganistán es su origen.
Sólo en Afganistán, durante 2021, el Estado Islámico (EI) ha cometido y ha reclamado la autoría de 334 ataques terroristas, que han causado más de 500 muertes y 470 heridos.
Esta es una cifra cinco veces superior a la de 2020 y la mayoría de estos atentados tuvieron lugar durante el segundo semestre del año 2021, es decir, una vez que el Talibán se hizo con el poder en Afganistán.
La penetración del islam en Asia Central crece sin parar y es llamativo que, por ejemplo, Kazajistán, que, en 1990, contaba con sólo 170 mezquitas en todo el país, hoy, supere las 6.000 mezquitas de nueva construcción.
No sorprende, por tanto, que, durante las revueltas violentas del pasado enero en Almaty, fuera frecuente escuchar a la gente asaltar edificios gubernamentales al grito de “Alá es el más grande”.
La expectativa de los países de Asia Central es que el terrorismo islámico internacional incrementará su actividad y su despliegue geográfico en la zona y, para ello, el EI ya se está organizando, reagrupando e infiltrando en los países de la región, algunos de los cuales tienen fronteras incompletas o muy porosas.
Tanto es así que se espera que, durante esta primavera, podría producirse una nueva ola de tensión y de violencia en toda la región provocada por el terrorismo yihadista.
Los países de Asia Central tienen por delante la exigencia de coordinar sus estructuras de defensa y de seguridad, especialmente, para hacer frente a los riesgos relacionados con los conflictos generados por el uso de métodos híbridos; de estandarizar sus doctrinas militares y el entrenamiento, tanto de planeamiento estratégico como de despliegue táctico, de sus unidades militares; de compartir fluidamente la Inteligencia recogida sobre estas amenazas; de crear equipos de trabajo compartidos sobre la lucha antiterrorista; y de imponer controles más estrictos en sus fronteras, como ha propuesto el presidente de Tayikistán, Emomalii Rahmon, que ha hecho un llamamiento a sus vecinos para crear un “cinturón de seguridad alrededor de Afganistán”.
El general estadounidense Norman Schwarzkopf Jr. planeó y lideró, en febrero de 1991, la “Operación Tormenta del Desierto” -“Operation Desert Storm”, en inglés-, al frente de una coalición internacional de países, hasta derrotar y expulsar de Kuwait a las tropas iraquíes del presidente Saddam Hussein, que habían invadido este país, en la que se denominó I Guerra del Golfo.
Años más tarde, en febrero de 2003, tras los atentados terroristas islámicos de Al-Qaeda contra Estados Unidos (EE. UU.), el 11 de septiembre de 2001, el general Schwarzkopf fue preguntado, durante una entrevista con el programa “Meet the Press”, de la cadena NBC News, si los estadounidenses debían perdonar a Osama bin Laden, fundador y líder del grupo Al-Qaeda.
El general Schwarzkopf respondió que “el perdón depende de Dios. Yo sólo espero que podamos acelerar el encuentro” -“Forgiveness is up to God. I just hope we hurry up the meeting”, en su frase original-.
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