Perú Libre (2/2): ¿qué quiere?

El pasado 28 de julio, nada más ser investido como presidente de la República de Perú, Pedro Castillo, bajo la influencia de Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre (PL), nombró al comunista Guido Bellido, procesado por apología de terrorismo y formado ideológica y políticamente en La Habana, como presidente del consejo de ministros.

No obstante, no debería existir ninguna duda sobre si el actual gobierno es bifronte porque tanto Castillo como Cerrón están, solidariamente, comprometidos con este proyecto liberticida.

A los pocos días de la formación del nuevo gobierno, Evo Morales viajó en, al menos, dos ocasiones distintas a Lima, con intereses poco inocentes, la inteligencia cubana en Perú aumentó el número de sus operativos desplegados en el país y Bellido nombró a su primer canciller, Héctor Béjar.

Béjar es un sociólogo de 85 años, que, en los años 60, después de haber militado y abandonado el Partido Comunista de Perú y de haberse formado política y militarmente en Cuba, fundó el grupo terrorista Ejército de Liberación Nacional (ELN) peruano, en el que su nombre de guerra para su vida clandestina era Calixto.

A Béjar se le ha acusado de contar con muertos en su haber, aunque los delitos cometidos en su época de guerrillero fueron, tiempo después, indultados.

Béjar declaró, nada más hacerse cargo de la Cancillería del Perú, que “(e)l terrorismo en el Perú lo inició la Marina (peruana) (…) Eso se puede demostrar históricamente y han sido entrenados para eso por la {Central Intelligence Agency de Estados Unidos (EE. UU.)} CIA”.

Bellido no tuvo más remedio que cesar a Béjar semanas después.

En definitiva, PL -coalición de intereses entre grupos comunistas, el narcotráfico, el terrorismo y un sindicato extremista de maestros creado por Sendero Luminoso- le impuso al presidente Castillo la ocupación del palacio de Gobierno por un conjunto de ministros radicales, altamente ideologizados, con trayectorias y pasados delincuenciales, contrarios a la democracia y manejados por organizaciones criminales transnacionales –Transnational Organised Crime o TOC, en inglés-.

Los riesgos que este gobierno representa para Perú son múltiples y diversos.

La principal bandera del gobierno de PL, como anticipó durante la campaña de las elecciones presidenciales, es redactar una nueva Constitución, a través de la Convocatoria de una Asamblea Constituyente, replicando, de esta forma, el modelo ejecutado por Hugo Chávez en Venezuela a partir de 1999.

La insistencia de PL en la puesta en marcha de un proceso de Asamblea Constituyente no fue solo una promesa electoral ya que, en su discurso de investidura del 28 de julio, el presidente Castillo insistió en ella.

Es evidente que este empeño tiene que ver con la ambición de convertir dicha Asamblea, como ha ocurrido y se ha puesto en práctica antes, de forma similar, en otros países de la región, como en Venezuela, en Nicaragua o en Bolivia, en un instrumento para implantar un sistema autoritario en Perú, de acuerdo con el manual de la Dirección de Inteligencia de Cuba, también conocida, popularmente, como G2, y alineado con los de otros países que se reclaman defensores del llamado socialismo del siglo XXI, es decir, del castro chavismo, del narco comunismo, del comunismo en el siglo XXI.

Pedro Castillo cuenta con 37 votos en la Asamblea Nacional de los 87 escaños necesarios para que se apruebe la convocatoria de una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución.

Si no consigue el apoyo de esos 50 escaños adicionales dentro de la Asamblea Nacional, Castillo ha amenazado con la disolución, o con el desplazamiento o con el vaciado de poder de la Asamblea Nacional.

Si esto no fuera suficiente, Castillo estaría dispuesto a llamar a esa Asamblea Constituyente o a través de un plebiscito, su alternativa menos deseada por el riesgo de perderlo, o desde fuera de la Asamblea Nacional o congregando otra nueva Asamblea ad hoc para este propósito exclusivamente.

Para cumplir con el proyecto de elaborar una nueva constitución, Castillo y Bellido cuentan con Evo Morales, ex presidente de Bolivia, como gran propagador de este proyecto, quien, con su presencia física en Lima, por dos veces, que haya constancia, hasta el momento, en Cusco y en Arequipa, una vez en cada una de estas dos ciudades, respectivamente, ha cometido una intromisión y una injerencia extranjeras flagrantes en la política interna de Perú.

Llamó la atención en Lima que, en esas dos oportunidades, Morales se hospedara en The Westin Lima Hotel, uno de los mejores hoteles de la ciudad, y que se le viera cenando con Vladimir Cerrón, secretario general de PL, en el restaurante Costanera 700, un establecimiento icónico y elitista de Lima, especializado en la fusión de lo mejor de la cocina peruana y de la japonesa.

En esas visitas, Morales ha sido recibido por el gobierno peruano como si fuera un mandatario extranjero en ejercicio y con todos los privilegios, correspondientes a dicha dignidad, en este caso, inexistente, de seguridad, de vehículos para el transporte o de motos abriéndole paso a su comitiva.

Junto al proyecto de la convocatoria de la Asamblea Constitucional, el gobierno de Guido Bellido busca socavar la institucionalidad del Perú mediante iniciativas inconstitucionales como son la eliminación del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo.

PL y, más específicamente, su fundador, Cerrón tienen experiencia en la socavación institucional durante los años en los que este fue el gobernador de la región de Julín -de 2011 a 2014 y en 2019-, que acabó convirtiéndose en el laboratorio experimental de PL como organizador de un sistema regional corruptor de la democracia, basado en el clientelismo, y cuyas instituciones fueron penetradas por los militantes y las organizaciones de PL.

Posteriormente, Cerrón encabezó el asalto de PL a la Fiscalía y al Poder Judicial en todo el centro de Perú con el objetivo fundamental, aunque fallido, de liberarse él mismo de la condena por corrupción, que, finalmente, le impidió ser candidato a la presidencia del país o, en su defecto, ser nombrado presidente del consejo de ministros.

Lo que subyace a todas estas ideas, de acuerdo con la agenda de Cerrón, es garantizar la reelección continuada y, por lo tanto, la permanencia indefinida de PL en el poder.

El segundo riesgo que afronta Perú con este gobierno, ligado al anterior de la ruptura de la institucionalidad democrática, es el de la extensión de la corrupción, que, como se ha experimentado en otras jurisdicciones y en otros momentos históricos, se refuerza bajo sistemas dictatoriales y autoritarios, bien por la apropiación indebida de los recursos públicos para fines espurios e individuales, es decir, no sociales, o bien por la captura del sistema de Justicia, incluida la Justicia electoral.

Con la efectiva desaparición de la Justicia, Perú caería en la trampa de una democracia sin el sustento del Estado de Derecho y, por ello, en una democracia falsa, sin valores y bajo el gobierno de los peores; en definitiva, en una oclocracia.

Sin Estado de Derecho, Perú vería materializado el riesgo del asalto y del recorte a los principios de la libertad y de la libertad misma y se colocaría en una situación de indefensión para que se extendiera y se impusiera a la nación el comunismo que ya gobierna otros países de América.

En la práctica, esta destrucción se está empezando a desarrollar, por ejemplo, mediante la conversión de las tradicionales “rondas campesinas” peruanas en milicias urbanas a las que se querrá investir de autoridad para ejercer la seguridad en las ciudades, manejadas desde el gobierno, de forma similar a lo que ocurre en Cuba o en Venezuela.

Perú afronta, además, el riesgo de que su gobierno quiera organizar un sistema económico estatista, que actúe contra las reglas del mercado y que no respete la propiedad privada.

La realidad es que, desde el nombramiento del gobierno de Bellido, Perú está experimentando la profundización de la crisis económica previa a la celebración de las elecciones presidenciales.

Por último, el canciller Béjar, por lo menos, hasta el momento de su destitución, había declarado reiteradamente que Perú debería abandonar el Grupo de Lima.

El Grupo de Lima es una iniciativa multilateral, formada en la capital de Perú, en 2017, de la que forman parte once países -Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú-, que acompaña a la oposición al régimen dictatorial de Nicolás Maduro y que busca encontrar una solución pacífica a la crisis que se vive en Venezuela.

Lo que quería el canciller Béjar era situar a Perú en el eje La Habana-Caracas-Managua-La Paz.

Este sigue siendo el objetivo de PL, de Castillo, de Bellido y de Cerrón después de la salida de Béjar del consejo de ministros.

A la oposición política a PL le queda la opción de combatir este proyecto liberticida de forma unida, reforzar el papel político de la Asamblea Nacional como órgano de control parlamentario del gobierno, impulsar la movilización ciudadana, como ya ha ocurrido en los núcleos urbanos, y hacer un llamado a la comunidad internacional para que ayude a impedir la implantación y la expansión del socialismo del siglo XXI en el sur de América, después de haber tomado el poder en Perú, a Chile o a Colombia.

No obstante, en lo que hace al esfuerzo internacional de la oposición, es difícil imaginarse que América Latina vuelva a ser una prioridad de la política exterior y de seguridad para EE. UU.

Mientras la oposición se organiza y pugna por el éxito ante un reto tan enorme, a Castillo hay que escucharle y tomarle en serio.

Como había que haber creído lo que Chávez, Ortega o Morales anunciaron que iban a hacer en Venezuela, en Nicaragua o en Bolivia, respectivamente.

El escenario futuro para Perú es público y está anunciado por el propio gobierno del país.

El objetivo es terminar con la República de Perú, de forma similar, por ejemplo, a la suplantación que Morales hizo en Bolivia con su República a la que convirtió en el llamado Estado Plurinacional.

Pedro Castillo es el caballo de Troya del castro chavismo en Perú y Evo Morales, su punta de lanza, asesor y embajador plenipotenciario.

Lo que vive Perú, en estos momentos dramáticos, no es una confrontación de ideologías, ni de políticas, ni de liderazgos personales.

Perú está experimentando una crisis económica, social y política, una crisis de libertad, una crisis de Estado y una crisis de la democracia.

En Perú se está disputando la destrucción de la nación peruana.

Perú hace frente a una descomunal amenaza existencial para su supervivencia como nación.