Ecuador, criminales y políticos

Fernando Villavicencio, candidato del Movimiento Concertación a las elecciones presidenciales de Ecuador en 2023, fue asesinado en Quito, el 9 de agosto, a la salida de un mitin electoral de su organización.

Aquel mismo día seis colombianos fueron arrestados e imputados por dicho crimen.

Todos ellos fueron encontrados muertos dos meses después, el 7 de octubre, en la Prisión Litoral de Guayaquil, dónde estaban recluidos.

Durante esa campaña, Villavicencio proponía cambiar la legislación del país para hacer frente, por igual, a la corrupción política y a los vínculos de los jefes policiales con el crimen organizado.

Villavicencio acusó, semanas antes de ser asesinado, a José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, jefe del grupo criminal ecuatoriano Los Choneros, vinculado al Cártel de Sinaloa mexicano, de amenazarle de muerte.

“Fito” realizó dicha advertencia desde la cárcel, ya que se encuentra encarcelado en cumplimiento de una sentencia de 34 años por narcotráfico, por crimen organizado y por homicidio.

Las redes y las actividades del crimen organizado en Ecuador han crecido de forma significativa a lo largo de los últimos años.

Las razones de este fenómeno son una combinación de factores externos y de factores internos a la realidad ecuatoriana.

Ecuador se ha convertido en un territorio interdependiente de la producción y del tránsito de cocaína desde el sur de Colombia, dada la cercanía entre los centros de su elaboración, que se encuentran al otro lado de la frontera norte de Ecuador, y los puertos marítimos ecuatorianos del Pacífico.

La economía dolarizada de Ecuador ha facilitado las transacciones y los pagos del crimen organizado internacional –Transnational Organized Crime (TOC), en inglés- en este país, tanto la compra de la coca como el lavado de los beneficios derivados de este modelo de negocio.

Los actores del TOC que se han sentido atraídos por estos incentivos que les proporciona el entorno operativo de Ecuador se han beneficiado, asimismo, por las oportunidades que les ofrece un país de bajo riesgo para la pérdida de sus cargamentos.

La realidad es que los controles que el gobierno ecuatoriano ejerce sobre el tránsito de estos fletes por las carreteras y sobre su recepción o sobre su embarque en los puertos del país son muy reducidos.

Esta conjunción de vulnerabilidad alta de las fronteras y de escrutinio bajo en los puertos de Ecuador han convertido al país en un centro de operaciones del tráfico de coca a nivel mundial, dado que los niveles de riesgos son asumibles por los actores de la actividad criminal.

Ecuador se ha transformado en un nudo logístico para los grupos del TOC, ya que es una nación pequeña, que cuenta con muy buenas carreteras y que ha firmado, en los últimos años, un número importante de acuerdos de libre comercio con países de la Unión Europea.

Los servicios de Inteligencia europeos son conscientes de esta situación y tienen desplegados sus activos en el país para poder atenuar la llegada a Europa de los contingentes de la cocaína que proceden de Ecuador.

La importancia del TOC y del modelo de negocio del tráfico de drogas, de forma específica, y la ruptura del monopolio que solían ejercer Los Choneros dentro de los mercados ilegales del país han impulsado la diversificación de los verticales a los que se dedican los grupos criminales -extorsión, minería ilegal, tráfico de petróleo o de migrantes-.

Asimismo, estos dos factores han coadyuvado al surgimiento y el crecimiento de organizaciones delictivas de origen local y la conversión de Ecuador de un mercado muy lucrativo para el crimen organizado.

En definitiva, Ecuador se diferencia de Colombia o de México porque ha terminado convirtiéndose en un espacio donde operan, por igual, los grupos del TOC como los del crimen organizado local.

Ante este panorama lleno de amenazas, el Estado ecuatoriano está mostrando su debilidad a la hora de controlar a las organizaciones criminales, que, en su versión local, son gestionadas desde el interior de las prisiones, dónde se ubican los cuarteles generales de todos estos grupos.

El asesinato de Villavicencio, cuyos ejecutores siguen siendo desconocidos, es la prueba más reciente del proceso de incremento de la violencia política y de la impunidad de aquellos que ejercen actividades criminales en Ecuador.

La falta de respuesta del Estado es causa y consecuencia, a la vez, de la conexión cada vez más estrecha entre los actores políticos y los del crimen organizado, ya que, ambos, están interesados en mantener el statu quo actual.

El reto para el presidente Daniel Noboa, electo el pasado mes de agosto, es monumental.

En 2016, Ecuador era el país con la segunda tasa de homicidios más baja de Iberoamérica -5,6 por cada 100.00 habitantes-, mientras que, en cambio, a final de 2023 contará con la tercera más alta -40 por cada 100.000 habitantes, de los que 8,5 de cada 10 son provocados por la violencia criminal- de la región.