La exministra de Cultura de Colombia exigió pagar con objetos a los cazatesoros

Por primera vez se conoce la opinión de la empresa elegida por el presidente colombiano Juan Manuel Santos para el rescate del San José. En una respuesta judicial, la compañía aporta pruebas de que la exministra de Cultura, Mariana Garcés, no quiso contemplar jamás el pago monetario y decidió que lo que había que darles por su trabajo eran objetos. Oro, plata y piezas arqueológicas al peso, según el contrato. No quiso defender la idea de que todo lo rescatado podría quedarse en Colombia.

La noticia, documentada con sendos oficios emitidos por el Ministerio de Cultura de Colombia, es que la empresa de cazatesoros MACS, llamada a efectuar el rescate del galeón San José, pidió a la entonces ministra Mariana Garcés reiteradamente que se pagasen sus trabajos con dinero y no con parte del tesoro, como una manera de solventar conflictos, a lo que la exministra se negó rotundamente. Es la primera vez que la empresa aporta su criterio con respecto a la polémica que acompaña al galeón desde 2015, puesto que siempre había respondido el Gobierno en su nombre ante las polémicas.

Las evidencias documentales muestran la negativa expresada en varias ocasiones, por el equipo ministerial, a cualquier solución que permita mantener unido todo el patrimonio asociado con el galeón, todos los restos rescatados, insistiendo en el reparto pactado anteriormente con MACS y que estuvo protegido bajo el secreto de Estado que cubrió el proyecto por más de dos años, desde diciembre de 2015 a finales de marzo de 2018.

Los oficios, emitidos por Garcés en noviembre de 2016 y febrero de 2018, aparecen citados en las alegaciones de la empresa MACS (Maritime Archaoelogy Consultants Switzerland) al Tribunal de Cundinamarca, que se han filtrado hoy. Esta instancia debe juzgar la acción popular presentada por el abogado César Duarte, que solicitaba la paralización del proyecto y demandaba al Gobierno Colombiano por atentar contra los principios de conservación del patrimonio, de los que debe ser garante.

El 30 de septiembre de 2016 -según la empresa-  se propuso “un método de remuneración fundamentado en la valoración monetaria de los bienes recuperados con el fin de evitar que el pago se realizara mediante la entrega de objetos“.

“El pago con dinero no será considerado”

Y el 17 de noviembre, los cazatesoros reiteraron esa petición argumentada: pensaban que la comercialización de los objetos se vería restringida por los riesgos derivados de posibles reclamaciones de terceros Estados (España, Bolivia, Perú…) o compañías privadas (Sea Search Armada).

Hay una primera respuesta del Ministerio indicando en el oficio 110-0567-2016 que “el Proyecto aprobado en etapa de prefactibilidad implicaba que no habría desembolso de recursos públicos“. Por ello “la única alternativa viable para la nación de retribuir al contratista era mediante la entrega de objetos”. Hay que recordar el compromiso de Santos desde el principio: que Colombia no desembolsaría ni un peso para el que se vendía como “el más ambicioso proyecto” arqueológico planteado hasta entonces. En consecuencia, “la propuesta de remuneración contenida en la propuesta de factibilidad y que se fundamenta en la valoración monetaria no será considerada por este Ministerio“. Palabra de Mariana Garcés, titular de la cartera de Cultura hasta el pasado agosto.

La aparición de estos documentos hace a los observadores consultados preguntarse por su sentido implícito. En ellos se produce, visiblemente, una separación de MACS y los mandatarios vinculados a Santos, que abandonaron el poder con él el pasado agosto, sin poder cerrar el contrato como preveían. Esa táctica puede servir para ponerse en buena disposición con el nuevo Gobierno de Iván Duque mostrando la posibilidad de un pago en dinero por sus servicios apareciendo como contratistas fiables, lo cual permitiría no romper el contrato pactado por Santos con los financieros de la operación. Y evitaría reclamaciones.

Pero también producen una extraña sensación, según las mismas fuentes, al mostrar a los cazatesoros preocupados por no desgajar los restos del galeón para su venta y a los responsables del Gobierno tratando por todos los medios de efectuar el reparto. ¿El mundo al revés? Lo malo es que de momento nada indica que Duque haya tomado una decisión al respecto, tan solo ha decidido alejar el asunto del galeón de la actual ministra de Cultura, Carmen Inés Vásquez Camacho, y lo ha puesto en manos de su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez. Máximo nivel político de decisión.

¿Pidieron a santos una licitación pública?

Pero aún hay más en estos documentos judiciales, filtrados hoy. MACS pidió en febrero de 2018 al Gobierno de Santos que realizara la contratación por medio de una licitación pública para evitar algunos de los problemas que finalmente lastraron el proceso elegido por el Gobierno, basado en esa Asociación Público Privada (APP) cubierta por el secreto de Estado. Al final aquellas trabas impidieron al expresidente, como era su compromiso, dejar el contrato firmado con MACS y los trabajos sobre el pecio en marcha.

MACS aduce que quiso “preservar la integridad legal del proyecto y evitar posibles acciones tendentes a cuestionar la adjudicación del contrato“. En esa comunicación solicitaban “la estructura de contrato más sólida y precisa” para eliminar todo riesgo de nulidad del proceso. Una vez más, se queja MACS, el Ministerio tiene claro que no cambiará un ápice sus planes: “La única forma viable de pago al contratista es mediante la entrega de objetos”, responde en el oficio 110-0193-2018. Subrayaba que, en todo caso, ya que era una posibilidad incluida legalmente, “el pago en dinero se hará con recursos generados por la explotación económica del proyecto” solamente. Es decir que podría en teoría pagarse con dinero “cuando existan recursos generados por el proyecto los cuales estarán materializados en bienes no patrimoniales”.

Hasta ahora sabíamos que la empresa MACS, el originador del proyecto, diseñó el reparto y el contrato realizado en secreto y durante dos años afinado en sus más pequeños detalles, que incluían el pago por objetos al peso, oro y plata de los que el Gobierno de Colombia habría pagado menos si tenía en cuenta su valor numismático y patrimonial. Pero el “orginador” tenía más prerrogativas en la licitación. Incluso si otra empresa presentaba una oferta mejor, antes de quitarle el contrato se le ofrecería igualarla. Todo el proyecto estaba diseñado para MACS, específicamente.

Hasta ahora conocíamos que las cuestiones de reparto fundamentan la inmensa mayoría de los textos contractuales de la APP para el Galeón San José. Eran el 90% del proyecto inicial presentado al Ministerio por Roger Dooley. MACS los presentaba y se negociaban con el equipo de la exministra de Cultura. La ciencia, sobre estos papeles oficiales, está relegada a un término secundario, a una nota al pie.

Ahora, tras leer las alegaciones de MACS, no queda más remedio que aceptar que la exministra Garcés y la Administración de Santos jugaron un papel esencial en los puntos más polémicos y desgraciados del proyecto. Su primer paso fue cambiar la legislación de patrimonio con la aprobación de la ley 1675/2013 que permite pagar a cazatesoros con parte de la carga (oro, plata, monedas, lingotes y joyas, cargas comerciales y objetos manufacturados, por el simple hecho de decir que están repetidos y no son patrimonio. Eso sí, la Ley nada decía de venderlos al peso).

Desde entonces hay contacto con cazatesoros en el entorno del Gobierno de Santos, que fue incapaz de poner en marcha el “dream team” prometido y nunca aclaró por qué para dar a conocer el patrimonio de todos los colombianos debía pagar, quería pagar -a tenor de lo visto en los oficios emitidos por Cultura- con el 47% de los objetos que sean extraídos, descartando cualquier otra opción.

Ahora MACS aduce en esa respuesta que ha cumplido su parte y que la modificación de los planes pactados con Santos y su Gobierno serían una falta de garantías jurídicas. Expertos consultados por este blog ya dijeron en su día que la falta de garantías residía más bien en el secreto que rodeaba toda la génesis del proyecto, que impedía que cualquier otra empresa deseosa de participar lo hiciera en condiciones de igualdad. Con su advertencia contra cambios no deseados, MACS lanza una amenaza velada al nuevo Gobierno, en el caso de que Duque se animara a romper los compromisos adquiridos por Santos.