España se dispone a pedir información al consulado de Miami sobre el continuo expolio de los restos de la flota de 1715 y anuncia que solicitará la opinión del abogado James Goold — El Estado de Florida alienta la industra cazatesoros quedándose con el 20% de cada botín sin importar los métodos de extracción
El Gobierno se dispone a solicitar información al consulado español de Miami tras los recientes anuncios de diferentes compañías de cazatesoros de que han extraído monedas de oro de los pecios de la flota de 1715 hundidos frente a Florida, en la llamada Costa del Tesoro. Así mismo, y teniendo en cuenta de que se trata de buques de Estado, se consultará con el abogado James Goold, que representó a España en los casos del Juno y la Galga contra Sea Hunt y de la fragata Mercedes contra Odyssey. España ganó ambos casos (precisamente porque se trataba de buques de Estado con inmunidad soberana), y desde el Gobierno tanto como desde el despacho de abogados de Washington se dijo que sentaban un precedente que influiría en la actividad de las compañías cazatesoros: “Si los cazatesoros no han captado el mensaje es que viven en una cueva”, declaró Goold a ABC. Pero lo cierto es que el expolio continúa, en especial el que sufre esta malhadada flota que naufragó en julio de 1715 por causa de un terrible huracán. Esperemos a ver qué dan de sí estas consultas.
El hallazgo de 350 monedas de oro en los yacimientos de Vero Beach (Florida), donde se hundió la flota de 1715, ha vuelto a abrir en toda su crudeza el debate de los cazatesoros y la destrucción del registro histórico de origen hispánico en EE.UU. a manos de estos «mineros» del patrimonio, que solo extraen el oro y los objetos que pueden vender. Cuando recordamos la flota de 1715, hablamos de once barcos naufragados y mil marineros muertos, una historia tan española como americana, además de las célebres monedas que estas pequeñas empresas de cazatesoros extraen, sin que les importe destruir el yacimiento y el contexto en el que han permanecido durante 300 años.
Menos de un mes después de que una conocida familia de cazatesoros recuperara, utilizando un detector de metales, 60 monedas de oro y las presentase como siempre con una valoración irreal con el fin de atraer inversores, la compañía 1715 Fleet-Queens Jewels, poseedora de los derechos sobre varios lugares del naufragio, ha hecho el anuncio de este nuevo hallazgo. Su fundador, Brent Brisben, realizó ayer una ronda por cadenas de televisión y medios anunciando las tradicionales valoraciones hinchadas del hallazgo de cara a su venta. Llegó a hablar de piezas únicas que no lo son (8 ducados de oro, caudal corriente en las flotas de Indias y lo que él denomina «reales») y en el siguiente vídeo se le ve celebrando su hallazgo (y explicando cómo funciona la maquinaria político-legal que permite estos expolios en Florida) y declarando con un lenguaje alejado de la ciencia la maravilla que sería hallar un pecio con tesoro “virgen”.
Para mayor escarnio, el Estado de Florida es cómplice de esta práctica destructiva puesto que se queda con el 20% de los objetos expoliados, animando la actividad y dejando que los aventureros se repartan el resto del botín, obtenido con los más dañinos métodos. Se trata de una práctica indigna de cualquier país civilizado que cuide el patrimonio. ¿Cuáles son estos métodos? Aplican por medio de unos tubos toda la fuerza de los motores de sus barcos contra el fondo marino. Así excavan enormes agujeros que arramblan con todo y solo dejan a la vista los metales, destrozando cualquier otro elemento arqueológico, cerámicas, madera o restos humanos, si los hubiera, y borrando el contexto del hallazgo.
Además, como explica muy bien el fundador de la empresa cazatesoros 1715 Fleet-Queens Jewels, Brent Brisben, los juzgados de distrito en EE.UU. otorgan a estas empresas exclusividad sobre los lugares en los que están localizados los yacimientos, que nunca se han estudiado científicamente y ya nunca serán objeto de estudio, una vez destruidos. Parcelan zonas arqueológicas para satisfacer intereses particulares.
Como recordábamos más arriba, España ha vencido en dichos tribunales de distrito dos veces a los cazatesoros en sendos juicios bien llevados pero de costes millonarios. Contra Sea Hunt, en 2000, por el expolio del Juno y la Galga, y en 2012 contra Odyssey Marine Exploration por el de la fragata Mercedes. En ambos casos la inmunidad soberana de los buques de Estado, que es inalienable, imprescriptible e inembargable, fue el principio que dio la victoria a España. Aquellas dos sentencias firmes, valoradas como precedentes que iban a sentar jurisprudencia, serán papel mojado si aquí se expolian once buques de Estado y el Gobierno no se plantea un cambio de política o una protesta la embajada de EE.UU. Desde todos los sectores arqueológicos se pide otro nivel de actuación (diplomático o político) porque resulta evidente que el problema sigue destruyendo el patrimonio. Lo que no se puede asumir es una política basada únicamente en personarse en cada demanda de exclusividad de pecios presuntamente hispanos.
Desde 2008, ABC ha denunciado lo que ocurre con la flota de 1715, gracias al informe preparado entonces por el abogado José María Lancho, investigación que aún no ha sido atendida por el Ministerio de Cultura y que ponía de manifiesto la implicación de Florida y otras instituciones norteamericanas en el mantenimiento de esta industria y en la destrucción del registro histórico que compartimos. Asímismo desde este blog hemos denunciado la parálisis que se ha impuesto en el único juicio a Odyssey en España, la querella presentada en 2007 ante el juzgado número 2 de La Línea de la Concepción, que ni siquiera ha terminado sus diligencias previas ocho años después del expolio de la Mercedes. ¿Por qué no dejar que los Tribunales españoles entiendan de los expolios a buques de Estado?
Placa en homenaje a las víctimas de la Mercedes
Precisamente ahora, cuando se cumplen ocho años del caso Odyssey, se da la circunstancia de que una misión está inspeccionando estos días cómo quedó el pecio de la fragata Mercedes. Es la primera actividad arqueológica con medios estatales sobre el yacimiento, tras ocho años de pasividad que terminaron cuando el nuevo director general de Bellas Artes, Miguel Ángel Recio, tomó la decisión de realizar esta inspección. Uno de los más modernos buques del Instituto Español de Oceanografía, el Ángeles Alvariño, y la tripulación coordinada por Iván Negueruela, director del Museo Arqua de Cartagena, están realizando esta misión y depositaron ayer en el fondo marino, a más de 1.100 metros de profundidad, una placa en memoria y homenaje a los muertos en la batalla del cabo de Santa María, el 5 de octubre de 1804, en la que la fragata fue hundida.
A su regreso a Cádiz, se espera que el Ministerio de Cultura, que no quiso presentar públicamente el proyecto de esta intervención, dé a conocer los detalles y resultados de la misión.
Otros temas
