¿Y por qué No
a las listas públicas de defraudadores?

Me temo que va a tener poco éxito la idea expresada ayer por Rajoy de una posible modificación legal para hacer públicos los nombres de los defraudadores a Hacienda. El presidente añadió “grandes”, grandes defraudadores, pero ha dado igual el adjetivo. Las primeras reacciones han sido muy negativas. ¿Qué derecho tendría el Estado a revelar esa identidad? ¿Dónde, en qué cifras, se pone la frontera entre lo que es publicable y  lo que no? ¿No huele a persecución del Estado a los ciudadanos? Y otras preguntas tales como ¿Por qué no publica antes el Estado sus propias deudas a empresas e individuos?

Admito la pertinencia de las preguntas anteriores, pero me sorprende la oposición generalizada a la medida en estos tiempos en que todo el mundo está entusiasmado con la exigencia de transparencia a los políticos, a los partidos políticos y al Estado. Si la clase política debe ser transparente y estar en disposición de demostrar limpieza absoluta, ¿por qué no el ciudadano?

La respuesta habitual a la anterior cuestión es que los políticos son quienes mandan y hacen las leyes y los ciudadanos obedecen y las cumplen. Tal argumentación es una verdad a medias en democracia dado que los políticos son elegidos y cambiados por los ciudadanos. Pero, sobre todo, y esta es la razón principal a favor de iniciativas tales como las listas públicas de defraudadores, no puede dar lecciones morales a los políticos o llevarse las manos a la cabeza por la corrupción (en la encuesta del CIS publicada hoy, por ejemplo) quien no está dispuesto después a aplicarse esas mismas exigencias a si mismo.

O, políticos transparentes, sí, pero ciudadanos transparentes, también.