Me compré “Edge of Chaos. Why Democracy is Failing to Deliver and How to Fix It” de Dambisa Moyo porque el título y el tema me parecieron muy sugerentes. Durante las 165 primeras páginas, en las que la autora se centró en hablar del crecimiento económico, lamenté horriblemente haberme comprado el libro. Por suerte llegué a la página 166, en la que Moyo comienza a dar las recetas para reformar nuestros sistemas democráticos y allí todo cambió. Las últimas sesenta páginas del libro me parecieron de verdad interesantes.
Moyo comienza mencionando los cuatro fenómenos que están en la base de la insatisfacción de los ciudadanos con la democracia: la caída en los niveles de vida, el freno de la movilidad social, la injusta distribución de la riqueza y el paro y el subempleo. Todo ella lleva a una menor cohesión social y a la polarización. La receta que propone Moyo es el crecimiento económico, que en los últimos años ha sido anémico en muchas democracias. Debo reconocer que ocasionalmente Moyo da indicios de que ella misma es consciente de que su receta tiene algunas debilidades, pero porfía en ella.
Yo soy bastante más escéptico que ella sobre las bondades del crecimiento económico per se. Reconozco que la tasa de crecimiento económico tiene la ventaja de que permite hacerse a la idea de si las cosas van yendo bien o no y que son herramientas fáciles de utilizar por los decisores políticos y económicos. No obstante, el crecimiento del PIB como herramienta presenta algunos problemas, que cada vez son más evidentes: 1) Vivimos en un mundo de recursos finitos y es probable que si todos creciéramos a tasas chinas del 6-8% el planeta no lo pudiera soportar; 2) El crecimiento ofrece una visión sesgada de la economía, y de paso del ser humano al que considera como un homo oeconomicus sin más, y no mide bien las externalidades. No mide el trabajo de una familia que cuida con cariño del abuelo senil; en cambio, si ese abuelo estuviera en una residencia mal tratado y deprimido y tuviera que tomar prozac, el PIB se dispararía. El PIB no mide lo que se pierde en términos de belleza y de medio ambiente cuando se construye una fábrica en un valle. Keynes no creía que el crecimiento a toda costa fuera el objetivo esencial de la economía. Pensaba que una vez satisfechas las necesidades básicas y alcanzado un cierto nivel de bienestar, podíamos conformarnos con un crecimiento mínimo y dedicarnos a disfrutar de la vida y a ser personas, no animales económicos.
Se ha intentado corregir esta visión economicista de la sociedad introduciendo otros índices. Por ejemplo, el Índice de Desarrollo Humano que toma en cuenta otras variables, como la esperanza de vida y la educación. El Índice de Progreso Social considera una serie de indicadores más allá del PIB, como son el acceso a la electricidad o la tolerancia religiosa. El Índice de Prosperidad Legatum, que tiene en cuenta 89 variables, que incluyen el porcentaje de ciudadanos que se dedican al voluntariado o la libertad de religión. Todos estos índices son un paso en la dirección correcta de no medir todo en función del PIB, pero todavía no han sido completamente incorporados a los procesos de decisión política.
Moyo también es partidaria de la globalización y del Consenso de Washington. Para ella el problema no son la globalización ni el Consenso de Washington en sí, sino los políticos que, con políticas cortoplacistas y proteccionistas, los han minado. O sea, que no hemos tenido un exceso de globalización, sino un déficit y así nos va como nos va. “Esta forma diluida de globalización fracasó en conseguir crear un crecimiento equitativo, permitió que la economía se estancase y dejó a los políticos vulnerables a los millones de votantes desafectos que culparon a la globalización del deterioro de sus circunstancias.”
Aquí discrepo totalmente con Moyo. Tal vez no se hayan aplicado todas las recetas de la globalización y del Consenso de Washington al 100%, pero rara vez en los asuntos humanos se aplican las recetas completas. Lo cierto es que durante varias décadas fueron las ideologías dominantes y se las siguió en buena medida. Aun reconociendo los aspectos positivos que tenían, el resultado final ha sido decepcionante: aumento de las desigualdades sociales, financiarización de la economía, cadenas de valor globales, que tal vez no sean medioambientalmente asumibles, bajadas de salarios y caídas en los niveles de vida… Antes de seguir elogiando la globalización como hace Moyo, creo que viene bien leer “The collapse of globalism” de John Ralston Saul, que comenté aquí en noviembre de 2019.
Habiendo discrepado de la autora a lo largo de 165 páginas, fue una agradable sorpresa llegar al capítulo 7 y leer las propuestas que hace para la regeneración de nuestras democracias. No son propuestas totalmente originales. La mayor parte ya las he leído en otras partes, pero Moyo es buena divulgadora y su presentación merece la pena. Desgrano estas propuestas:
1) Poner fin a la inconsistencias en las políticas, que ocurren bien cuando un político decide hacer tabla rasa de lo que hizo su predecesor, bien cuando el Legislativo interviene y deshace lo que había acordado el Ejecutivo (muy habitual en el sistema norteamericano). Un ejemplo de cómo se combinan los dos elementos anteriores: el Presidente Obama concluyó el Tratado del Partenariado Transpacífico, que era un Tratado de Libre Comercio de nueva generación que otorgaba a EEUU un peso preponderante en la arquitectura comercial de Asia-Pacífico; el Congreso frenó su ratificación y cuando el Presidente Trump llegó al poder, lo primero que hizo fue retirar a EEUU del Partenariado Transpacífico.
Otro ejemplo, que nos pilla más de cerca: las leyes educativas. Desde 1970, España ha tenido ocho leyes de educación: la Ley General de Educación (LGE) de 1970, la Ley Orgánica Reguladora del Estatuto de Centros Escolares (LOECE) de 1980, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) de 1985, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990, la Ley Orgánica de Calidad en la Educación (LOCE) de 2002, la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) de 2013 y la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) de 2020. Si tenemos en cuenta que hacen falta como quince años para empezar a ver los resultados de las reformas educativas en la enseñanza primaria y secundaria, estos ocho cambios parecen muchos cambios.
Moyo discute cómo se podría vincular a los políticos con las decisiones de sus predecesores para evitar este tipo de bandazos, pero ella misma reconoce las dificultades: el Poder Legislativo es soberano y no tiene por qué dejarse atar por las decisiones de la legislatura precedente; ¿qué ocurre si el gobierno anterior tomó decisiones sobre, por ejemplo, infraestructuras, que generarán una deuda insoportable a medio plazo? ¿el Gobierno actual debe considerarse vinculado por una mala,- y tal vez corrupta decisión-, de su predecesor?; las circunstancias pueden cambiar tanto, que hagan inevitable un cambio de rumbo. Tal vez las únicas maneras de asegurar una consistencia sean: 1) Fijación de plazos durante los cuales la ley o decisión no se podrá alterar o revertir; 2) Establecer un sistema complejo para la enmienda de leyes clave y que necesitan una continuidad, como son las leyes educativas.
2) La financiación de las campañas electorales. Las campañas electorales se han convertido en procesos muy costosos, que hace que los candidatos deban recurrir a donantes ricos, lo que da a éstos un poder de influencia enorme sobre el proceso político. Esto es más cierto en EEUU que en Europa. En todo caso, algunas medidas que serían recomendables: 1) Poner un techo al gasto electoral y a las cantidades que un solo donante puede dar; 2) Prohibir completamente las contribuciones de particulares y compañías; 3) Regulación más estricta de la propaganda electoral, que podría ayudar a disminuir sus costes.
Moyo se olvida de mencionar que el problema no son únicamente los votantes ricos, sino también los lobbies que tienen medios para influir sobre los políticos de múltiples maneras y que acaban secuestrando la democracia.
3) Mejorar la calidad de los políticos, ofreciendo salarios que sean competitivos con los del sector privado. El objetivo sería atraer talento, así como dar un incentivo extra al buen desempeño. El buen desempeño, además, se podría incentivar aún más si parte del salario se diera en un momento posterior en forma de bonificación y sólo si el país tiene buenos resultados en una serie de parámetros. Con esto se conseguiría que los políticos tuviesen más en cuenta el largo plazo; ¡a fin de cuentas una jugosa compensación dependería de ello! Sería conveniente que esto fuera acompañado de la supresión de las puertas giratorias. Singapur tiene la política de pagar a sus cargos salarios similares a los del sector privado y los resultados en lo que se refiere a la atracción de talento y a la escasa corrupción son muy positivos.
4) Desanimar el cortoplacismo, uno de los elementos que Moyo ha identificado correctamente como de los más dañinos para las democracias. Para ello serían más aconsejables mandatos más largos, que irían acompañados de limitaciones en el número de mandatos. Australia y Nueva Zelanda tienen mandatos cortísimos de tres años, lo que a primera vista parecería más democrático. Puede que sea más democrático, pero también es más ineficiente. Los políticos dedican una buena parte de su tiempo a estar en campaña electoral y pierden la concentración en el largo plazo. Por otra parte, el problema de los mandatos largos es que el ánimo de la población puede cambiar y ponerse en contra del político en el poder o bien que el líder resulte una calamidad. No es lo mismo pensar que le quedar dos años de un mandato de cuatro al presidente al que detestas o que está haciendo las cosas mal, que pensar que le quedan cuatro de seis. Cuatro o incluso cinco años me parece una longitud de mandato adecuada; tres es demasiado poco y seis demasiado largo.
5) La imposición de limitaciones en el número de mandatos, ya mencionada en el punto anterior.
6) Mejorar la calidad de la clase política. Para ello sería imprescindible que la política dejara de ser una carrera y dejar de tener políticos que lo único que saben del mundo exterior es lo que ven en los telediarios. Los candidatos deberían tener una experiencia previa bien en el sector privado, bien en el público, antes de concurrir a un cargo público. Complementariamente, se podrían exigir unos mínimos de edad para ocupar cargos, lo que disuadiría a quienes inician sus carreras políticas casi al salir del colegio. Algo similar sugería el ex-Canciller alemán Helmut Schmidt en su libro “Fuera de servicio”, un libro que recomiendo vivamente.
7) Reducir el número de circunscripciones “seguras”. Éste es un problema que se plantea sobre todo en el sistema norteamericano, donde los legislativos estatales tienen el poder de delinear los distritos electorales. Es una práctica habitual delinearlos de tal manera que haya distritos en los que sea imposible que el partido que los diseñó, pierda. Una vez leí de un distrito en Florida tan largo y estrecho que si conducías por la carretera que lo delimitaba con la puerta abierta, podías cargarte a todos los votantes del distrito. Evidentemente es una exageración, pero sirve para dar una idea de lo lejos que se ha llegado en EEUU.
8) Hacer el voto obligatorio para fomentar una elevada participación. Con esto se trata de conseguir mantener a la ciudadanía interesada en la política y evitar que haya sectores de la población marginados del proceso político, porque nunca van a votar.
9) Igual que necesitamos mejores políticos, también necesitamos mejores votantes. Nos hemos criado en la convicción de lo justo es 1 persona = 1 voto, pero Moyo se pregunta si una buena parte del electorado está en condiciones de valorar realmente los resultados de su voto. ¿Cuántos de los que votaron en el referéndum del Brexit conocían realmente las consecuencias de su voto?
Moyo sabe que esta propuesta es impopular y propone varias maneras de ponerla en práctica: pasar un examen cívico; pasar clases obligatorias de civismo; voto ponderado de forma que el voto de determinados votantes pese más… A mí estas propuestas me parecen equivocadas. Si queremos votantes bien informados y que sepan lo que votan, tenemos que empezar por la enseñanza obligatoria, debemos crear sistemas educativos que formen realmente a las personas y no los desastres que tenemos ahora. También, si queremos que los votantes estén informados, necesitamos unos medios libres y de calidad.
Los temas que plantea Dambisa Moyo son importantes y urgentes. Un electorado hastiado con la clase política tradicional es presa fácil de los populismos. Además, ya no vivimos en los tiempos de Francis Fukuyama, cuando parecía que la democracia liberal era el único sistema posible y que era el destino final de la Humanidad. En los últimos diez años ha emergido con fuerza el modelo chino, que promete desarrollo, planificación a largo plazo y sacar a la gente de la pobreza, pero no democracia y libertades.
En los años 30 del siglo XX hubo un momento en el que pareció que las democracias liberales eran un modelo arrumbado y que el futuro sería fascista, comunista y nazi. Las democracias mostraron su capacidad de resistencia y sobrevivieron, reinventándose. ¿Serán capaces de repetir esa reinvención en el siglo XXI?
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