La propiedad privada cuelga de un hilo y puede desaparecer en Venezuela de un momento a otro. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó la despenalización de las invasiones en las fincas, lo que abre las puertas a la anarquía, la violencia y a la ley de la selva.
El fallo del TSJ, que consagra el derecho de invadir en el campo, y eventualmente en la ciudad, ha puesto a temblar a todo aquel que tenga una propiedad, no sólo de terreno e inmueble, sino de cualquier medio de producción y transporte.
La sentencia 1.881 emitida el pasado 8 de diciembre por la Sala Constitucional del TSJ dice: “Por encima de los derechos particulares, se sobreponen los derechos que emergen del uso del bien destinado a la producción de alimentos o rubros útiles para el consumo humano, que permitan satisfacer las necesidades agroalimentarias de quien la produce o trabaja como de su entorno”.
El diario El Nacional ha entrevistado a Román Duque Corredor, experto en Derecho Agrario y ex presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Considera que la sentencia marca un grave precedente y “consagra el derecho a invadir en el campo, a perturbar violentamente la posesión de bienes inmuebles y adicionalmente a incendiarlos”.
Victor Hernández Mendible, especialista en Derecho Público, sostiene que el fallo del supremo tribunal genera inseguridad jurídica para quienes son dueños de terrenos rurales y agroproductivos además de impulsar la invasión masiva de fincas productivas.
“Esto obviamente va a afectar la producción, las inversiones en materia agropecuaria, el otorgamiento de créditos agrícolas. La sentencia atenta contra la seguridad alimentaria que supuestamente pretende defender”, concluye Mendible.
A medida que avanza la campaña electoral también avanzan las invasiones. Según el Observatorio de Derechos de Propiedad del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico. Este año se han producido 246 invasiones de fincas que representa un aumento de 750 por ciento con respecto del 2010 cuando hubo apenas 29.
Felipe Benítez, director del Observatorio, señala que “lo novedoso es que los ataques contra la propiedad, que provenían directamente del Estado venezolano, ahora vendrán de terceros porque será legítimo que cualquier persona invada un bien determinado”.
“Lo más alarmante es que la sentencia del supremo tribunal pondrá a pelear a unos ciudadanos contra otros”, afirma.
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