Como muchas mujeres, en mi vida he sufrido involuntariamente situaciones incómodas o de riesgo frente al sexo opuesto. Y cada fin de semana me desvelo cuando una de mis hijas sale de fiesta o se mueve sola en la noche, exponiendo su fragilidad frente a las manadas de depredadores sexuales, indeseables, ladrones y borrachos que circulan por ahí.
Y ante esto, yo lo que quiero es que los esfuerzos de las administraciones públicas se vuelquen en evitar el delito: lo primero, con una mejor educación en valores para nuestros chicos (hoy expuestos desde pequeños a la más cruda pornografía que cosifica a la mujer y banaliza las relaciones sexuales). Después, seguir aumentando los medios para proporcionar la mayor seguridad en la calle. Y por último pero no menos importante, el efecto disuasorio que provoca el futuro castigo de los culpables.
Porque ¿de qué sirve modificar el código penal si los malos no cumplen sus condenas? Dentro de que todo es mejorable hasta el infinito, los delitos de violación, abusos, secuestro, robo con violencia, asesinato… están prolijamente descritos en nuestra legislación. Pero ahí están numerosos casos sangrantes, como el de Sandra Palo, que costó únicamente cuatro años de prisión al Rafita, uno de sus atroces asesinos y violadores, o la libertad de El Cuco y Samuel Benítez sin confesar dónde está el cuerpo de Marta del Castillo. Centrándonos en los Sanfermines, Diego Yllanes fue condenado por la violación y asesinato de Nagore Laffage pero sólamente nueve años después salió de la cárcel; hoy trabaja en una clínica, atendiendo a pacientes que desconocen el pasado de quien debería sanarles.
Parece que con el consentimiento expreso frente a las relaciones sexuales, los jueces (ya se sabe, no muy listos ellos) ya no van a tener ningún problema en interpretar la ley. Supongo que este consentimiento se aplicará de forma semejante a la nueva ley de protección de datos, marcando la casilla de un texto larguísimo que pocos leen. En Universidades de Estados Unidos se están distribuyendo “kits de consentimiento a los estudiantes”, que con un precio de poco más de 1 euro incluyen un condón, mentas para el aliento y un contrato sexual, que ambas partes deben firmar y que dice “¡SÍ! ¡Aceptamos tener sexo!”. Pero ¿y si después de esta firma las cosas no salen como esperaba, la chica tiene miedo o se arrepiente? Ah… ¡Lo siento, firmaste el papel!
Lo que necesitamos es unos jueces justos, unos fiscales profesionales y una administración penal coherente, que garanticen castigos acordes a los delitos, cumpliendo así su efecto disuasorio. Y no este gobierno que quiere derogar la prisión permanente revisable, pero aprovecha un estado de opinión coyuntural en torno a los delitos sexuales para realizar un flagrante ejercicio de populismo que les ayude a conseguir el crédito que no han obtenido en las urnas.
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