Como seguramente sabrán, los Rectores de las universidades públicas catalanes han mostrado pancartas en los jardines de la Universidad de Barcelona (UB), con el mensaje “Amnistía, hagámonos libres”, apoyando una convocatoria de Òmniun cultural. Al destacar desde Òmnium el apoyo de los rectores, han subrayado el papel de las universidades como «espacio de excelencia donde conviven e interactúan miradas muy diferentes sobre la sociedad», añadiendo que los rectores «han vuelto a demostrar que están siempre del lado de los derechos y las libertades».
Como era previsible, unos 800 profesores universitarios de toda España remitieron una carta abierta a los rectores de las universidades públicas catalanas, en la que criticaban de forma contundente los manifiestos de esos centros a favor de la libertad de los presos por la sentencia del 1-O.
Estos profesores argumentan que están «radicalmente desacuerdo» con el contenido «aberrante» del manifiesto. Defienden que los órganos de gobierno de las universidades están conformados por profesores, estudiantes y personal de administración y servicios, que «en modo alguno han sido elegidos por sus ideas políticas». Y añaden que por eso «carecen de legitimidad moral para pronunciarse sobre cuestiones de orden político en nombre de las personas a las que representan». «La libertad de expresión –añaden los firmantes de la carta- es un derecho fundamental que corresponde exclusivamente a las personas y que una administración se exprese en nombre de todos sus miembros implica una evidente agresión a otro derecho fundamental, la libertad ideológica, protegida por el artículo 16 de la Constitución».
Los profesores que suscriben el manifiesto defienden que es «incompatible con la misión de la universidadcontribuir a dibujar en la esfera pública un pensamiento único sobre cualquier tema, máxime cuando se trata de asuntos que generan una fuerte controversia social».
No puedo estar más de acuerdo con la carta de estos profesores a los que me uno en mi condición de catedrático universitario. La libertad no está dividida por parcelas, sino que en los sistemas democráticos es un valor superior que asegura la libre determinación de las personas en el marco de la Constitución, que es la Norma de convivencia democrática que se ha dado el pueblo español. No hay, por tanto, libertad democrática fuera de la Constitución y las leyes, y los condenados por el 1-O lo han sido por haberse alzado públicamente y de forma tumultuaria contra nuestra Ley de Leyes.
Pero, por si lo anterior no fuera poco, tienen toda la razón los profesores que suscriben el manifiesto porque los rectores en modo alguno han sido elegidos por sus ideas políticas, y carecen de legitimidad moral para pronunciarse sobre cuestiones de orden político en nombre de las personas a las que representan.
Finalmente, cualquiera que lea una obra o vea una película sobre el nazismo comprenderá cómo se obtienen esos “apoyos” como el de los rectores: no por la fuerza de la razón, sino por la razón de la fuerza.
Política