Todos a la cárcel

Los ecos del 23-F de hace 36 años producen cacofonías por el golpe que ha supuesto la resolución del Tribunal del caso Nóos respecto al cuñado del Rey. Un revés que en lugar de afianzar la Monarquía, la vuelve a situar en el centro de las críticas. Y con razón. Es cierto que el tribunal no podía en ningún caso dictar prisión incondicional, al no pedirla ninguna de las partes, pero que a Iñaki Urdangarin no le señalen ni un céntimo de fianza y pueda vivir tranquilamente en Suiza disponiendo de escolta policial, que pagamos todos, es un auténtico despropósito.

Magistrados y fiscales deberían explicar cuál es la vara de medir para dictar prisión preventiva sin que la sentencia sea firme. El día de San Valentín vimos como otros acusados condenados por un stand en Fitur están entre rejas por su riesgo de fuga, cuando también cumplían a rajatabla con una de las condiciones que han sido eximentes para el marido de la Infanta: «En ningún momento, han tratado de eludir la acción de la Justicia y han comparecido a cada uno de los llamamientos». A Urdangarin ni siquiera han tenido el alarde de quitarle el pasaporte, demostrando que la Justicia tiene apellidos que entronca con la realeza.

Que hayan tenido la deferencia de no meter en prisión a Diego Torres, es sólo para que el agravio comparativo no sea aun mayor. ¿Qué ocurrirá ahora con Blesa y Rato condenados a la cárcel por idear el entramado de las tarjetas «black»? Ellos fueron «conscientes» del fraude, perjudicando a Caja Madrid en su beneficio propio, ¿pero acaso no hizo lo mismo Urdangarin con su ONG «sin ánimo de lucro» cuando ya vivía a cuerpo de rey?

Urge definitivamente que «la Justicia sea igual para todos» o como bien afirmo Berlanga: «Todos a la cárcel».