«Nunca. No hay nada. Nunca se firmó. Nunca se contrató nada. No se puede demostrar lo que no existe. Se puede acreditar la verdad», explicaba Pedro Antonio Sánchez, presidente de Murcia nada más conocer que el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional le atribuye tres delitos de corrupción.
Para entender el auto, hay que hojear el informe de la Guardia Civil que lo sustenta, donde se afirma que «los supuestos trabajos reputacionales serían sufragados indiciariamente con fondos públicos bajo el concepto de “formación”», recogiendo frases tan significativas como «Alejandro le dio el informe y el Pedro Antonio ese no da señales de vida» o «le he mandado tres mensajes al Pedro Antonio éste, tanta prisa y tanta hostia».
Finalmente, el entonces Consejero de Educación tuvo una reunión en Madrid en octubre de 2014 con la agencia de Alejandro de Pedro, imputada en Púnica, que tenía como premisa sacarle «el contrato a Pedro Antonio, que lo necesitamos como el agua». Tras el encuentro se envió una «Hoja de Pedido Servicios» a la Consejería, donde se describía la estrategia a seguir para posicionarlo, sin que figure el número de cliente ni contrato ni firma, solo que el representante de ventas es Alejandro de Pedro.
«Estuvieron durante más de un año insistiendo con sus ofertas para trabajar para la Consejería de Educación, pero nunca se acordó nada, porque no existía el más mínimo interés», resaltan desde el PP de Murcia, recordando que existen «hasta doce certificados oficiales que acreditan que ni siquiera se inició ningún expediente».
En el auto de Velasco se menciona que esos trabajos de reputación on line, «no se llegaron a cobrar al explotar la operación policial y judicial de esta llamada “Operación Púnica”, a finales de octubre de 2014, que lo abortó». Entonces, ¿existe el cohecho en grado de tentativa? ¿Juzgamos delitos probados o también en forma de «hoja de pedido» ni ejecutada ni pagada con fondos públicos? A este paso todos tendremos algún motivo para pertenecer a una organización criminal.
En Murcia, para no ir más lejos, y con el mismo juez de este auto, existen pruebas en el caso Acuamed que acreditan que las empresas adjudicatarias de la desaladora de Águilas incluyeron el importe de 1.115.000 euros en facturas de publicidad a favor del «Programa Agua» como impuesto revolucionario durante el Gobierno de Zapatero, ¿por qué no se investiga? No estamos hablando de un total de 32.200 euros que son por los que se le acusa al presidente murciano, sino más de un millón de euros señalados en un caso que todavía está en instrucción.
Como resalta un dirigente del PP, «es la Inquisición, como te acusen de bruja vas a la hoguera sin más explicaciones, ahora es que te llamen corrupto. Y, curiosamente, justo cuando se convoca mañana el Congreso Regional del Partido Popular, para dejarlo fuera».
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