Desde hoy, aunque también debería haber sido desde ayer, al menos en cuanto a normativa (y a la conciencia de todos), la accesibilidad será de obligado cumplimiento tanto en edificios públicos, los primeros que deben dar ejemplo, y privados, esto es, las comunidades de propietarios, donde residen más del 85% de los ciudadanos.
¿Quién no se ha roto un brazo alguna vez?, ¿y sufrido algún episodio de simple mareo o ceguera en su vida? Yo sí. Cuando te ocurre sueles estar en tu zona de confort, normalmente tu hogar, y te reconforta, pero no te alivia, posiblemente porque tu vivienda no está preparada para hacer más fácil tu vida en ese momento.
Esta mañana leía un tuit de Eva Nasarre, quien puso a más de uno y una en forma en televisión, donde expresaba que “Las barreras físicas hoy son mi problema, mañana será el tuyo”. Cierto. Según la Federación Empresarial Española de Ascensores (FEEDA), todavía existen cinco millones de edificios con problemas de accesibilidad en España.
Siempre queremos pensar en el futuro en clave de éxito pero poco, o nada, nos detenemos a analizar cómo será nuestra vida más allá de la movilidad. Y un hogar empieza de puertas adentro de la comunidad de vecinos. Es así. Y desde el portal hasta el acceso a la vivienda todavía existen muchas barreras que salvar; arquitectónicas, pero también, no está de más decirlo, sociales.
Cuando los vecinos plantean instalar un ascensor, un salvaescaleras o simplemente una rampa, son muchas las veces que surge una voz discordante que expresa su malestar y pregunta con aplomo “¿Para qué?”. A partir de hoy, 4 de diciembre, esa voz se mostrará con menos fuerza. En todas las comunidades de propietarios.
La propia Administración con su procedimiento de concesión de licencias de obras para la supresión de barreras arquitectónicas, ha frenado el desarrollo del RD 1/2013, que obliga a que todos los edificios sean accesibles. El tiempo medio de retraso se estima en más de 12 meses cuando hablamos de la instalación de un ascensor en Madrid capital. Son datos del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. La cosa cambia en otros municipios de la región, aunque igualmente preocupa.
Sin ir más lejos, sirva este ejemplo. Una comunidad de propietarios de 10 viviendas del distrito de Hortaleza (Madrid) ha decidido acometer las obras para la instalación de un aparato elevador, en las que se ha tenido que demoler la escalera del edificio. Ejecución que asciende a casi 136.000 euros, siendo el coste medio por piso de 13.586 euros. ¿Cuánto suponen los impuestos en esta obra? Que nadie se sorprenda. La tasa de prestación de servicios urbanísticos ha costado 1.100 euros; el impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO), 4.460 (si algún propietario pudiera aportar certificado de discapacidad se podría optar por una subvención del 9’%); y la ocupación de la vía pública, 400 euros. El resto se lo llevan los costes técnicos y la obra en sí.
¿Soluciones para afrontar este tipo de gastos? Sin duda, hay muchas, pero tienen que partir de las Administraciones: desde incentivar más estas obras vía subvenciones, fondos o reducción de presión fiscal hasta llegar a convenios con entidades financieras que financien a interés bajo la supresión de barreras arquitectónicas. Todos estamos en el mismo barco.
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