Un final para el mayor expolio contemporáneo: La Flota de 1715 en Florida

Una de las mayores tragedias marítimas de todos los tiempos supuso el 31 de julio de 1715 el hundimiento de casi la totalidad de una flota de indias  (nueve buques estrellados contra arrecifes y rocas y otros dos tragados por el oleaje según Fernández Duro) por un huracán único cerca de las costas de Florida.

A comienzos del año 2010, llamó poderosamente la atención la noticia de que nada menos que la Flota española de la Plata de 1715 había sido vendida…

Efectivamente, los herederos del cazatesoros Mel Fisher habían vendido “los derechos” sobre los pecios localizados de los buques hundidos de aquella flota, a una empresa ajena a la arqueología y sin experiencia en este ámbito, 1715 Fleet-Queens Jewels LLC. Ninguna institución del Estado de Florida ni del Reino de España expresó ningún obstáculo, ni siquiera verificó las garantías, en orden a la solvencia arqueológica de “esa gente” a efectos de salvaguardar el interés público relativo a esos yacimientos.

La compraventa de los derechos sobre los yacimientos consistió en una de las operaciones contractuales más absurdas, entre saqueadores, de la historia y, desde luego, definitorias de la obsesión discriminatoria del legado hispánico entre algunos sectores de los Estados Unidos.

Para España se trataba de un escándalo amordazado en medio del caso Odyssey y que había que acallar como fuese, no por necesidades legales (de hecho el silencio mantenido hasta ahora, años después del cierre del asunto Odyssey, lo demuestra) sino de evitar crear una política de Estado integral y efectiva que diera una solución definitiva al problema legal en Estados Unidos del legado sumergido hispánico.

Se trataba nada menos que la expoliación legal de once pecios de buques de Estado españoles del siglo XVIII.  El caso nació en agosto de 1979, de hecho fueron varios casos en los que el Reino de España se abstuvo de intervenir. Gracias a esto, los cazatesoros consiguieron la mayor parte de sus propósitos que coordinaron con los intereses del Estado de Florida a través de un acuerdo con sus autoridades en junio de 1983, aunque siempre sobre la base de la sentencia de los Juzgados norteamericanos. Sin embargo, y como veremos, el hecho novedoso y formidable de la venta de los derechos de expoliación de los Fisher sobre una Flota de indias entera suponía a el momento perfecto para haber intervenido y procedido a frenar el saqueo. Precisamente mientras el Gobierno norteamericano respaldaba el principio de la inmunidad soberana para los buques de guerra históricos españoles. Pero nada se hizo, entonces.

El Reino de España podía haber intervenido de varias formas: en el procedimiento judicial que supervisa el saqueo en la Corte de Distrito del Distrito Sur de Florida; ante el Departamento de Estado y la Navy (que respaldaban la posición española) y desde luego haber aprovechado el cambio subjetivo en el permiso relativo a “treasure salvage activities” que se acordó el 24 de agosto de 2010. A partir de ese día las autoridades españolas dispusieron de un plazo de 14 días para haber pedido intervenir ante las autoridades del Estado de Florida (Sección 120.57 de los Estatutos de Florida).

La explotación comercial y saqueo de la Flota de 1715, una docena de buques de guerra españoles en aguas territoriales norteamericanas, adyacentes al Estado de Florida, viola la legalidad internacional y amenaza la virtualidad del principio de inmunidad soberana. Este es un principio que los Estados Unidos y el Reino de España comparten y que ha servido para frenar a los cazatasoros en dos asuntos judiciales.

La continuidad discreta de este saqueo, desgraciadamente era un ejemplo del verdadero alcance real del modelo de defensa del patrimonio que se estaba aplicando: preservar hasta su agotamiento ese “don silencieux” a los cazatesoros y evitarse problemas. Porque no tienen mejor argumento, ni retórica los cazatesoros que el silencio de las autoridades de Florida y españolas.

Otra oportunidad perdida: EXPIRACION DE LOS PERMISOS DE LOS CAZATESOROS EL 20 DE MAYO DE 2012.

Efectivamente, la sucesión por parte de 1715 Fleet Queens Jewels SLL al permiso que disfrutaba la familia Fisher terminaba el 20 de mayo de 2012 (!) . Pero tampoco entonces nadie hizo nada, nadie dijo nada. Nadie hizo nada.

Sabemos que el Reino de España mantuvo contactos con las autoridades de Florida –y no precisamente para parar el cazatesorismo- con la habitual transparencia que se encuentra en el Mar de los Sargazos. Así, mientras la sociedad civil tenía que enterarse por sus propios medios o no enterarse en absoluto (lo que se buscaba), el trasunto de la comedia exigía, además, mantener a la Armada ajena de ningún papel de proteger el patrimonio, incluso de emplear sus privilegiados contactos con la Navy, con quien –precisamente- mantiene la mejor sintonía en la protección de este patrimonio.

El Estado de Florida participa en el expolio

No obstante, este negocio además de silencio, necesita y percibe del Estado de Florida un nivel de colaboración directa que se remunera.  De esta forma las administraciones de Florida hacen que el Estado sea socio y cómplice  de una de las actividades más sórdidas en relación al patrimonio histórico de la humanidad. Se queda con un 20% del botín sin que ninguna metodología arqueológica, digna de ese nombre, le sea exigida a la empresa cazatesoros y a sus “secuaces” o socios en el expolio.

La prueba documental de esta colaboración estaba inédita hasta ahora y aquí la brindo a nuestros lectores.

Esto representa la parte del Estado de la campaña de 2013.

En ningún caso el Estado de Florida exige ninguna garantía arqueológica, en la metodología de los cazatesoros. Sólo está interesado en su porcentaje de objetos.

La dimensión del problema

Cada año, se declaran supuestamente extraídos de los doce yacimientos vinculados con la Flota de 1715. En el año 2013 se trabajaron 292 días sobre los yacimientos con una decena de barcos. El millar de objetos extraidos en 2013 da idea de la intensidad del trabajo de los cazatesoros y la ausencia de ningún protocolo arqueológico que los retenga. No hay lugar para la ciencia y el conocimiento en estas actividades. La explotación de los buques de guerra de la Armada de la flota de 1715 se hace con menos garantías que la de una explotación minera.

Por primera vez se publica el listado de una actividad anual de la empresa que queda adjuntado a este artículo.

Con este listado (de un solo año) puede entenderse el inmenso nivel de explotación de que han sido objeto, por años, los yacimientos y la pérdida irreparable de toda información que han sufrido.

Asimismo, merece mención la nula labor de la Corte de Distrito que se contenta con sancionar lo que la empresa cazatesoros y el Estado de Florida, de la mano, le cuentan anualmente, sin exigir ninguna verificación de que se respeta algún criterio arqueológico al respecto. La ausencia de control puede ser una oportunidad para el fraude y para el lavado de otros expolios que podrían ser canalizados -para su lavado- a través de su atribución arbitraria a estos pecios. Pero nadie va a comprobarlo.

Cierto sentido del contexto y  de la enorme dimensión de la destrucción cazatesoros en Florida hace de este fenómeno un caso único de aniquilamiento que hace difícil su comparación contemporánea. Porque es muy difícil encontrar procesos exhaustivos de destrucción de un completo registro histórico como el que se acomete en Florida.

Conclusión

El enormemente costoso caso Odyssey no ha tenido las consecuencias que deberían haber detenido en seco los expolios en Florida. Un problema de enfoque estratégico y que se ha buscado, en la euforia de la victoria, un efecto narcótico, adormecedor de la conciencia social, un falso triunfalismo que oculte el problema y que nos está haciendo perder tiempo en diseñar una política de Estado entorno a la defensa del patrimonio sumergido hispánico.

A todo esto se suma que seguimos observando con asombro e incertidumbre la discriminación de que es objeto la huella subacuática de la presencia española en Estados Unidos, especialmente en Florida.

Y es que cabe subrayar que algunos de los más famosos asuntos judiciales instados por los cazatesoros y que abrieron la puerta a la expoliación industrial legal, siguen vivos y su proceso impune y ni siquiera revisado. Como si de auténticas minas de la historia se tratara, las empresas cazatesoros siguen extrayendo de esos pecios año tras año su extraordinario contenido, arrancándolo a su contexto y destruyendo la correspondiente información, sin ni siquiera una garantía judicial de la auténtica localización de los objetos que en sede judicial se atribuyen anualmente a cada pecio concreto.

Hace unos días, una afanosa familia de cazatesoros, los Schmitt, al servicio de 1715 Fleet- Queens Jewels volvia a llenar los medios con sus depredaciones. Pocos medios se distinguieron cuestionando la actividad de estos cazatesoros, pocos miembros del ámbito académico, pocos funcionarios o políticos. Hace unos años (2008) ya informé desde este medio de la catástrofe que suponía la tutela de los Estados, especialmente Florida, sobre el legado histórico en sus aguas adyacentes y de la necesidad de afrontar este problema específico, sin embargo nada se emprendió:

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-03-03-2008/abc/Cultura/espa%C3%B1a-se-enfrenta-con-desidia-juridica-a-la-mayor-crisis-arqueologica-de-su-historia_1641691812146.html

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-04-03-2008/abc/Cultura/eeuu-tambien-permite-el-expolio-de-pecios-con-solo-un-permiso-administrativo_1641694688688.html).

Es tiempo también de que la propia sociedad civil norteamericana tenga mayor papel en la preservación de este legado común, es un país con el que mayormente compartimos valores fundamentales entorno a la cultura y a la preservación del patrimonio. Hace unos días, el Museo Marítimo de San Diego en California, botaba una réplica de El San Salvador el primer buque europeo que recorrió las costas californianas nada menos que en 1542. En su construcción intervinieron 500 voluntarios y reportará a San Diego muchos miles de turistas y un punto de reencuentro con un legado común  http://www.yachtingjournal.com/news/maritime-museum-christens-salvador-bs65zp

Un claro ejemplo para Florida. Un ejemplo para todos: de colaboración entre sociedad civil e instituciones culturales, de protagonismo de la cultura, de opciones de desarrollo regional basadas en el conocimiento y la ciencia y de respeto por un legado común. Algo que evidentemente necesitamos también en nuestro país.

La catástrofe de la flota de 1715 es un testimonio que merecía la pena de ser conocido, excavado y estudiado científicamente. El hundimiento por un huracán de esta flota afectó enormemente a España y probablemente decidió a Felipe V aplicar finalmente el Decreto de Nueva Planta a Cataluña buscando nuevos recursos económicos. Esa medida, tan controvertida en su alcance, sigue surgiendo en el debate político español incluso en nuestros días.