Lo peor que puede ocurrir con un yacimiento arqueológico es que alguien destruya la información que guarda. En el caso de los yacimientos submarinos la pérdida es mayor puesto que cada pecio es una cápsula de tiempo. Todo esta ahí, en situación estable, bajo las aguas y el fango, como un libro cerrado esperando que alguien lo abra y lea lo que tiene que decirnos sobre la época en la que navegó. En el caso de los galeones, el riesgo de pérdidas de información valiosa, única, se ha demostrado mucho mayor por la “explotación minera” que sufren los pecios, en los que los desaprensivos cazatesoros quieren primordialmente extraer oro y joyas. Ellos revientan el libro porque no les importa leerlo, ni quieren saber del relato, porque es contrario a sus prejuicios acuñados en la leyenda negra y les habla de sociedades mestizas y profundas complejidades culturales que configuraron nuestro presente. ¿Y qué pasa entonces con el valor histórico, cuál es el valor histórico que perdemos cada vez que un cazatesoros barre el fondo a toda prisa en busca de monedas? Es imposible saber todo lo que se ha perdido en los miles de barcos expoliados hasta el momento.
Dediquémosle a este interrogante un minuto. Un ejemplo bastará, y nada tiene que ver con oro ni con lingotes, sino con unos humildes y antiquísimos trozos de madera.
En la Iliada, el relato de tan solo dos semanas de la guerra de Troya (ca. 1300-1100 a. C.), la epopeya que más impacto ha causado en la historia, Homero hace una única mención a la escritura, en el discurso de Glauco, cuando hablan de una tablilla en la que se escribieron unos signos asesinos en los que se encargaba el asesinato de su portador, que era incapaz de leerlos. (La versión de Homero es del siglo VIII a. C., pero un episodio similar es utilizado por Shakespeare en Hamlet: cuando el príncipe es enviado a Inglaterra con una carta que es su sentencia de muerte, escoltado por Rosencrantz y Guildenstern, que serán ejecutados en su lugar después de que Hamlet manipule la misiva). Volvamos a Troya.
Seguramente la tablilla referida por Homero estaría escrita en lineal B micénico o en escritura cuneiforme hitita, según afirma Caroline Alexander en su maravilloso libro “La guerra que mató a aquiles”. Pero ninguna tablilla de esa época, con esas características de portabilidad, se había conservado en el registro histórico. Todo eran hipótesis hasta que en 1984 apareció un pecio de la Edad de Bronce, en la costa de Turquía: el pecio Uluburun, excavado por el “padre” de la arqueología subacuática, George Bass. En el curso de las campañas de excavación arqueológica, que duró hasta 1994, aparecieron los restos de una tablilla idéntica a la mencionada por Homero. Gracias al cuidado del método científico aplicado a un yacimiento sumergido entre 44 y 60 metros, ahora sabemos exactamente qué aspecto tenía la que cita la epopeya troyana.
El barco fue construido con maderas datadas en 1400 a. de C. pero transportaba leña talada posteriormente, cerca de 1300 a. C, por tanto la cápsula de tiempo nos abrió una ventana a los contemporáneos de la Guerra de Troya. El cargamento del barco era el ejemplo de la complejidad cultural del momento: objetos micénicos chipriotas, cananeos, egipcios, asirios… Si solo se hubieran buscado los lingotes de cobre y estaño, su carga principal para las aleaciones que configuraron la vida en aquella edad, todo lo demás se habría perdido. Esa es la destrucción a la que se somete al registro histórico sumergido de origen hispánico y que a las autoridades iberoamericanas hasta ahora no les ha parecido suficiente como para activar medidas de alcance.
Volvamos al presente, al caso de Panamá. Los más prestigiosos arqueólogos comentan estos días su preocupación y su indignación por lo que está ocurriendo con el galeón San José. En vísperas de la Cumbre de las Américas todo parece indicar que el Gobierno panameño busca lentamente la manera de corregir los términos del intolerable trato de sus antecesores con la empresa cazatesoros que ya ha extraído piezas metálicas y las ha puesto a la venta. Sin inspecciones, sin método científico, utilizando el “prop-wash” destructivo que elimina del fondo todo resto no metálico, la empresa IMDI lleva trabajando con un contrato firmado desde 2003. Antes de abandonar el poder, las anteriores Autoridades repartieron lo extraído con los cazatesoros según los términos del contrato: 65% para la empresa, 35% para el Gobierno.
¿Permanecerán los Estados firmantes de la Convención Unesco 2001 insensibles al volatín legal contra este texto (y contra la Constitución panameña) cometido con respecto al galeón San José por determinados miembros de la Administración Martinelli en el país del Canal, como Sandra Cerrud Vergara? Tal vez es tiempo de que algunas cancillerías muestren su preocupación por lo sucedido. La Convención es un contrato entre 51 países para preservar el registro histórico sumergido y Panamá lo ha incumplido gravemente. ¿Qué está pasando entonces, que al resto de firmantes les da igual?
Habrá un precio político y de imagen para el país por un asunto como este, que mezcla venta y desafección de bienes patrimoniales, destrozos en un yacimiento histórico, tratos con cazatesoros y pérdida de información valiosa para reconstruir la aventura de un buque tan importante. El subdirector de Cultura de Unesco, Alfredo Pérez de Armiñán, ha escrito una carta a la ministra panameña de exteriores en la que se conmina a cumplir sus compromisos internacionales y se denuncia la preocupación causada por el contrato con IMDI. El secretario de Estado de Cultura español, José María Lassalle, ha escrito otra misiva en la que ofrece asesoramiento y cooperación científica para estudiar el San José apropiadamente, con ciencia y conciencia, por ser un patrimonio que habla de un pasado que compartimos. Aún no ha habido respuesta a las misivas. Y ese silencio es pésimo.
Otros países firmantes deberían hacer lo mismo, para que Panamá tenga un reflejo institucional de la preocupación y la indignación que ese trato lesivo para el patrimonio han causado. Los actuales responsables culturales panameños, Mariana Núñez y Whilhelm Franqueza estudian cómo adoptar medidas correctoras sin sumergirse (nunca mejor dicho) en un infierno judicial por romper un contrato, aunque fuentes jurídicas consultadas por Espejo de Navegantes en España y Panamá aseguran que el contrato con IMDI es nulo por muchos motivos. No es un momento para insensibilidad política, ni en las instituciones ni en la sociedad civil. La insensibilidad es un precio demasiado alto en plena Cumbre de las Américas, porque: ¿Con qué credibilidad hablarán de un futuro autoridades que no protegen el pasado compartido?
Las alertas de Unesco y la comunidad científica supone un segundo naufragio para el galeón, abandonado a su suerte en manos de quienes no muestran el respeto exigible por la historia de todos a ambos lados del Atlántico.
Varias cosas preocupan: los responsables culturales de la actual Administración Varela, Mariana Núñez y Whilhelm Franqueza parecen seguir adelante con una exposición planeada para fin de año de los despojos extraídos del pecio del San José, una muestra para la que la empresa adjudicataria IMDI, tiene previsto aportar 35.000 dólares y supone un respaldo voluntario a sus actividades y al contrato, a pesar de todo. Además es difícil saber qué medidas adoptarán para anular la resolución emitida por Sandra Cerrud Vergara (136-13) y si están en disposición de asegurar las inspecciones debidas de las actividades de IMDI, así como la inspección y posible cierre cautelar de sus laboratorios en Isla Contadora, en donde permanece parte de las piezas rescatadas, hasta que se resuelva el conflicto. Solo faltaría que, a falta de funcionarios con la debida preparación hubiera sido IMDI la que buscase expertos para unas inspecciones a medida para que la manipulación de la legalidad fuese perfecta.
Además, mientras tanto ya se han llevado a cabo varias temporadas de extracción por el pequeño barco Blue Water Rose, aunque para la campaña de este año -que está previsto que comience en mayo con el fin de cumplir el plazo dado por la resolución (28 de agosto)- y para terminar de extraer a toda prisa lo que queda, o lo que se pueda, antes de que el conflicto llegue a más, y según algunas informaciones sin confirmar, se espera la llegada de una nueva nave, bastante mayor, de 20 metros y mayor capacidad: Tal vez pueda ser el Sea Reaper III, que actualmente en la terminal portuaria de Manzanillo (Colón).
En Unesco, la preocupación que muestra su carta, citada por Mónica Guardia en “La Estrella de Panamá”, se ha extendido a su labor diplomática. El organismo internacional ha intercambiado impresiones con los representantes panameños, delegación encabezada por el embajador Flavio Méndez, en una docena de ocasiones desde que comenzó este conflicto. Pero la diplomacia no avanza. Solo las denuncias de la sociedad civil panameña e iberoamericana han puesto el asunto en los medios de comunicación.
Lo más importante ahora es que las autoridades tomen las medidas necesarias para que nada más se excave antes de comprobar la idoneidad y legalidad de toda esta maraña. La prisa por excavar es uno, si no el más evidente, de los “marcadores tumorales” de los cazatesoros cuando llegan cerca de un pecio. Ahora lo único que deben evitar las autoridades, tal es su responsabilidad, es que haya más pérdida de información. Fuentes consultadas a ambos lados del Atlántico aseguran que hay diversos movimientos en la comunidad científica internacional para alzar la voz contra lo que ha sucedido y está sucediendo en Panamá. Esperemos que lleguen a tiempo y que las autoridades que van a asistir a la Cumbre de las Américas no permitan que la vergüenza y el expolio sucedan a los pies de tan altas instancias. Impidámoslo haciendo oír la voz de la ciencia, el respeto al patrimonio y el sentido común.
En el caso de Estados Unidos, país que convive con la contradicción de tener la mejor arqueología subacuática del mundo y ser el refugio de la industria más destructiva de la Historia, a la que no pocas veces se impulsa desde las embajadas porque es una “industria nacional”, es difícil que en esa Cumbre de las Américas se ejerza presión ninguna en este aspecto. Curiosamente, a diferencia de lo ocurrido en EE.UU. pero dentro del mundo anglosajón, donde las empresas cazatesoros buscan respetabilidad y contratos, Gran Bretaña ha marcado un ejemplo a seguir. Una vez más, la sociedad civil se impone. Tras las denuncias de muchas asociaciones de arqueólogos, se ha dado un gran paso por parte de Peter Yorke y el The Joint Nautical Archaeology Policy Committee, que han frenado en seco a Odyssey en su proyecto de excavar el HMS Victory.
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