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El San José: consideraciones acerca de una operación escandalosa

El San José: consideraciones acerca de una operación escandalosa
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Por  Manuel Martín-Bueno.

Catedrático de Arqueología, Universidad de Zaragoza

Desde hace varios decenios, especialmente en los últimos veinte años y en los últimos a ritmo de vértigo, se han ido sucediendo noticias relacionadas con un buque español, el consabido “galeón” español, el San José, hundido en aguas (ahora lo sabemos con precisión) de la costa de Colombia.

El San José es uno de esos buques rodeados del hálito de la fantasía y el misterio por las circunstancias trágicas, como tantos otros, de su hundimiento en combate contra fuerzas superiores, buques de guerra de pabellón británico y por el rico cargamento que transportaba.

Desde los años ochenta conocemos de primera mano por conversaciones con diversos agentes y por noticias mas o menos públicas, la búsqueda de dicho naufragio para recuperar su cargamento, por parte de equipos pertenecientes a compañías comerciales, los conocidos “cazadores de tesoros” conscientes de la importancia de dicho naufragio y de los réditos económicos que podría reportar a quienes tuvieran la fortuna de su localización y posterior recuperación.

En aquellos momentos, años ochenta, se comenzaban a tratar estos temas en el seno de organismos como el Consejo de Europa que creo una comisión ad hoc para legislar sobre este patrimonio, por la ONU, Ley del Mar, posteriormente ICOMOS y finalmente UNESCO con su Convención de diciembre del 2001 que comenzó a poner freno a las actividades cada vez mas agresivas de los cazatesoros, conscientes de que la cuenta atrás para su desaparición como expoliadores había comenzado.

En la actualidad hay una creciente corriente de opinión hacia la preservación del patrimonio sumergido, a la recuperación ordenada del mismo, en los casos en que sea posible por medio de proyectos científicos, los únicos permisibles a la luz de la Convención que en todo caso impide la explotación comercial de dicho patrimonio.

Poco a poco, con bastantes reticencias por intereses y circunstancias particulares, numerosos países se han sumado a la Convención y la aplican, otros respetan sus principios pero todavía no han firmado ni ratificado y otros seguramente nunca lo harán por intereses todavía menos razonables y con desprecio absoluto por el patrimonio subacuático.

El caso del San José es paradigmático y motivo de grave escándalo ante las noticias que se suceden. Ya desde los años ochenta hubo que conozcamos tentativas de llegar a acuerdos con los sucesivos gobiernos de Colombia para extraer su cargamento, antes todavía de haberlo localizado. Se sucedieron una tras otra varias compañías interesadas en su recuperación. Desde el país americano se respondía con evasivas, con negociaciones sotto voce pero con una voluntad política inequívoca de su explotación comercial cuando se localizase. El momento ha llegado y hace algún tiempo el Presidente de aquel País, que no ha suscrito la Convención UNESCO, con la promulgación de una oportuna normativa legal nacional decidió, en contra del criterio de científicos acreditados de muchos países, incluso el suyo, que había llegado el momento de ponerse a la tarea de la recuperación pilotada por su propio gobierno, pero con la concurrencia de compañías de rescate, que fuera de toda praxis arqueológica y respeto por el patrimonio, comenzarán su recuperación en unas condiciones que no pueden por menos que escandalizar a cualquier bien pensante que tenga respeto por el patrimonio sumergido, sin entrar todavía en consideraciones de donde se encuentra y quién o quienes puede pertenecer en función de los derechos que se esgriman.

Desde el punto de vista estrictamente arqueológico, emprender un proyecto que en ningún caso puede denominarse de investigación, a la profundidad en que se encuentra, a gran profundidad, es un completo dislate que invalida por si mismo cualquier operación del género ya que es imposible acceder salvo con medios destructivos (que es los que pretenden emplear) a un pecio como el San José, en busca de su preciado cargamento ya que no se pretende otra cosa y poco importa todo aquello que define un proyecto arqueológico de acuerdo con la metodología ya experimentada y aprobada por la comunidad científica.

La pretensión de acceder, recuperar y extraer en tiempo récord del cargamento ya que en ningún momento se habla del casco del buque que por otra parte es imposible de recuperar en el caso de que fuera interesante, que no lo es, tal operación. Es decir, tras la extracción, suponemos que con el expeditivo sistema de dragas trabajando a gran profundidad, se condena al casco a la destrucción, se pierde irremisiblemente el contexto y se pierde una cantidad muy alta de materiales que además se destrozarán en su extracción e izado a superficie.

El procedimiento de pago a la empresa contratada mediante objetos, el botín comercialmente válido del cargamento es una atrocidad de dimensiones cósmicas- Se determina por la legislación ad hoc de Colombia, que hasta el 80 % de los objetos pueden ser comerciables, bien individualmente, en lotes o fundidos en el caso de lingotes, monedas, etc., con el criterio desproporcionado y directamente recusable, establecido hace años por el cazatesoros (nunca arqueólogo) Robert Marx, que desde los años sesenta en que hizo su servicio militar en la Base de los EEUU en Rota (España) viene proponiendo que los “objetos repetidos” v pueden ser prescindibles a los efectos patrimoniales. Una aberración mas que ahora parecen recuperar quienes optan por este nuevo “saqueo legal”.

Al margen de otras consideraciones, España, país directamente interesado por ser el San José buque de nuestro pabellón, en cuyo hundimiento perecieron 600 hombres, no parece tener nada que decir al respecto porque no se ha pronunciado salvo tímidas opiniones que no se han conocido. El origen cultural, el pabellón, el hecho de que en aquel momento surcaba aguas de la Corona de España, nada parece contar en este momento y ello nos irrita hasta límites muy altos. Según la Convención UNESCO (no firmada ni ratificada por Colombia de manera deliberada), España debería haber sido consultada para que pueda ejercer sus derechos si los tiene directamente por el lugar en que se haya el pecio. España debe hacer valer sus derechos y ser oída por el origen cultural del buque y por la vinculación histórica del mismo. Origen en un territorio ultramarino de la Corona y destino (no alcanzado) en un puerto español metropolitano. Lo contrario, lo que se está haciendo hasta ahora es totalmente censurable, en primer lugar para quién se atribuye derechos exclusivos sobre el San José, en segundo lugar para quienes por inacción no toman las medidas suficientes para ser oídos y reclamar nuestros derechos, en tercer lugar a los cómplices necesarios, la o las compañías de rescate que participen en el atropello a la Historia, al Patrimonio Cultural Subacuático y al propio sentido común.

Demasiados años han transcurrido, desde los ochenta del siglo pasado, para llegar a esta situación que avergüenza y escandaliza a la opinión científica internacional, pero parece que a pocos mas.

Prof. Manuel Martín-Bueno.

Catedrático de Arqueología, Universidad de Zaragoza

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